Venezuela ha vuelto a sufrir el embate de torrenciales lluvias. La combinación de ondas tropicales y la Zona de Convergencia Intertropical ha desatado inundaciones, deslaves y cortes de servicios en al menos cinco estados, especialmente en los Andes. La respuesta oficial, limitada al despliegue militar y asistencialismo, no oculta la desidia estatal y una política gubernamental que desguaza toda la infraestructura pública y sin ningún tipo de inversión de prevención de tragedias.
Las lluvias azotan nuevamente con crónicas de tragedias anunciadas debido a la ausencia completa del desarrollo de obras de infraestructura que impidan los desbordes de los ríos en zonas densamente pobladas o próximas a ellas. Los ríos se han desbordado y han arrasado carreteras, puentes. Lo más trágico se está viviendo en estos momentos en la región andina. Desde el 24 de junio las ondas tropicales 8 y 9 provocaron lluvias que produjeron severas inundaciones y deslizamientos, especialmente en Táchira, Mérida y Trujillo. Aunque las consecuencias de las lluvias también se han hecho sentir en Apure, Barinas y Portuguesa.
Al 26 de junio, 9 de 12 municipios de Mérida se vieron afectados, con 273 familias damnificadas; en Trujillo, 4 municipios registran daños graves. En Mérida hubo 25 puentes colapsados y 8.456 familias aisladas, según el balance de la Fuerza de Tarea. En Apure, más de 640 familias indígenas han sido afectadas. Se han registrado colapsos viales como en la troncal 7 interrumpida en Boconó por deslaves, cierre de paso Barinas–Mérida por caída masiva de rocas. Servicios esenciales como electricidad y agua fueron interrumpidos en varios estados.
En Boconó, la peligrosa crecida del río Burate junto a lodo y rocas en troncal 7 aisló varias comunidades, pese a la supuesta "zona bajo control" por Protección Civil. En los páramos de Mérida (Santos Marquina, Tabay, La Mucuy), quebradas desbordaron, ríos Chama y Burate se salieron de cauce, arrastrando caminos, postes y viviendas. En Niquitao (Trujillo), se cayó una torre eléctrica y el acueducto sufrió daños en su dique, aunque funcionarios locales afirmaron que "se restableció", la infraestructura sigue en ruinas. En Altagracia Barinas, la vía que conecta con Mérida está taponada por rocas y barro, dejando incomunicadas a decenas de comunidades agrícolas, según reportes oficiales.
Recién el 26 de junio Maduro implementó lo que llama el plan "Andes 2025" en Mérida, Trujillo, Barinas y Táchira, con participación de la FANB y gobiernos regionales, como siempre bajo la extrema militarización.
Lo que está ocurriendo en el occidente del país no puede verse como un accidente climático y no se puede atribuir tan fácilmente las consecuencias desastrosas para la población a los meros y exclusivos fenómenos de la naturaleza, cuando se sabe de antemano que por vaguadas o torrenciales lluvias se está expuesto a este tipo de tragedias.
Con tantas tragedias el gobierno naturaliza estos hechos trágicos, como si la naturaleza fuera la culpable de tanta miseria y precariedad, faltas de inversiones en infraestructura, de trabajos de ingeniería urbana, vial, acueductos, canales o diques de contención, ausencia de planes urbanos de construcción de viviendas, sistemas de alerta temprana como instrumento para monitorear los eventos físico-naturales, o el encauzamiento de los ríos sobre todo los de zonas urbanas o próximos.
A la política de ajustes económicos por parte del gobierno que conlleva a reducir presupuestos para la infraestructura del país, como lo es también para la salud y la educación, hay que destacar la descomunal corrupción que ha desangrado al país, y a lo que hay que sumar las sanciones imperialistas que han venido a agobiar la ya grave situación económica siendo que más la padecen es el pueblo trabajador y las grandes mayorías populares. Por eso ante estas tragedias lo más expuestos son los grandes sectores desfavorecidos.
Para que cada situación de fuertes temporales o desbordes de ríos no se transforme en una tragedia social es necesario que se hagan las obras de contención, hídricas, hidráulicas y de infraestructura como las que se señalan más arriba, estudio necesarios frente al problema, dar respuesta a las miles de familias en situación de emergencia habitacional y desarrollar verdaderos planes de contingencia social. Para que esto suceda hay recursos que pueden salir de cobrar impuestos a las grandes fortunas y las grandes empresas, y aumentar los presupuestos para todo un plan de obras públicas, entre otras medidas. Medidas solo podrán ser impuestas con la movilización y lucha de los sectores populares.
Todo esto como parte de un plan de emergencia económico y social, un plan obrero y popular, que abarque toda la situación de conjunto es que será posible dar respuesta a la situación imperante, y evitar incluso que desastres de origen natural vengan a aumentar la tragedia que se vive.
La solidaridad con todas las familias afectadas en estos momentos resulta fundamental.