La extrema derecha española y venezolana, aliadas históricas, han venido lanzando en los últimos años diferentes ofensivas desde los poderes mediático, judicial y político contra los movimientos de liberación tanto en Latinoamérica como en el Estado español.

La estrategia del gobierno del derechista Partido Popular (PP) ha consistido en utilizar a los medios españoles para difamar a determinadas figuras públicas, como es el caso de la intensa guerra mediática que sufrió el Comandante Chávez y la Revolución Bolivariana, así como en criminalizar proyectos políticos incómodos, como las luchas independentistas tanto en Galiza (Galicia) como en Euskal Herria (País Vasco). Una vez que los medios han creado la alarma social, interviene el aparato judicial, que en los últimos años ha estado personificado en la figura de Eloy Velasco.

Eloy Velasco, el nuevo juez mediático

El juez Eloy Velasco inicia su carrera política en 1995, como director de justicia, cargo que mantuvo durante los dos gobiernos del PP en la Comunidad Valenciana. Desde 2008, es en uno de los seis jueces instructores de la Audiencia Nacional, órgano con competencias excepcionales en juicios políticos, herencia directa del Tribunal militar de Orden Público de la Dictadura franquista (1939-1975), y con jurisdicción dentro y fuera del Estado español.

Desde la Audiencia Nacional en Madrid, que ha sido desacreditada por distintos organismos internacionales en defensa de los derechos humanos, el juez Eloy Velasco ha continuado la cruzada contra los movimientos populares, ensañándose especialmente contra los proyectos independentistas que amenazan los intereses del Reino español, así como su integridad territorial. En el caso del movimiento vasco de liberación nacional, Velasco continúa la estrategia de “todo es ETA”, diseñada desde los años noventa, y aplicada por su antecesor, el juez Baltasar Garzón, con la que se ha perseguido al movimiento político a través de la ilegalización sistemática de organizaciones, partidos políticos y medios de comunicación.

Acusaciones irresponsables contra Chávez

A su vez, el juez Velasco, en busca de una proyección internacional, ha pretendido vincular en varias ocasiones los conflictos que se viven en Galiza y Euskal Herria, con el acontecer de la vida política venezolana, sumándose así a la campaña internacional de desprestigio de la Revolución Bolivariana. Ambas comunidades tienen una presencia importante en la sociedad venezolana, debido a las emigraciones masivas a causa de la guerra y la Dictadura franquista.

En 2010, los medios controlados por la derecha española, que, a su vez, actúan como voceros de la oposición venezolana, acusan a Chávez de convertir a Venezuela en un “santuario de etarras”. A las manipulaciones mediáticas de titulares como el del diario ABC, «La Audiencia Nacional acusa al Gobierno de Chávez de “cooperar” en la unión ETA-FARC», le sucede la acusación de la Audiencia Nacional sobre una supuesta colaboración del Gobierno bolivariano con ETA y las FARC, así como el procesamiento del juez Eloy Velasco a 13 supuestos integrantes de las organizaciones vasca y colombiana.

El auto, que responde más a una lógica político-mediática que jurídica, se filtra inmediatamente a la prensa, sin respetar el secreto de sumario. En esta ocasión, la farsa de la Audiencia Nacional parecía dirigida únicamente a influir en la opinión pública, dotando de una apariencia jurídica acusaciones que carecen de pruebas científicas, con claras omisiones y justificaciones políticas. El juez Eloy Velasco adopta un lenguaje pseudoperiodístico para un auto dirigido exclusivamente a crear un revuelo mediático. Como si de un guion se tratara, al tiempo que se hacen públicas las acusaciones, José María Aznar, aliado del imperialismo yanqui y la ultraderecha venezolana, declara a la prensa que «Chávez protege y da refugio a ETA y a las FARC».

El mismo Chávez denunció en su momento las imputaciones como «restos de un pasado colonial» y alertó de los intereses políticos imperialistas que se esconden tras este tipo de acusaciones jurídicas y mediáticas que España ha desplegado: «Miren que el enemigo no descansa, nos están bombardeando por todos lados, están como locos, que si en España un juez de no sé qué audiencia ahora dice que Venezuela apoya el terrorismo […], ahora viene un juez en España de manera irresponsable, pero siguiendo el mismo juego de la extrema  derecha europea y la extrema derecha de este continente y del mundo, en sus planes contra Venezuela y contra la Revolución Bolivariana, una acusación temeraria y absolutamente irresponsable, sin ninguna sola prueba».

Cruzada contra el pueblo gallego

En las elecciones de 1999, la comunidad gallega apoyó masivamente la candidatura de Hugo Chávez, quien se convierte en presidente al derrotar a su adversario con una diferencia de 20 puntos. Ante este amplio respaldo, los medios españoles antichavistas han utilizado al pueblo gallego para desprestigiar a Chávez y de paso crear una sensación de hostilidad y conflicto.

