La Democracia y una nueva doctrina militar

Base de operaciones

Venezuela no se ha “jodido”

El año de 1992 escribí un ensayo titulado << NO ESTAMOS “JODIDOS”>>. Era una colaboración para un libro coordinado por Ruth Capriles Méndez, que sería editado ese mismo año por el Consorcio de Ediciones Capriles bajo el título de <>. Era esta una obra en la cual su tónica se inclinaba a considerar como un hecho la quiebra de la nación y el país, cuando en realidad lo que ocurría era el derrumbe, más bien el desvanecimiento de un régimen de gobierno. Como lo indica el nombre de mi trabajo, este iba contracorriente. Sostenía que el Estado venezolano y, por consiguiente la nación y el país, no se estaban destruyendo, aun cuando admitía que la inestabilidad política y social que se experimentaba, productora de una sensación de angustia en la mayoría de la población, generaba una situación innovativa que constituía un riesgo para la supervivencia de la comunidad política y social. Ciertamente, sustentaba la hipótesis de que Venezuela no es lo que actualmente se considera como un “Estado fallido” – como es el caso de Colombia – donde subsiste la guerra civil que le impide el ejercicio de la soberanía y la convierte en una amenaza a la seguridad colectiva. Y, razonaba esa afirmación indicando que esa situación era la consecuencia de la transformación de una etnia mestiza – los pardos – dividida en cacicazgos, en una nación con un poder de acción que le garantizaba una relativa autonomía en el contexto internacional. Un hecho atribuible a la conformación de una clase-estado que gracias a la actividad petrolera, generadora de excedentes financieros para impulsar un desarrollo, y a la institucionalización del aparato militar, que garantizó el monopolio de la fuerza en el Estado, se pudo unificar esa sociedad fraccionada en una comunidad relativamente armónica.
Sin embargo admitía que esa sensación de ansiedad que se advertía era el producto de una frustración. No correspondían los resultados alcanzados, expresados en una sociedad y un país duales, con las expectativas generales. Por una parte existía un ambiente social donde convivían dos segmentos, cada vez más diferenciados: uno sobreviviendo en una economía de subsistencia, otro, desarrollándose en una economía de acumulación. Por otra, un amplio espacio deprimido económicamente rodeando unos enclaves de prosperidad. Y las disparidades en ambos casos tendían a convertirse en brechas que amenazaban hacia el retorno de la confrontación civil. A lo que denominé la “colombianización” de Venezuela. No se había logrado la estabilidad deseada producto de un supuesto consenso social y político planteado como fin de la gestión pública. Y en ese contexto, responsabilizando, y a la vez exculpando al conjunto, atribuí ese fracaso a la falta de aprendizaje para adquirir habilidades y destrezas para participar en el juego político interno e internacional, sustentado esencialmente en el poder. No usamos inteligentemente nuestros instrumentos para la acción: nuestro potencial económico derivado básicamente del petróleo y, nuestras posibilidades de asegurar el control del espacio y sus recursos, especialmente los hidrocarburos, dentro de las posibilidades que ofrecía un aparato de defensa institucionalizado.
El fracaso de la Pax Americana
No es el caso aquí considerar el tratamiento que se le dio a la materia petrolera, particularmente después de la nacionalización de la industria en 1976. Nuestro interés en esta ocasión, por la relevancia adquirida por el tema de la reestructuración del aparato de defensa, es la cuestión de la nueva doctrina militar. Sin dudas es cuestionable, a la luz de los acontecimientos actuales, la capacidad de nuestra fuerza armada para garantizarle la seguridad estratégica al Estado. En realidad la carencia de autonomía desde los puntos de vista físico y psicológico hacen de nuestra estructura para la defensa más una organización de policía militarizada, con aptitudes para el control del orden y la seguridad públicos, especialmente en los espacios fronterizos, que un instrumento para garantizarle la soberanía al Estado. Una idea que no ha estado referida en la modernidad al dominio territorial, sino a la defensa de los intereses nacionales en la arena internacional. De hecho, en la década de los 60 se rompió la tradición militar que impulsaba un desarrollo castrense en la medida de nuestros potenciales y de nuestras