La agresión que se estructuró en la frontera del Zulia trastoca los intereses históricos de los indígenas de lograr por parte del Estado venezolano el reconocimiento jurídico y político de sus territorios y hábitats.

Esta agresión se inicia desde los tiempos de la conquista y la colonización, se moderniza con la llegada de los capitales multinacionales de petróleo (Shell y Creole) y la extensión de los linderos agropecuarios hacia sus tierras planas y el piedemonte de la Sierra de Perijá, que no sólo redujo a sangre y fuego a los pobladores ancestrales de la selva, sino que la “privatiza” y la transforma en caminos, carreteras y en enormes extensiones de paja cruzada por doquier por alambres de púas y portones cerrados con candados.

Hoy el Estado, sus instituciones y el nuevo Gobierno continúan el camino de la complicidad cuando hoy se involucran con los capitales carboneros transnacionales en la profundización del modelo de enclave minero exportador, transformándose ahora el carbón en el motor del desarrollo exógeno propuesto para el Zulia.

Los indígenas perdieron el Lago de Maracaibo y sus orillas, sus tierras planas y parte del piedemonte de la Sierra de Perijá; en la Guajira se acentúo el éxodo de los indígenas a la ciudad de Maracaibo y sus espacios ancestrales los comparten hoy con pobladores criollos. Los Añúu se extinguen, muy pocos, como los pobladores de Nazareth, se consideran Añúu y en capacidad de enfrentarse al modelo minero carbonífero portuario vial propuesto por la empresa arubana Inter-American Coal desde la cuenca de los ríos Cachirí y Maché hasta el Golfo de Venezuela en las tierras del Cacique Nigales, las islas San Bernardo/San Carlos.

Tanto ayer como hoy, la lucha de los indígenas por la tierra y sus aguas no tiene un mero carácter local o nacional, todo lo contrario se enmarca en una planificación que obedece a asociados intereses foráneos y de criollos cuya existencia comercial depende del éxito de la dependencia que origina en nuestra patria este modelo primario exportador.

Así como cronistas y misioneros en épocas de la conquista y la colonia registraron el asesinato de indígenas y la reducción de sus territorios, así mismo la prensa local y la antropología contemporánea recogen el genocidio y ecocidio que las empresas petroleras norteamericanas, inglesas y holandesas y algunos ganaderos de Perijá ejecutaron contra los indígenas Barí y Yukpa y sus hábitats. A manera de ejemplo, según los estudios realizados se calcula que el territorio de los indígenas Barí para 1700 era de 35.00 km2, para 1900 16.000 km2, para 1983 1942 km2 en Venezuela y 840 km2 en Colombia.

El modelo depredador primario exportador del carbón que se inicia al Noroeste del estado Zulia a través de Corpozulia/Carbozulia conjuntamente con las multinacionales del carbón RAG Coal International, Anglo-American Coal (quien compra las acciones a la Shell) [Carbones del Guasare, S.A.] e Inter-American Coal [Carbones de La Guajira, S.A.] hoy amenaza no sólo con extenderse a lo largo de todo el piedemonte de la Sierra de Perijá sino por todo el estado convirtiendo así al Zulia en Zona de Sacrificio.

Este modelo de desarrollo, que se inicia en el municipio Mara, en mina Paso Diablo (1987), por parte de la empresa mixta Carbones del Guasare, S.A. y posteriormente en el municipio Páez, en Mina Norte (1994), por parte de la otra empresa mixta de Carbozulia Carbones de La Guajira, S.A., hoy amenaza las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca de los ríos Guasare, Socuy y Cachirí a través de nuevas minas a explotar por parte de Carbones del Guasare, S.A. (18.5 MMt/a), Carbones de La Guajira, S.A. (4MMt/a), Carbonífera Caño Seco, C.A. (2 MMt/a), y Carbones del Socuy, C.A. (2MMt/a). El carbón de la cuenca del Socuy se transportará a través una vía ferroviaria de 8.5 kilómetros hacia un puerto a construir en el poblado indígena Wayúu Pararú, afectando así todo la Guajira; así mismo el carbón de las cuencas de los ríos Guasare y Cachirí se transportará en gandolas al Terminal Carbonero de la Isla San Bernardo, primer modulo de Puerto América.

