Honduras: suspenden garantías constitucionales en 162 barrios y colonias de tres municipios

Efectivos militares se apersonan en los barrios de Honduras

Efectivos militares se apersonan en los barrios de Honduras

6 de diciembre de 2022.- Este martes a partir de las 6:00 de la tarde entra en vigencia el estado de excepción en 162 barrios y colonias de tres municipios, que albergan las ciudades más importantes de Honduras, como una medida gubernamental para combatir la extorsión y delitos conexos, reseña una nota de prensa de Criterio.hn

Emulando a Nayib Bukele en El Salvador, la presidenta Xiomara Castro decidió aplicar la medida en 89 barrios y colonias de la capital de Honduras, conformada por los municipios de Tegucigalpa y Comayagüela, así como 73 más en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte del país.

La medida fue aplicada mediante el PCM 29-2022 y suspende las garantías constitucionales relativas a la inviolabilidad a la libertad personal, la libre movilización, libertad de asociación y reunión, así como la inviolabilidad del domicilio, entre otros, del martes 6 de diciembre de 2022 al viernes 6 de enero de 2023.

Si bien, analistas concuerdan en que hay una necesidad de poner un alto a la escalada en violencia y extorsión a manos de bandas organizadas, la medida de suspender las garantías constitucionales, especialmente dirigidas a colonias de ingresos bajos y medios bajos, muestra una medida que criminaliza la pobreza e ignora a los cabecillas del crimen organizado, quienes viven en colonias de ingresos altos.

ESTADO DE EXCEPCIÓN CRIMINALIZA A LOS POBRES

La defensora de derechos humanos y cantautora, Karla Lara, en entrevista con Criterio.hn, señaló que el “decreto es criminalización de la pobreza” y “persecución a la clase trabajadora”.

“¿Cómo puede un gobierno nombrarse socialista democrático, y pensar otra vez en las armas, los controles, la prohibición de los derechos de la población en términos de la libertad, de su derecho a movilizarse, como la forma en contrarrestar un mal que está provocado precisamente por la misma policía y el ejercito? Porque es un secreto a voces, que ellos son los que controlan precisamente toda la maquinaria de la extorsión, toda la maquinaria del crimen organizado. No están combatiendo nada porque ellos son quienes controlan precisamente eso”, apuntó la defensora y cantautora hondureña.

Sostuvo, además, que “la persecución de las maras en El Salvador es persecución de la juventud empobrecida. Perder nuestras garantías, nos hace entrar a un estado de indefensión que además, nos coloca otra vez en el imaginario de lo que vivimos durante la narcodictadura”.

Lara realizó un llamado a la ciudadanía que frente a los escenarios que se viven en países centroamericanos, como Nicaragua y El Salvador, no opten por el silencio. “Esta va a ser una primera medida de una cosa que se va a ir prolongando. Sino reaccionamos ahorita, vamos a ir perdiendo conquistas, vamos a ir perdiendo espacios, vamos a ir perdiendo libertades conquistadas”, advirtió.

Por su parte, la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia, exigió al gobierno respetar los derechos humanos y no criminalizar la pobreza, “ya que los cabecillas del crimen organizado son de cuello blanco”. Apuntó, también que ha sido durante estados de excepción que se cometen crímenes que siguen en la impunidad, como el caso de la joven estudiante de enfermería, Keyla Martínez, asesinada mientras permanecía en custodia de la policía.

La coordinadora del Grupo Sociedad Civil, Jessica Sánchez, expresó que la medida de suspensión de garantías es extrema, y no garantiza que pondrá un alto a la extorsión, puesto que este flagelo no se da unicamente en los 162 barrios y colonias donde se impone estado de excepción, sino que también ocurre en barrios y colonias de altos ingresos o acomodados.

Sánchez apuntó que sí, hay que combatir la extorsión y delincuencia organizada, pero la suspensión de garantías, sin una adecuada gestión y vigilancia, puede tener impactos en materia de violación de derechos humanos, en los que se termine criminalizando a las personas más pobres y necesitadas.

La defensora de derechos humanos manifestó que la medida “esta dirigida siempre a controlar y perseguir a las personas más pobres y necesitadas de Honduras, sin perjuicio que se pudieron haber tomado otras medidas para garantizar la seguridad de las personas que no tenga que ver con la suspensión de garantías constitucionales”.


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