De la visita que la Comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) hiciera a la ciudad de Miami el pasado mes de diciembre para entrevistar a Francisco José Rodríguez Rivera, socio del comisario Rolando Guevara en la venta de equipos policiales, se pudo conocer, según el acta de entrevista que forma parte de los elementos entregados en el acto conclusivo, que los hermanos Guevara pudieron planificar el asesinato del fiscal 4º de competencia nacional Danilo Anderson con cinco meses de anterioridad.

Rodríguez Rivera habló con la comisión policial encabezada por el comisario José Cuellar y explicó que en la oficina de la empresa Python 357, comenzaron a realizarse reuniones donde participaban además Juan Carlos Sánchez, Antonio López Castillo, Juan Bautista Guevara y Johan Peña, que le resultaron muy sospechosas pues cerraban la puerta de la oficina con llave.

El acto acusatorio señala que inicialmente las reuniones se hacían en el restaurante Hilda de Bello Monte con los colombianos Oscar Salazar y Guillermo Barragan, quienes presuntamente asesoraron a los Guevara para cometer el crimen.

“Luego, sus reuniones las hacía en las oficinas que compartían en Bello Monte, allí uno de los socios de Rolando Guevara, de nombre Francisco Rodríguez (Ñoño) decidió no continuar sus relaciones comerciales en esa oficina, ya que advirtió reuniones sospechosas a puertas cerradas con este grupo, por lo que decidió quedarse en Estados Unidos, donde parte de ellos (Johan Peña, Pedro Lander y Juan Bautista Guevara) viajaban constantemente y se reunían en la ciudad de Miami”.

La ruptura

En la entrevista realizada en la sede del Consulado Venezolano en Miami, Rodríguez Rivera informó que “nosotros (Rolando Guevara y él) nunca registramos una empresa comercial, lo que hicimos fue lo siguiente: yo tenía una empresa registrada a mi nombre llamada Diret Police Suppli, que según el registro de comercio, tanto en Venezuela como en Miami, se dedica a la distribución de equipamiento policial, entonces como nuestro acuerdo era verbal, decidí darle como una concesión para que Rolando distribuyera en Venezuela los equipos que yo conseguía en Miami y de esta manera funcionamos hasta el mes de junio de 2004, o sea que las facturas de ventas salían a nombre de esa empresa de mi propiedad, luego yo decidí eliminar la empresa y Rolando siguió facturando hasta la presente con la empresa Phyton 357, la cual era de Juan Carlos Sánchez”.

La oficina además estaba integrada por una tercera persona identificada como José Montiel, dueño de una comercializadora y academia de tiro, de la cual no se hacen mayores referencias.

Las relaciones comerciales entre ambos comenzaron en enero del año 2001, cuando Rodríguez Rivera le propone a Rolando Guevara hacer negocio en esta área y montan una oficina que estaba ubicada en el edificio sede del partido Copei y la avenida Las Palmas, hasta finales de 2003, cuando Juan Carlos Sánchez consigue un local más grande que es el ubicado en Bello Monte, allanado el pasado 25 de noviembre y donde presuntamente se encontró el croquis de las rutas que seguía el fiscal fallecido.

Reuniones

Comentó en el interrogatorio el socio de Rolando Guevara que “allí iban Antonio López casi a diario, Juan Carlos Guevara iba al menos una vez por semana, también iban de vez en cuando Johan Peña y Luis Peña”.

Aseguró que iban al local “para sostener reuniones, la mayoría de las veces a puerta cerrada con Juan Carlos Sánchez”.

Los motivos por los cuales acudían Antonio López y Johan Peña a reuniones en el local “los desconozco, pero puedo decir que las veces que yo estuve allá, ellos se reunían por lo menos tres veces por semana con Juan Carlos Sánchez en la sala de conferencia a puerta cerrada y no permitían la entrada a nadie, e incluso cerraban con llave la puerta”.

En la interpelación, Rodríguez Rivera aseguró que tras irse del país “después del mes de noviembre de este año (2004), yo me entero por la prensa del caso del fiscal Danilo Anderson y que en relación a ese caso Rolando Guevara, estaba desaparecido, entonces le efectué varias llamadas y nunca hablé con él, (...) también me enteré de la muerte de Juan Carlos Sánchez y de un abogado amigo de él, de nombre Antonio López”.

DATOS

El acto conclusivo tiene además 28 experticias. La acusación está integrada por 26 pruebas documentales y 41 testimonios.

Está previsto que en la audiencia preliminar se exponga la existencia de al menos 57 agentes del Cicpc, tres de la Disip y uno de Tránsito Terrestre en disposición de declarar.

Estos funcionarios participaron en diferentes labores, como reconocimiento del cadáver, del vehículo, además de otras actuaciones referentes al homicidio.