En esta misma área Corpozulia se dispone a arrendar nuevas minas de carbón a las empresas Minera MAICCA, C.A. (Tomen, TransMar Coal y Excel) y a la KTK Minería de Venezuela, C.A., de esta manera se espera en la Subregión Guajira movilizar a mediano plazo aproximadamente 30 millones de toneladas de carbón al año, si incluir el proveniente de minas particulares del Cerrejón Colombia, tal como lo expresa el Plan de Manejo General de Puerto América y los estudio de Términos de Referencia del Terminal Carbonero de la Isla de San Bernardo. El impacto de transporte de carbón de Cerrejón así como el de la carretera de la mina Cachirí no fue tomado en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental del Terminal Carbonero de la Isla de San Bernardo.

Este modelo minero portuario vial fue rechazado por parte de la dirigencia Wayúu, vecinos y pescadores de Mara y Padilla en Páez (El Escondido, el 18/05/02), en Mara (Cuatro Esquina, 11/07/02 y 18/10/02) y en Almirante Padilla (Isla de San Carlos, el 19/05/02) en las presentaciones públicas convocadas por las empresas Inter-American Coal Holding, N.V., Trans-Coal de Venezuela, C.A., Royal Haskoning e INESPA, así como en las convocadas por Carbozulia, Carbones del Guasare, S.A. y la Alcaldía de Páez en los auditorios de la Escuela Fe y Alegría (09/11/02) y Toro Sentado (26/11/02) en Paraguaipoa. Este rechazo se reforzó a través de varias Asambleas de Ciudadanos apelando al artículo 70 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela. Toda esta documentación (copias de artículos de prensa, cartas, actas de Asambleas de Ciudadanos, entre otras) fue remitida a la Ministra Dra. Ana Elisa Osorio, al Lic. Norberto Rebolledo Director de Calidad Ambiental y la Ing. María del Carmen Díaz Directora de POA del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN).

Por iniciativa de estos sectores indígenas la propia Ministra Osorio visitó Mina Norte (01/02/03) y realizó dos asambleas con la población, una en el Auditorio de Fe y Alegría en Paraguaipoa, municipio Páez (02/02/03) y otra en el poblado La Eneita, en Mara (17/05/03). A partir de esta convivencia y al escuchar el rechazo al modelo carbonífero, en senda reuniones la Ministra cuestionó la minería y jerarquizó la importancia del agua para la vida y el desarrollo endógeno. Igual actitud mostró el propio Presidente Hugo Chávez cuando visitó la comunidad Barí Saimadoyi.

Corpozulia, en la gestión de su presidente saliente Ing. Santiago Bautista, afianzó la necesidad de ejecutar los proyectos de explotación minera Río de Oro (47.700 has.) y Tukuko-Aricuaizá (78.256,80 has.) en tierras indígenas del piedemonte de la Sierra de Perijá y la importancia para ello de quebrar “la oposición de algunas comunidades indígenas” a través de incluirlos en los contratos de arrendamientos a firmar con los capitales del carbón “como potenciales accionistas” (Hacia la Minería del Futuro, Corpozulia, 2002: 8 y 11) lo resultaría un método perverso de acelerar el etnocidio y el ecocidio en estos espacios humano y físicos perijaneros.

Estos proyectos minero portuario viales cabalgan sobre el desarrollo turístico, agrícola, pecuario y pesquero de la subregiones Guajira y Perijá, contra el recurso agua y la producción de oxígeno de los bosques y ríos que de manera paralela corren sus aguas de Oeste a Este conformando la cuenca interior del Lago de Maracaibo.

Desde los primeros intentos de deforestación y expropiación de haciendas y finca para darle paso a la creación de la mina Paso Diablo y posteriormente a Mina Norte los indígenas Wayúu, campesinos y productores agropecuario se opusieron a sus aperturas, hoy es el polvo del carbón, la escasez y la contaminación del agua y los numerosos muertos y lisiados en los choques generados por las gandolas transportadoras de carbón lo que movilizan las protestas de los vecinos.
En Perijá, más de una década llevan manifestando públicamente los indígenas Barí y Yukpa su rotundo rechazo a estos proyectos por considerarlos atentatorios a sus modos y calidad de vida y a su permanencia en la Sierra de Perijá. Varias han sido los enfrentamientos con mineros y ganaderos terrófagos y las gestiones ante el Estado en aras de que los Gobiernos de turno (Jaime Lusinchi, Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y Hugo Chávez) deroguen estos proyectos mineros y en un acto político jurídico les asignen parte de sus tierras despojadas a sangre y fuego por petroleros y ganaderos.

