23 de agosto 2009. - La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, a tono con otros poderes del Estado, se pronunció en contra de la restitución de Manuel Zelaya a la presidencia, al dictaminar sobre la propuesta del Acta de San José del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, mediador del conflicto.
"En relación al retorno del ciudadano José Manuel Zelaya Rosales a la presidencia de la República, hasta la conclusión de su período gubernamental, el 27 de enero del 2010, debe tenerse en cuenta que (...) existen acciones penales presentadas por la Fiscalía General de la República", anota el escrito de la CSJ la noche del sábado al domingo.
Por ello, "no puede eludirse que (Zelaya) tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal", señala el texto titulado "Opinión sobre el Documento de propuesta de Convenio de San José".
Zelaya está acusado "de los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones", recuerda la Corte en su escrito.
El texto también se hace eco del Ejecutivo respecto a que en Honduras ha habido "una sucesión constitucional", en contra de la opinión internacional y de Zelaya, que sostiene que hubo un golpe de Estado.
Arias -nombrado mediador- presentó una propuesta de solución al conflicto hondureño generado por el Golpe de Estado contra Zelaya el 28 de junio por parte de militares que atendieron órdenes de los tribunales.
El gobierno de facto de Roberto Micheletti rechazó de plano la restitución de Zelaya, pero además adujo que algunos de los puntos de la misma competían a otros órganos del Estado. Así, el poder Ejecutivo solicitó a la CSJ que se pronunciara sobre ese aspecto de la propuesta.
La propuesta presentada el 23 de julio por Arias a las dos partes del conflicto de Honduras establece "la integración y legítima conformación de los poderes constituidos al 28 de junio de 2009". Esto implica que Zelaya regrese a la presidencia y Micheletti retorne a la jefatura del Congreso, que ocupaba anteriormente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cerró el viernes una visita a Honduras destinada a evaluar las denuncias de abusos contra los seguidores de Zelaya tras el golpe.
De acuerdo al informe preliminar, "la Comisión confirmó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía".
