(Caracas, 11 de octubre de 2017) El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, afirmó que existió una relación directa y concreta entre las actuaciones de los fiscales del Ministerio Público y el contrato suscrito por la empresa Odebrecht en Venezuela, con el bufete de José Parra Saluzzo.

Desde el auditorio de la sede principal de la institución garante de la legalidad, explicó que las cláusulas de dichos contratos se anticipaban a las solicitudes que realizarían los fiscales.

Explicó que el pasado 14 de septiembre, dicha empresa entregó copia del contrato de servicios legales suscrito con Sociedades Civiles PS&A Despacho de Abogados, de fecha 24 de abril de este año, por una suma de 7 millones 500 mil dólares.

Adicionalmente, se hizo entrega de cuatro facturas de la Fundación PSP, que sería la encargada de recibir los pagos por el contrato al bufete de Parra Saluzzo en una cuenta en Suiza, que alcanza los 3 millones de dólares.

El documento establecía el pago de un millón de dólares una vez que fueran levantadas las medidas cautelares que pesaban sobre Jorge Faroh Cano, Sergio Ferraz y Maryorie Garboza; así como el pago de un millón 250 mil dólares, una vez anuladas las medidas cautelares en relación con las cuentas bancarias, bienes y activos de la empresa Odebrecht en Venezuela.

Saab expresó que los fiscales involucrados fueron Pedro Lupera, Luis Sánchez y María Gabriela Lucena, quienes habrían actuado de acuerdo con lo establecido en el contrato, y además aparecen relacionados con casos de extorsión y amedrentamiento a empresarios. Es decir, el Ministerio Público solicitó medidas cautelares contra los involucrados y la empresa, las cuales en efecto fueron acordadas, y posteriormente se requirió el levantamiento de las mismas, lo que condujo a la ejecución de las cláusulas.

Aseveró que esto revela que el bufete de Parra Saluzzo era el brazo ejecutor privado del cartel de corrupción que existía en esta institución y que lideraba su extitular.

Ante esta situación, el Ministerio Público solicitó ante el Tribunal 11° de Control del Área Metropolitana de Caracas la imputación de los directivos de la empresa Cano, Ferraz y Garboza, como parte del reimpulso de este caso.

Asimismo, se mantiene la orden de aprehensión y alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal contra Euzenando Prazeres de Azevedo.

Aseguró que con ello se revela una disposición seria y sistemática para hacer justicia en este país.

Imputado actor Manuel Sosa

El Fiscal General también informó que este lunes 9 de octubre fue privado de libertad el actor Manuel Sosa, socio de la empresa Suministros Gramal C.A., por presuntamente incurrir en irregularidades en contrataciones con la empresa Petropiar S.A.

Sosa fue imputado por la comisión de los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionarios con contratista y asociación para delinquir.

Esta investigación inició por la adquisición de impresoras para el mejorador de la referida empresa, con un sobreprecio y sobrefacturación por un monto de 391 mil 111 dólares, cuando el monto original no debió ser más de 3 mil 500 dólares.

Expresó que se evidenció una serie de irregularidades, de donde se desprende la presunta vinculación del gerente de Petropiar, Francisco Velásquez Gago.

El Ministerio Público indagó que entre los años 2015 y 2016 le fueron cancelados a la empresa Suministros Gramal, en al menos 10 contratos, la cantidad de 27,8 millones de dólares en diversas órdenes de compra durante la gestión de Velásquez, en los que se presume el sobreprecio en los bienes suministrados.

Agregó que por el caso de la Faja Petrolífera, hay tres privados de libertad: el director Ejecutivo de la faja, Pedro León; Sosa y el representante de la empresa Cuferca, Carlos Urbano. También se han allanado nueve empresas, y hay dos órdenes de aprehensión.

Respecto al caso de corrupción en Petrozamora, hay nueve gerentes y directores con medida judicial privativa de libertad, además de una persona con arresto domiciliario y prohibición salida del país, que se acogió al principio de la delación de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal.

En relación con el desmantelamiento de la mafia de vehículos en la estatal petrolera en Monagas, dijo que están privados de libertad cinco funcionarios de la División Carabobo.

