12 junio 2019 - La oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció que los líderes indígenas y afrodescendientes encabezan la lista de víctimas de violencia y asesinatos selectivos.
De los 115 casos de defensores y defensoras asesinados en 2018, "el 27% afectó a personas defensoras de los derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas (18 casos) y afrocolombianas (12 casos)", dijo el representante adjunto de la ACNUDH, Guillermo Fernández Maldonado.
El funcionario presentó en el municipio de Riohacha (La Guajira, norte) el Informe Anual 2018 de la alta comisionada Michelle Bachelet expuso en marzo en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Siete de los asesinatos se cometieron en la región Caribe (norte).
Desde enero hasta el 7 de este mes, la oficina de la ACNUDH recibió 76 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos, de las que documentó 26, tres de ellos en el Caribe.
El informe también expone que "el 93% de los casos de homicidios a los cuales se le hizo seguimiento (en 2018) ocurrieron en contextos regionales que registran una débil o nula presencia del Estado".
Esos crímenes también fueron resultado "de sustanciales retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos", agrega el informe de las Naciones Unidas.
Respecto de la estatal Unidad Nacional de Protección, que debería proteger a los líderes amenazados, la ACNUDH vio "con preocupación que, en muchas ocasiones, las medidas de protección otorgadas a los defensores y defensoras no respondían a los riesgos y complejidades del contexto en el que estos desempeñaban su labor".
El Gobierno de Iván Duque tiene la responsabilidad de aplicar el Acuerdo Final de Paz logrado durante la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018), recordó la ACNUDH.
Por tanto, urge que "se incrementen los esfuerzos para avanzar en la ejecución de todos los capítulos contenidos" en dicho acuerdo, pues beneficiará a las víctimas, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, agrega el informe.
