Denuncian trabajadores, frente al "acoso sostenido" al dirigente Jean Mendoza

"Transnacional Masisa intenta criminalizar la defensa de los derechos laborales que viola", con acusaciones de “odio” en organismos judiciales

Jean Mendoza en una actividad sindical de los trabajadores de la madera en Guayana

Jean Mendoza en una actividad sindical de los trabajadores de la madera en Guayana

Credito: Vip

Trabajadores de la transnacional chilena maderera Masisa están haciendo pública la denuncia de hostigamiento y acoso judicial promovido por esta empresa contra el trabajador y defensor de derechos laborales Jean Mendoza.

Se muestran preocupados por la campaña dirigida a lograr la criminalización de los reclamos laborales que el dirigente ha venido realizado junto a sus compañeros de trabajo, con la pretensión de la patronal de que sean calificados como “instigación al odio”, queriendo implantar en Venezuela las prácticas odiosas del Chile de Pinochet.

Exponen los trabajadores, que evitan dar sus nombres para resguardarse de retaliaciones, que la empresa viene dando pasos para conseguir que se le aplique la oprobiosa “Ley Contra el Odio” al compañero Jean Mendoza, por expresar ante la empresa y públicamente, e incluso ante los tribunales, las quejas de la clase trabajadora de Masisa, ante la violación de convenio colectivo de trabajo y las prácticas empresariales caracterizadas -según su relato- por la utilización de mecanismos contrarios a la Ley del Trabajo y violatorias de los derechos constitucionales.

Esto se debe -dicen los compañeros- a que Jean Mendoza es un trabajador solidario y con firme consciencia de clase, que ha promovido demandas judiciales frente a los atropellos sistemáticos de la transnacional, y apoya constructivamente la unidad y la movilización de los trabajadores de Guayana, por un nivel de vida digno y por libertades sindicales. Refiriéndose a las acciones realizadas por Mendoza, agregan que, por cierto, se caracteriza más bien por su moderación, aparte de ser  cuidadoso en el lenguaje, y remarcan que todas las actividades las organiza en el marco de las leyes laborales venezolanas, pues son otros los empeñados en violar derechos. Con esto hacen alusión, no solo a los empresarios, sino también a algunos "funcionarios complacientes" que hay en las instituciones. No por otra razón es posible explicar que haya quienes se presten a utilizar a la Fiscalía y a los tribunales contra trabajadores que defienden lo que les corresponde en justicia y que Jean Mendoza reciba una Boleta de Citación de la Delegación Municipal del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de Ciudad Guayana, para presentarse ante la Brigada Contra la Delincuencia Organizada. Se preguntan entonces: ¿Al servicio de quién están los organismos del Estado y el Sistema Judicial en nuestro país? Sobre esto se está sustanciando un informe para los organismos internacionales del trabajo y para el nuevo gobierno chileno (por tratarse de una empresa que procede de Chile).

Al revisar la mencionada Boleta de Citación puede notarse que hay varias irregularidades muy evidentes: 1) No le está citando ni un Tribunal ni la Fiscalía como tal, 2) el Nº de expediente no indica la Fiscalía que lo instruyó, 3) donde debe decir el delito ponen Fiscalía del Ministerio Público pero no dicen el número de la Fiscalía ni el nombre de ningún Fiscal y le indican solicitar a la Brigada Contra Delincuencia Organizada... Todo lo cual es interpretado por los trabajadores como señal de sospecha de que se trata de "un burdo y abusivo chanchullo, una trampa". Creen que resulta sumamente preocupante que en el país de la revolución bolivariana los asuntos laborales se vengan convirtiendo a estas alturas en un asunto policial.

 

Una extraña citación

Observan que la patronal trata de utilizar su poder económico y sus influencias. El objetivo -señalan- es frenar la actividad sindical y la lucha consecuente de éste y otros trabajadores, la cual no se limita a los madereros, porque se preocupa por la situación de todos los trabajadores de Guayana y de la clase obrera venezolana, con sus reivindicaciones salariales y en torno al derecho a un digno empleo, así como su papel en la organización de procesos de elección de delegados de prevención y de los organismos de salud y seguridad laboral llamados a garantizar lo dispuesto por la ley correspondiente.

 

Por lo visto -comentan irónicamente- para la empresa es “instigación al odio” el hecho de procurar que se respeten los derechos constitucionales y se mejore la situación de quienes vivimos de nuestro trabajo. ¿Y cómo se llama violar derechos e incumplir las leyes laborales venezolanas, con sus graves consecuencias sobre las personas afectadas?

Advierten que de continuar las cosas por este torcido camino, esto pudiera requerir de un pronunciamiento de los trabajadores y sindicatos, y de posibles acciones defensivas de la masa laboral, denunciando que empresas como esta pretendan utilizar la Ley Contra el Odio, y más aún, que las autoridades pudiesen prestarse para ello, lo cual esperan que no llegue a suceder. Para el propio Jean Mendoza y para sus compañeros de trabajo, criminalizar los reclamos laborales, equivale a criminalizar el ejercicio de derechos reconocidos en la Constitución Venezolana, en la LOTTT y en los convenios internacionales suscritos en el marco de la OIT. Les alarma que pretendan mostrar como una acción de "odio" el ejercicio de derechos. Esto, para ellos, pone a la empresa no sólo contra los trabajadores sino en contra la CRBV del país cuya mano de obra explotan y con ello también se pisotea la soberanía venezolana, por lo que no se puede permitir que una transnacional chilena venga, en nombre de sus inversiones a cambio de beneficios, a tierras venezolanas a imponer su propia "ley", criminalizando y calificando de "odio" el reclamo de los derechos que ella misma viola.

Recuerdan los trabajadores que recientemente el ministro de Industria y Comercio (Arreaza) visitó a la empresa y los trabajadores le abordaron con el resultado de comprometerse a abrir una mesa de diálogo para escuchar a los trabajadores, asunto que todavía está pendiente mientras sucede lo que se está denunciando. 

 



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