Ante los Estados Unidos: serenidad, firmeza y contramedidas

Ante la decisión de las Cámaras de Representante y del Senado de los Estados Unidos de aprobar la internacionalmente írrita e inválida “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela de 2014”, no puede caber otra conducta que la respuesta firme pero serena del gobierno y el pueblo bolivariano que entienden esta nueva acción injerencista, agresiva y provocadora del Congreso de los Estados Unidos, como un nuevo intento de influir en el curso indetenible del proceso revolucionario de Soberanía, Democracia y Justicia Social que vive Venezuela con el ejemplo imperecedero del Comandante Hugo Chávez Frías y el liderazgo del presidente obrero, el camarada Nicolás Maduro Moros.

Desde el punto de vista político, esta ley interna de los Estados Unidos que espera la segura firma del presidente Barack Obama para su entrada en vigor, tiene un alto significado porque es la primera vez el Congreso de los Estados Unidos trasciende los acuerdos de Cámaras, declaraciones no vinculantes y contenidos puntuales en algunas áreas del presupuesto nacional, a una ley que, por su obligatoriedad ante el gobierno estadounidense, crea las bases jurídicas para el diseño y ejecución de una estrategia dirigida a intervenir “legítimamente” en los asuntos internos de Venezuela, incluso, con el uso de la fuerza.

Sin duda, en lo jurídico, se trata de una ley írrita e inválida y, en consecuencia, sin efecto alguno, desde el punto de vista del Derecho Internacional y del Derecho interno venezolano, por cuanto ni el Congreso de los Estados Unidos de América ni ningún Congreso o gobierno de otro país ni tampoco ningún organismo internacional, incluso la Organización de Naciones Unidas, pueden acordar normas positivas que puedan ser aplicadas o tener consecuencias en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, sin mediar un instrumento bilateral o multilateral entre Estados o en relación con algún organismo internacional, previo cumplimiento del procedimiento constitucional correspondiente.

No menos preocupante es la postura de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América y las Cortes y Jueces Federales de los Estados Unidos cuyas decisiones legitiman la política intervencionistas contra Estados y gobiernos internacionalmente reconocidos, quienes podrían utilizar este ley de amplísimo contenido temática, para declarase competente para conocer causas civiles, mercantiles y penales cuyos hechos y Partes se encuentran ubicados dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela y, derivado de ello, podrían tomar decisiones de embargo, incautación y remate de bienes públicos y privados ubicados dentro y fuera de los Estados Unidos de América y lo que parece ser su propósito más inmediato, intentar detener y someter a juicio, a ciudadanos y ciudadanas venezolanas que no han cometido delitos dentro de los Estados Unidos de América ni contra ciudadanos y ciudadanas de esa nacionalidad; produciendo un estado fáctico de usurpación de soberanía del Estado Venezolano que pretende desconocer su propia existencia como representación de la Nación.

Conforme a lo anterior, estamos asistiendo a un escalamiento grave y amenazante de la estrategia del gobierno de los Estados Unidos dirigida a derrocar el gobierno constitucional y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela pero que, sin embargo, no debe sorprender ni llevar al liderazgo bolivariano y sus fuerzas políticas sociales aliadas, a reaccionar con estridencias verbales, altisonancias discursivas y acciones precipitadas porque, hoy más que nunca, la serenidad y firmeza frente al enemigo son las bases de la preparación política de nuestro pueblo y las instituciones del Estado Venezolana para dar las nuevas Batallas en defensa de nuestra Soberanía e Independencia Nacional.

Algunas medidas, sin embargo deberían ser consideradas para enfrentar los efectos de esta nueva ley imperial, que trasciendan los comunicados de dignidad y firmeza que ya han sido emitidos por el gobierno bolivariano de Venezuela, entre las cuales se pueden mencionar la redacción y aprobación en la Asamblea Nacional, de un proyecto de ley dirigido a desconocer ésta ley por írrita e inválida y las decisiones que el gobierno, el Congreso y los órganos de Justicia de los Estados Unidos pudieran tomar teniendo como base esta norma, así como la protección de personas físicas y jurídicas venezolanas y de terceros países con intereses en Venezuela, que pudieran ser objeto de acciones y decisiones de órganos de los Estados Unidos

En el mismo instrumento; resulta imprescindible declarar expresamente ilícita y, en consecuencia, totalmente prohibida y objeto de la investigación y severa sanción disciplinaria, administrativa y penal del Estado, toda acción u omisión de persona física o jurídica, sean partidos o ONG’s, relacionada directa o indirectamente con los programas dirigidos, promovidos o financiados por el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de América través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID ( por sus siglas en inglés), o cualquiera otra que tenga como propósito operar en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela con tales fines.

De la misma manera, sin pretender causar alarmas inconvenientes y confiandos en la capacidad de comprensión y lucha del pueblo bolivariano, debe difundirse y explicarse suficientemente este adefesio legal, con el propósito de educar, organizar y movilizar al pueblo venezolano hacia la construcción de un amplio Frente de Defensa de la Nación, más allí del Gran Polo Patriótico, que agrupe a los patriotas, demócratas y a los revolucionarios y revolucionarias en defensa de la Nación Venezolana, hoy amenazada por el imperio estadounidense.

Una decisión no debería tomarse tomarse: el rompimiento de relaciones diplomáticas y servicios consulares porque aún en estas condiciones y en otras más graves, los canales de comunicación son importantes y porque muchos de nuestros amigos de América Latina y el Caribe – que mantienen relaciones con los Estados Unidos – le sería difícil manejar ese nivel de tensión y confrontación. La experiencia cubana lo demuestra.



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Yoel Pérez Marcano


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