09-11-25.-A partir de esta medianoche, cerca de 250.000 venezolanos en Estados Unidos pierden la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), lo que los deja vulnerables a la deportación. La medida representa un duro revés para miles de migrantes que optan por mantenerse en la sombra antes que regresar a Venezuela.

“No podemos regresarnos a Venezuela, allá ya no queda nada para nosotros, prefiero quedarme en la clandestinidad”, declaró a la agencia EFE Oriana, una inmigrante venezolana de 38 años que pidió mantener en reserva su apellido.

Madre de una adolescente de 15 años, Oriana relató que vivió en Florida durante más de cinco años, pero decidió mudarse recientemente a otro estado tras conocerse la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al beneficio migratorio otorgado a los venezolanos por la administración anterior.

El TPS otorga a los beneficiarios protección contra la deportación y un permiso de trabajo, derechos que la mujer perderá desde este viernes. “Dejé de usar ese permiso, me estoy adaptando a mi nueva realidad”, expresó.

La venezolana evitó revelar su nuevo lugar de residencia o su forma de sustento tras la pérdida de su autorización laboral. Asegura que desconectará su número telefónico y comenzará “una nueva vida” en la clandestinidad, pero dentro del territorio estadounidense.

“Aún hay esperanza”
Pese al fin del programa, Oriana intenta mantener la fe. “Soy consciente de que con el TPS tuvimos un privilegio frente a otros inmigrantes como los colombianos o mexicanos, pero de ellos aprendí que no hay que perder las esperanzas y que hay que aguantar hasta donde más se pueda”, afirmó.

Esa determinación es valorada por José Palma, coordinador de la Alianza TPS, coalición que lidera una demanda contra el Gobierno de Trump para impedir la cancelación del amparo. “La lucha sigue en las cortes, no se ha dado la última decisión”, advirtió el activista.

La acción judicial busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados: los aproximadamente 250.000 a quienes se les vence el TPS este viernes, y los 350.000 beneficiarios de la extensión aprobada en 2023, que quedaron sin cobertura desde el mes pasado, cuando el Tribunal Supremo permitió a la Casa Blanca avanzar con su plan mientras continúa la disputa legal en instancias inferiores.

El caso se encuentra actualmente en el Noveno Circuito de Apelaciones, donde un panel escuchará los argumentos de ambas partes. La apelación fue interpuesta por el Gobierno de Trump tras un fallo de un juez federal que determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “excedió su autoridad legal al terminar con el amparo y que su decisión era arbitraria y caprichosa”.

Palma no descarta que el litigio vuelva a llegar al Tribunal Supremo, donde los magistrados tendrían que evaluar nuevamente el caso en su totalidad.

Sin TPS, aumenta el riesgo de deportaciones

En total, unos 600.000 venezolanos quedarían desde esta medianoche en riesgo de detención y deportación inmediata, la cifra más alta de personas que han perdido el TPS en toda la historia del programa.

Esta no sería la primera vez que el expresidente Trump intenta eliminar este beneficio humanitario, establecido en 1990. Durante su primer mandato ya había procurado poner fin a la protección de migrantes de seis países —en su mayoría centroamericanos—, aunque en esa ocasión perdió la batalla en los tribunales.

“Ya ganamos una vez en la corte, podemos volver a lograrlo”, aseguró Palma.

Mientras tanto, la Alianza TPS continúa presionando en el Congreso estadounidense para aprobar proyectos de ley con apoyo bipartidista que otorguen una vía de legalización permanente a los beneficiarios del programa de diversos países.

¿Quiénes están más expuestos?

Sin embargo, ambas salidas —la judicial y la legislativa— requieren tiempo, algo que muchos venezolanos no tienen ante la nueva ofensiva de las autoridades migratorias, alineada con la meta del presidente Trump de deportar a un millón de personas en un año.

Fernando Romo, abogado de inmigración y asesor jurídico principal de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal), explicó a EFE que los venezolanos con mayor riesgo de detención inmediata son aquellos que ya tenían una orden de deportación previa.

“El TPS pone un paro a las órdenes de deportación, pero al perder el amparo esta orden se activa y seguramente van a ser buscados por los agentes migratorios”, detalló el jurista.

Romo añadió que, aunque el panorama es complicado, aún existen alternativas legales: “Los inmigrantes que han perdido el TPS aún tienen otras opciones como solicitar asilo, y aunque estos procesos no son fáciles de ganar, representan una posibilidad para los venezolanos”.