Estos proyectos mineros que antes no eran más que iniciativas dispersas de Corpozulia o de empresarios privados hoy se estructuran a nivel internacional dentro de la estrategia estadounidense de globalización denominada ALCA/IIRSA.

De los doce Eje de Integración propuestos por el Banco Inter Americano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) para América del Sur, el Eje Andino al entrar a Venezuela adquiere el nombre de Eje de Desarrollo Occidental que al analizarse aparece el carbón como su el elemento dinamizador.

Al revisarse para Venezuela los proyectos del Banco Mundial, del Banco Inter-Americano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, de los Gobierno de Holanda, Estados Unidos y Colombia, de las empresa Royal Haskoning, Alkyon, Anglo American Coal, RAG Coal International, Inter-American Coal Holding, Trans-Coal, Tomen, TransMar Coal, Excel, entre otras, vemos que coinciden con la propuesta de desarrollo concebida también por los Ministerios de Planificación de Desarrollo (Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001-2007), Energía y Minas, del Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado (IAFE) y de la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA).

Esta acción minera atentatoria a los intereses de los indígenas hoy se complica con la puesta en marcha del Plan Colombia. La guerra se ha trasladado a la Sierra de Perijá, agresores y victimas se han desplazado a estos espacios perijaneros, por ello se habla de la presencia de narcotraficantes, paramilitares, sicarios, guerrillas, refugiados, desplazados colombianos, ACNUR, secuestradores, hampa común, ganaderos, Ejército, Guardia Nacional, entre otros actores.

Esto ha servido para montar una guerra paralela diplomática político mediática desde Washington, Bogotá, la Coordinadora Democrática y la Gobernación del Zulia para obligar al Gobierno nacional, al Ejército venezolano y a la Guardia Nacional a realizar incursiones, donde la mayoría de las veces los principales victimas son los campesinos, desplazados y los indígenas, tal como ocurrió en los meses de agosto y septiembre de 2003 por parte del Ejército venezolano o en diciembre también del año pasado por parte del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) de la Guardia Nacional y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), o en febrero de 2004 por parte del Ejército venezolano.
Los cuerpo de seguridad del Estado están obligando en estas ultimas incursiones a los tres sectores sociales ante mencionados a abandonar las tierras de Guasare, Socuy, Cachirí y el Diluvio, pero al mismo tiempo Carbones del Guasare, Carbone de La Guajira, COSILA y Carbonífera Caño Seco vienen presionando a los campesinos e indígenas Wayúu a vender sus tierras, pero lo más grave del asunto que el Instituto Nacional de Tierra (INTI) se niega a emitir Cartas Agrarias a campesinos y Wayúu en los tres municipios que conforman la Subregión Guajira, es decir en los espacios donde se ubican los proyectos mineros del Socuy y Cachirí, la vía ferroviaria, las carreteras y los puertos Pararú y el Terminal Carbonero de la Isla San Bernardo, primer modulo de Puerto América.

Por esta razón los integrantes de la Comisión de Demarcación de Tierras y Hábitats de Pueblos y Comunidades Indígenas está contra la pared, debe de dilucidar si estas tierras, en el Gobierno del Presidente Chávez, se les restituirán a los indígenas a través de su auto demarcación o por lo contrario terminarán de ser entregadas a los capitales financieros y mineros foráneos para ejecutar la propuesta del Eje de Desarrollo Occidental, brazo final del Eje de Integración Andino dentro de los parámetros globalizadores del ALCA/IIRSA (Integración de la Infraestructura de Sur América), sólo que está disposición se le escapa a sus atribuciones, por ser asunto de alta política de Estado. He allí la duda sobre la pertinencia de esta comisión, muy en especial de las comisiones regionales, pues estas no tienen poder de decisión, lo cual es una contradicción ya que allí es donde se encuentran los verdaderos representantes de las comunidades indígenas. Estas comisiones no tienen políticas ni dinero, la burocracia y la inercia las vienen acabando.

Recordemos que al interior de esta comisión todos los días los representantes indígenas se deben debatir con los representantes de organismos que por definición de Estado deben defender la minería y el Eje de Desarrollo Occidental. De esta manera se entrampó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que obliga al Gobierno a los dos años de su promulgación a tener demarcadas las tierras de los indígenas, hasta la fecha no hay voluntad política para hacerlo, consideramos que se está buscando la manera elegante de demarcar las tierras y hábitats de tal manera que los intereses político económicos representados en el Eje de Desarrollo Occidental no sean sustancialmente perjudicados.