De nuevo nos preparamos para enfrentar la recta final de este año electoral. Los partidos políticos afinan los últimos pasos que determinarán quienes serán electos el 26 de noviembre en gobernaciones y alcaldías. Visto de manera simple no habrá mucha diferencia en cuanto a la forma de llevar adelante la campaña electoral. La inquina, la intriga, las campañas mediáticas, las acusaciones infundadas y muchas otras situaciones surgirán en la medida que nos acerquemos a la fecha de las elecciones. La oposición venezolana respetuosa de la democracia y del estado de derecho – recordemos su intervención en el golpe de estado del 2002, el paro petrolero, las guarimbas - aligera sus estrategias para intentar alzarse con algunas gobernaciones y alcaldías. Llama la atención la actitud asumida por la derecha venezolana cuando se realizaron las elecciones internas del PSUV; el proceso eleccionario interno fue criticado pues lo consideraron ilegal y manipulado. Sin embargo, observamos que en las filas de la oposición existe una resistencia enorme a la realización de comicios internos para seleccionar a sus candidatos. Su espíritu democrático llega hasta el momento en que se tocan intereses personales. El poder corroe, enferma, enloquece, predispone a los candidatos de la oposición; su actuación recuerda la conseja popular que refiere lo que ocurre en un saco de gatos. Produce vergüenza la posición adoptada por muchos partidos políticos; mientras critican al PSUV por hacer elecciones, ellos se dedican a financiar candidatos que no creen en la democracia, que pretenden llegar al poder por imposiciones de las cúpulas y representarán a sus partidarios después de ser seleccionados por encuestas.
El tema de las inhabilitaciones también ronda la campaña electoral. Las sanciones administrativas dictadas por la Contraloría General de la República y que pretenden acabar con la impunidad que han gozado quienes ejercen cargos públicos y se enriquecen a costa del erario nacional, no ha gustado a los políticos de oficio. El Contralor General Clodosbaldo Russian fue atacado y vilipendiado simplemente por hacer cumplir la ley. No dudamos que entre los cuatrocientos funcionarios públicos inhabilitados haya quienes tienen aspiraciones políticas o hacen diligencias para continuar ejerciendo el poder; es indubitable que esos sujetos no respetan la ley y poco les importa si la condena moral llega a aplicarse; para ellos es prioritario acceder de nuevo a gobernaciones y alcaldías y así continuar robando y estafando al estado venezolano. Jugar con una doble moral es parte de la campaña mediática trazada por la oposición. El discurso ético que impulsa forma parte de la hipocresía política que siempre han manejado. Por una parte acusan al gobierno de corrupto pero cuando se sanciona alguno de sus adeptos usan como excusa la persecución política para justificar las acciones de éstos; viven pidiendo investigaciones acerca del destino dado a los recursos nacionales pero cuando se les impele a demostrar el uso que le dan al dinero que manejan en sus alcaldías, comienzan a lloriquear y a llamar al gobierno dictador. Acaso creen que engañan al pueblo venezolano. Esperaremos la llegada de noviembre.
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