En este artículo me expreso como un simple venezolano con conocimientos mínimos del derecho, como cualquier ciudadano, como un simple lego, pero también como militante del PSUV. He escuchado hasta la saciedad en los medios de comunicaciones las interpretaciones y el análisis legal para justificar la inconstitucionalidad de las inhabilitaciones decididas por el Contralor General de la Nación para optar a cargos de libre elección a algunos funcionarios públicos que incurrieron en faltas graves (robo y malversación de fondos públicos). En cualquier otro país de este planeta la pena que le hubiesen impuesto sería estar presos o fusilados; y aquí solo se impuso esa simple sanción que se denomina administrativa, a cualquier ciudadano no venezolano le ocasionaría jocosidad esto.

Ahora bien, los eruditos del derecho venezolano que constantemente nos están tratando de convencernos de que la jocosa sanción del Contralor es injusta, ilegal e inconstitucional, nos dan a entender que en este país es el verdadero país de la libertad, puesto que se pueden cometer delitos sin ningún tipo de penalidad, tal es el caso de estos funcionarios ladrones. Y en este mismo orden de ideas estos eruditos nos quieren enseñar que existe una gran ley que se llama la constitución y otras leyes menores y son estas las que habitualmente rigen la vida cotidiana, y cuando surgen controversias o se quiere aplicar esa gran libertad de la que hablé atrás (impunidad), se apela a lo que ellos llaman el Derecho Constitucional que generalmente ellos lo sustentan en aspectos comparativos y analogías; tal es el caso de los inhabilitados por el Contralor que ellos alegan que se les están violando sus derechos constitucionales. Yo también lo comparo con hechos que suceden a diario en nuestra vida republicana como por ejemplo: los funcionarios públicos que ameritan su destitución por haber cometidos faltas y son sancionados por las leyes respectivas con despidos de sus cargos, ellos también podrían recurrir al argumento de que se le están violando su derecho constitucional al trabajo. Igualmente los ciudadanos que son detenidos en flagrancia por cometer un asesinato y sometidos a prisión, los eruditos del derecho pueden alegar que se le están violando sus derechos constitucionales al libre transito y solicitar su libertad.

Se nos quieren tratar a los venezolanos como estúpidos e ignorantes, ya que estas supuestas mentes lúcidas quieren hacernos entender lo ilegal de estas sanciones y suplican la impunidad de estos ladrones. Lo triste del caso, según Mario Silva en su programa televisivo de La Hojilla, que algunos dirigentes del PSUV se han manifestado a favor de suprimir esta escuálida sanción en aras de esa supuesta libertad.

En los tiempos de la Cuarta República; Piñerua Ordaz, sobresaliente personaje de esa época, denominaba estas acciones vulnerantes a la inteligencia y de la legalidad como “recursos abogadiles”, que eran prácticas comunes y habituales de los hombres y de las instituciones cuartarepublicanos.

La historia condenará a esa abominación si se llegase a dictar una sentencia favorable a los ladrones.

No volverán.

Patria, Socialismo o Muerte: Venceremos





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