Desde 2001, cuando ya las políticas de Chávez apuntaban a un proceso de transformación que recuperaba los valores independentistas bolivarianos, la comunidad gallega sufre una constante intoxicación mediática por parte del diario La Voz de Galicia, con titulares como «Los gallegos de Venezuela temen que Chávez acabe con la propiedad privada» o «Miedo a la Revolución Bolivariana. La comunidad gallega de Venezuela recela de la política de Hugo Chávez, a la que tachan de “radical” y “comunista”», en 2002. El asedio continúa hasta la última campaña presidencial, donde los medios de derecha en Galicia intensificaron sus ataques, con una entrevista en 2011 al golpista Antonio Ledezma, que declaró que “Con Hugo Chávez se hizo apología de la violencia contra los gallegos”.

En marzo de 2011, se produce un nuevo giro en la propaganda antichavista, la prensa española crea la matriz de opinión de que el presidente Chávez apoya económicamente al movimiento independentista galego, con titulares como «Chávez financia el independentismo gallego», publicado por El Mundo, o incluso, «Chávez, el nuevo guía del independentismo gallego», La Voz Libre. Estas acusaciones, de no se sabe qué delito, tienen como «prueba» central la publicación del libro Lo gallego en Simón Bolívar, financiado entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y el Consulado de Venezuela en Vigo.

Estas bombardeo mediático se produce dos meses después del alto al fuego de ETA y ocho meses antes de la operación policial contra el independentismo galego, que comienza en noviembre de 2011, con la detención de cuatro militantes independentistas sometidos a ley antiterrorista, Eduardo Vigo, Teto Fialhega, Maria Osorio y Antom Santos, acusados de pertenecer a una supuesta banda armada, llamada «Resistência Galega», un nuevo enemigo que España ha fabricado para poder seguir aplicando su aparato represivo en un momento de grave crisis institucional.

De nuevo, el juez Eloy Velasco es el encargado de preparar la instrucción y el que determina las primeras medidas excepcionales contra los militantes: detención y prisión incomunicada, dispersión en distintas cárceles del Estado español, así como un régimen penitenciario especial de máxima seguridad. Después de un juicio sin las más mínimas garantías celebrado en junio de 2013, la Audiencia Nacional considera probada la existencia de un grupo terrorista en Galicia y condena a los activistas a penas de entre 18 y 10 años de prisión, así como 10 años de libertad vigilada, sin que se les imputen delitos de violencia concretos, solamente delitos genéricos de pertenencia a banda armada. Penas desorbitadas que imponen la máxima condena a quienes no han atentado contra la vida, la salud, o la integridad de las personas,  por encima de delitos como el de asesinato con ensañamiento (de 15 a 20 años, art. 139 del Código Penal) o el de violación (de 6 a 12 años, art. 179 del CP).

Una justicia que no quiere diálogos de paz

El anuncio de ETA de “un alto al fuego permanente y de carácter general” en enero de 2011 ha dejado un vacío para la política del enemigo y el populismo punitivo practicados por el Estado español durante todo el período de la monarquía parlamentaria, con la coartada del terrorismo. En un contexto en el que las políticas neoliberales están provocando descontento social y la legitimidad del gobierno se resiente, se vuelve necesario justificar todo su aparato represivo a través de la fabricación de nuevos enemigos internos y externos mediante la constante comparación de la disidencia con ETA. Por ello, el gobierno del Partido Popular necesita nuevos y viejos fantasmas que funcionen como cortinas de humo para la aplicación de los fuertes recortes neoliberales que están destruyendo los derechos obtenidos tras décadas de lucha.

A pesar de la tregua de la organización revolucionaria vasca, el pasado 30 de septiembre, el Gobierno español vuelve a asestar un duro golpe al proceso de paz unilateral en el País Vasco. Por órdenes de Eloy Velasco, unidades de la Guardia Civil irrumpieron en las sedes provinciales de Herrira, plataforma en defensa de los derechos de los presos y refugiados vascos. En el operativo detuvieron a 18 personas y registraron los locales de la organización, además, cerraron 32 perfiles en Twitter, 125 en Facebook y 38 páginas webs, y el bloqueo de las cuentas bancarias de la organización.

El Reino de España, una vez más, se vale de los poderes del Estado, judicial, político y mediático, para intentar frenar los procesos de autodeterminación de Galiza y Euskal Herria, a través de la criminalización de su ideario político, así como para socavar la soberanía nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que alcanzó ya hace más de dos siglos su independencia, que ahora consolida con la Revolución Bolivariana, encarnada en la figura y el legado del Comandante Hugo Chávez.