No se puede dejar de insistir en el problema de las relaciones bilaterales colombo-venezolana. El tratamiento público de esta cuestión no puede limitarse a los despliegues informativos de los medios cuando ocurren incidentes que las afectan. La intensidad de los intercambios es tan alta, que la interdependencia entre los dos países casi nos convierte en un espacio integrado. Sólo las diferencias políticas nos separan. Y son ellas las generadoras de la desconfianza mutua. Al menos de la existente entre las elites de poder de ambas sociedades. Y es que todo lo relacionado con la interacción mutua está empaquetado dentro de un conjunto cuya forma la define la política. De allí la preeminencia de la acción estratégica, con el énfasis en el poder, sobre la acción comunicacional desarrollada en el marco de la racionalidad. Por ello hay que cambiar el empaquetado del conjunto, colocando lo social – cuya problemática es común – como elemento formal que defina las relaciones bilaterales. Un hecho que supone el desplazamiento en las prioridades de la agenda binacional del tema de la seguridad. No porque no sea grave y urgente, sino porque allí es donde existe la mayor ambigüedad.
Positivamente, en esa cuestión se han fusionado, por razones políticas muchas veces extrañas a las motivaciones propias de los actores internos, e incluso perjudiciales a ellos, dos problemas diferentes: el de la seguridad estratégica de los respectivos estados y, el de la seguridad y orden público. El asunto de la soberanía, independencia y libertad de ambas naciones, con la salvaguarda de la integridad de las personas y sus propiedades y el mantenimiento de las relaciones armoniosas entre los distintos estratos de la sociedad. Al mezclar temas como el contrabando – incluyendo él de drogas alucinógenas y los insumos para su producción – el tráfico ilegal de personas, los secuestros, robos y homicidios, que corresponden a los ámbitos jurisdiccionales y policiales, con el fin político-estratégico de descalificar, perseguir o intimidar a grupos disidentes, o simplemente opuestos a las políticas en desarrollo, con los que corresponden a ataques armados contra objetivos militares o de carácter estratégico – como es el caso de la última emboscada en el Arauca – se está impidiendo las posibilidades de cooperación en este terreno. No existirían graves inconvenientes para lograr una acción combinada jurídico-policial en lo que respecta al control del delito. Es una actividad de interés social común. Donde ha habido y hay serias dificultades, por la diferente orientación ideológica – no de ahora, sino histórica – de las políticas públicas de ambos estados, incluyendo las relacionadas con su alineamiento en el ámbito internacional, es el terreno de la seguridad estratégica. Un problema, militar en su esencia, que tendría que definirse por la determinación de las amenazas percibidas en cada sociedad para sus propios fines ligados al poder, la prosperidad y el prestigio que son las motivaciones fundamentales que orientan la acción internacional de los estados. Un planteamiento serio de la política exterior venezolana hacia Colombia, en la actual coyuntura, debería buscar clarificar esta situación ambigua que dificulta la estabilización de las relaciones binacionales, al impedir la determinación de intereses comunes que privilegien la cooperación sobre el conflicto. Así se estaría haciendo una contribución significativa al orden y la paz mundial y a las aspiraciones de integración indoamericana.