necesidades reales. La confianza en una “Pax Americana” nos llevó a una creciente dependencia tecnológica e ideológica de los EEUU, enfrascándonos en conflictos que no eran nuestros y castrando nuestras posibilidades de un desarrollo propio de nuestras aptitudes militares para garantizar la seguridad estratégica del Estado. Una condición necesaria y suficiente para avalar la estabilidad política y económica que se buscaba con el logro del consenso. Ciertamente nuestras fuerzas armadas formaron parte del poder militar vencedor en la guerra fría, pero han estado a punto de perder el Estado, que es su razón de ser, ante la posibilidad, todavía no definitivamente superada de le emergencia de la guerra civil.
Positivamente el poder norteamericano no fue capaz de garantizar la paz en el hemisferio. Proliferaron las guerras civiles alimentadas por las superpotencias que se disputaban la hegemonía en el sistema internacional, hasta que finalmente colapsó el llamado sistema interamericano, con la guerra del Atlántico Sur entre Argentina e Inglaterra. Quedaba demostrado así, como sigue siendo ahora, que los intereses de nuestro gran vecino del norte estaban en otra parte distinta al espacio ocupado por las naciones indoamericanas. Un hecho no sólo reflejado por estas circunstancias estratégicas, sino por las propias de la economía. Ámbito en el cual nuestra participación a escala global descendió abruptamente incrementando los niveles de pobreza y ahondando las brechas sociales. Estaba claro para muchos profesionales militares y académicos, no sólo venezolanos sino de todo el mundo indoamericano, que era una necesidad para obtener un desarrollo sustentable la revisión del pensamiento y la acción militar en los estados de la región. Una conducta que no solamente estimulaba el estado de indefensión presente frente a las presiones externas contrarias a los intereses nacionales, sino groseras intervenciones políticas de los componentes militares nacionales, siguiendo doctrinas foráneas, que distorsionaban la naturaleza democrática de los sistemas políticos para convertirlos de hecho en autenticas tiranías sostenidas por la represión extrajudicial del disenso. Se empezó a hablar de la idea del establecimiento de una gran zona de paz hemisférica – hoy consagrada en la Constitución vigente y adoptada por la Comunidad de Naciones Sudamericanas en su II Cumbre Presidencial – como mecanismo para la estabilización de la vida de estas repúblicas. Una noción que excluye la presencia de fuerzas extranjeras en el área con fines políticos en la arena internacional e, incluye el desarrollo de fuerzas de defensa que la hagan efectiva.
Un nuevo pensamiento militar indicaría nuestra voluntad democrática
Hoy, cuando esta necesidad es casi un imperativo categórico, pareciese que el actual régimen tiene la voluntad de retomar el camino perdido en la década de los 60. Ciertamente, se impone una reestructuración de nuestro aparato de defensa para garantizarle a los venezolanos el derecho a la paz, como condición indispensable para el logro de su ascenso en el ámbito humano. Una reingeniería que abandone tanto los conceptos de las guerras de 3ª generación, sustentados en el poder de fuego, la movilidad táctica y estratégica y, la acción de choque, como la idea del enemigo interno, para asumir las nociones que se desarrollaron durante la guerra fría y constituyen las llamadas confrontaciones de 4ª generación. Un tipo de guerra totalmente asimétrica ya que oponen dos elementos que no tienen nada en común: por un lado potencias tecnológicamente muy desarrolladas, por otro, actores políticos que se enfrentan a diversos símbolos de naturaleza ideológica con medios cuantitativa y cualitativamente inferiores. Es un tipo de confrontación que corresponde a la revolución de la información, que oscila entre el uso expreso de la fuerza y la acción psicológica, ya que pretende una movilización masiva en un antagonismo integral contra el supuesto enemigo que abarca los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de una nación, con el objeto de alcanzar el sistema mental – su código etnocultural – y organizativo del adversario. Se trata de un problema complejo en el cual el actual gobierno no sólo esta poniendo a prueba su capacidad, sino también su naturaleza democrática.


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Alberto Müller Rojas


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