Tenemos ley

Ya se promulgó la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, en donde la primera innovación es el singular que se aplica para designar a la organización para la defensa de la República. No se trata de normas para el Ejército y la Armada, como fue por largo tiempo designada la legislación castrense. Ni tampoco para las Fuerzas Armadas que regulaba la administración de cuatro poderes militares autónomos enmarcados en el gobierno de la nación. Es la institucionalización del pueblo en armas, visualizada desde 1810 en el primer documento que orientó el esfuerzo de la nación para su defensa y la del país. Una orientación que se perdió en el torbellino de nuestras guerras civiles, que marcaron el esfuerzo de impulsar la unión nacional, y en la integración del Estado, dentro del pensamiento de la modernidad, dominado por el industrialismo capitalista. Se abandona aquí, la idea de unas corporaciones especializadas para la defensa del modo de vida que impongan los sectores más poderosos de la sociedad. De modo que es una ley programa que marca el rumbo para la institucionalización de la función de defensa de una nación, con su cultura, con vocación de persistencia. Será una organización, que por su estructura, les garantizará a los venezolanos las libertades civiles y políticas, donde las diferentes concepciones del mundo y de la vida tendrán un espacio para el debate político pacífico. La incorporación de todos al aparato militar del Estado, impide la violencia conspirativa de las partes, presente a lo largo del siglo XX. Es la garantía de la vigencia plena de la democracia participativa. El modo de vida que se está imponiendo como consecuencia de las transformaciones que experimenta la tecnología en la actualidad. Es una ley para el futuro y no para el pasado.

Por ello es una ley marco, relacionada estrictamente con el problema de la seguridad estratégica del Estado. Los fines y objetivos del conjunto y de sus partes están señalados en términos concretos, correspondientes al léxico militar. Ello es lo constante, al menos mientras persistan las tendencias históricas dominantes actuales, tanto en el país como en la tierra. Lo variable, esta relacionado con las circunstancias de tiempo y lugar. Cuestiones atinentes a lo administrativo y a lo operacional, serán problemas que regularan las leyes ordinarias, los reglamentos, directivas y manuales. Se diferencia así lo esencial, relativo a la trascendencia de la nación establecida en el pacto constitucional, de lo práctico, vinculado al manejo cotidiano de los problemas que nos presenta en cada momento y en cada lugar la conducta de la realidad concreta. Más aun, diferencia los problemas estratégicos, de naturaleza operacional, que son asuntos del Estado, de aquellos de carácter político-administrativo, que son materia del gobierno. Para ello establece dos cadenas de mando diversificadas, pero interdependientes: la una, operacional, responsable de la planificación y ejecución de las acciones de seguridad estratégica; la otra, a cargo del diseño y aplicación de las políticas públicas que garantizaran la funcionalidad del aparato de defensa. El punto de convergencia es el Presidente de la República. En el primer caso, como Jefe del Estado, asesorado por el Concejo de Defensa de la Nación. En el segundo, en su condición del Jefe del Gobierno, en el marco del Concejo de Ministros.

Esta ley no es el producto de un conciliábulo que se reunió para ajustar las normas a los intereses de grupos internos o externo a la institución. Como ocurrió en todas las reformas que se le hicieron a la ley original de 1936. Ella es el resultado de un largo debate, que enfrentó las posiciones conservadoras con las innovativas, que se escenificó por más de 50 años, no sólo dentro de las fuerzas armadas, sino en el marco de la vida nacional e, incluso en la internacional. Los conceptos y categorías que en ella se incluyen fueron analizados profundamente en las instituciones académicas militares y civiles. No obstante, las fuerzas conservadoras dominantes a lo largo del siglo XX, mantuvieron esa odiosa distinción entre civiles y militares, que convertía a los últimos en ciudadanos castrados, mientras estimulaban las rivalidades entre las corporaciones militares, dentro del principio de “divide y vencerás”, para poner a su servicio como fuerza pretoriana, la institución de defensa de todos. La correlación actual de fuerzas permitió el cambio, ya intentado, autoritariamente, en la década de los 50, sin el debate debido que asegurara la participación de todos. Valió la pena la espera de más de medio siglo para lograr un proyecto de fuerza armada, con posibilidades de garantizarle a nuestra nación un puesto en el concierto de pueblos cuyas interacciones marcan el futuro del género humano.


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Alberto Müller Rojas


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