Anunció que el martes 10 de octubre se puso a la orden del Ministerio Público el gerente de Transporte de la División Carabobo, Jesús Moreno, quien estaba prófugo.

Se pudo verificar que entre los dos campos, de los tres que se están evaluando e investigando, se asciende a más de mil vehículos que fueron objeto de tráfico de seriales y motores, que luego aparecieron en carros robados.

Refirió que "estamos hablando del desmantelamiento de una mafia que traficaba con patrimonio y bienes de Pdvsa en Monagas, y obviamente que causaron un grave daño patrimonial a la República".

Balance Cadivi- Cencoex

Por otra parte, durante sus declaraciones a los medios de comunicación social, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, señaló que en los últimos días fueron privadas de libertad siete personas por su implicación en la obtención ilícita de divisas en la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

En este sentido, detalló que fueron detenidos Gabriel Peña Riera y María Margarita Sigala de Muñoz, accionistas de la empresa Azucarera Río Turbio C.A, la cual recibió más de 156 millones de dólares entre los años 2004 y 2017.

Asimismo, Saab informó que fue privado de libertad Miguel Ángel González Zambrano, directivo de C.A. Central La Pastora, cuya compañía está señalada por el mismo caso de sobrevaloración de 230% en importaciones de azúcar cruda a granel.

Además, esta empresa procuró un pago indebido por la cantidad de 1,3 millones de dólares, por forjar actas de pesaje.

En otro procedimiento fue detenida Belky Josefina Hurtado Reyes, directiva y socia de Importadora Zaidelys C.A., la cual está señalada por simulación de procesos de importación durante 2012 y 2013. También le fue liquidada la cantidad de 12,3 millones de dólares.

Igualmente, fueron privados de libertad los socios de la Casa de Representación Farmacéutica Losophar C.A., Félix Valoy Jiménez Silva y Rafael Eraldo Carrasquero Badell, cuya compañía habría sobrevalorado en 300% las importaciones de cisteína refinada, por las cuales se le liquidaron la cantidad de 2,4 millones de dólares.

Entre los delitos imputados a estas personas están obtención ilícita de divisas, uso de documento público falso, asociación para delinquir y legitimación de capitales, entre otros tipos penales.

Saab indicó que este miércoles en la mañana, la Policía contra la Corrupción del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, practicó la aprehensión de Sadia Cohen, accionista de la Empresa Acción Mercantil 0 C.A., compañía fantasma que simuló importaciones y a la cual le fueron liquidados más de 212 mil dólares sin registro de operaciones aduaneras.

Añadió que igualmente fue allanada la empresa C.A. Central La Pastora ubicada en Carora (estado Lara), y que además, se solicitó la incautación de sus instalaciones "para ser administradas de manera idónea por el Estado, en favor de la ciudadanía".

Destacó que todas las personas fueron detenidas cuando intentaban abordar aviones privados para salir del país, por lo que agradeció la cooperación de los organismos de seguridad que han participado en los distintos procedimientos.

Hizo énfasis en que "esta acción del Ministerio Público es una gran cruzada por la justicia en contra de estos ilícitos tan terribles, pues cada vez es más indignante ver como la anterior gestión no movía ni un dedo para iniciar investigación alguna, aun cuando fue una instrucción del Presidente de la República".

Saab reveló que 80% de las empresas a las cuales la gestión anterior abrió un expediente fueron sobreseídas, lo que representa una impunidad absoluta.

Sostuvo que la inacción y la falta de impulso procesal son tan delictivas como las personas que cometieron hechos punibles, "pero las cosas han cambiado, pues ahora iremos develando todas estas tramas para hacer justicia en múltiples casos".

Como un balance final, el Fiscal General informó que en el caso Cadivi – Cencoex el Ministerio Público ha verificado 32 empresas, de las cuales 26 eran fantasmas. "No hubo empresas de maletín porque ni el maletín existe", puntualizó Saab.

Del mismo modo, refirió que se han realizado nueve allanamientos y están pendientes un total de 22 órdenes de aprehensión por materializar.