El Comandante Presidente Chávez en su afán de construir un partido verdaderamente revolucionario y socialista, consecuente con el Bolivarianismo, cuyos propósitos están condensados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la única Constitución en toda nuestra historia aprobada directamente por el pueblo soberano; ha planteado a la militancia del Psuv que los probables candidatos del partido deben comprometerse ante el pueblo que los va a elegir, a dar cumplimiento al Programa que actualmente discuten y elaboran las bases de esta novel organización partidaria. Lo hace, consciente que la militancia y, en general, el pueblo organizado, le hará seguimiento al Gobernante electo o electa en las planchas revolucionarias, y le exigirá el cumplimiento fiel de lo propuesto en el Programa, en otras palabras, se hará realidad la Contraloría Social de la gestión gubernamental.

La Constitución Bolivariana prevé como un DERECHO de los electores y electoras (Art. 66), el que sus gobernantes les rindan cuentas, pública y periódicamente, sobre su gestión al frente de los cargos de elección popular, lo cual se convierte en un DEBER para el o la gobernante, el dar cumplimiento a este acto; de no hacerlo evidentemente que se convertiría su actuación en un desacato a la voluntad popular y, por ende, ese funcionario estaría bajo sospecha popular. No por casualidad, la Exposición de Motivos de nuestra Constitución, aclara el por qué de este Derecho Político, leamos: “...Como una respuesta a la demandas de los venezolanos ante las graves desviaciones del sistema político y a la corrupción desmedida, se incluye la prohibición de optar a cargos de elección popular a aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos cometidos durante el tiempo en que ejercieron las funciones públicas, así como otros delitos que afecten el patrimonio público...”, hasta aquí, se da respuesta a Leopoldo López, Antonio Ledesma, Enrique Mendoza y a otros delincuentes de cuello blanco, sancionados por la Contraloría General de la República, pero este es otro tema, volviendo a la Exposición de Motivos, ésta nos devuelve al tema, explicitando más adelante que: “...En el mismo contexto de la anterior disposición, se consagra el derecho al control por parte del pueblo de los representantes electos, el cual abarca la rendición de cuentas públicas, transparentes y periódicas. Tal derecho obliga al representante a cumplir a cabalidad con el programa de gobierno presentado al electorado, así como a mantener una comunicación permanente con el pueblo que lo eligió...”, valga decir, la Constitución enlaza el tema de la Rendición de Cuentas a la lucha contra la corrupción, en otras palabras el revolucionario que no rinda cuentas a su pueblo que lo eligió es tan igual a Leopoldo López o Enrique Mendoza, y se aleja de un lineamiento fundamental de esta revolución trazado por el Comandante Presidente Chávez, cito: “Trabajar junto al pueblo, debe ser un Principio en todo revolucionario”.

La Constitución prevé que todos los funcionarios electos por la voluntad popular deben rendir cuentas en los lapsos previstos en la misma y las Leyes de la República: los Diputados y Diputadas (Art. 197), el Presidente de la República (Art. 237), Ministros y Ministras (Art. 244), los integrantes del Consejo Moral Republicano (Art. 276), curiosamente la Constitución no menciona a la Presidenta o Presidenta del TSJ y del CNE, situación que estimamos debe ser corregida en el futuro inmediato. Es así que en marzo, ya nos hemos acostumbrados los venezolanos y venezolanas a ver y oír el informe del ciudadano Presidente Chávez, en cadena nacional quien se extiende en un infirme de varias horas exponiendo los logros del Gobierno Revolucionario en el año precedente, después los Ministros y Ministras hacen entrega de sus Informes de Gestión a la Asamblea Nacional y el Vicepresidente expone de manera resumida los logros del Gabinete Ministerial, mientras los Diputados y Diputados se dirigen a sus circunscripciones a exponerle a sus electores y electoras sus logros en materia legislativa, lo mismo hacen Gobernadores y Gobernadoras, Alcaldes y Alcaldesas. Todos, menos uno, el Alcalde de Ocumare del Tuy, Estado Miranda, José Gregorio Arvelo, quien ha dejado pasar el primer trimestre del año (lapso previsto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Art. 38), más el mes de abril, y ha solicitado a la Cámara Municipal una prórroga de treinta días más para darle cumplimiento a la Ley, y a su cumplimiento con el pueblo. Qué intenta tapar?, quién sabe?, la sospecha pesa sobre él...

Esta situación obliga a los batallones socialistas a ser más cuidadosos con este tipo de gobernante irresponsable, al momento que decida hacer la presentación de su informe de gestión allí debe hacerse notar la presencia de los revolucionarios y revolucionarias de Ocumare del Tuy, y cada palabra expresada por este burgomaestre debe constatarse en la realidad, cada obra que diga ejecutó se debe ir al sitio y verificar si está ejecutada y constatar su estado físico, en otras palabras que no le vayan a meter gato por liebre al pueblo de Ocumare, ésta debe ser la misión del partido revolucionario ante gobernantes irresponsables electos con las siglas del Psuv, como le decía Bolívar al General Carabaño: “Los hombres de luces y honrados son los que debieran fijar la opinión pública. El talento sin probidad es un azote. Los intrigantes corrompen los pueblos, desprestigiando la autoridad...”

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