Los acontecimientos políticos y sociales que tienen lugar en Bolivia en los
últimos días han sido de gran impacto para la opinión pública internacional.
Bolivia es un país que lleva años gobernada por regímenes de los sectores
económicamente dominantes, es decir, la oligarquía, quienes han desarrollado
políticas neoliberales y excluyentes en ese país, manteniendo a la mayoría
de la población en la pobreza y garantizando lujos y poder a sectores
minoritarios que controlan la nación andina.
Una prolongada crisis política, social y económica ha traído como
consecuencia un fuerte movimiento de protesta social conformado por
indígenas, campesinos, estudiantes y otros sectores de la sociedad boliviana
encabezados por el dirigente popular Evo Morales, líder máximo del
Movimiento Al Socialismo MAS que lucha por una transformación social en su
país y defiende a los sectores vulnerables de la población, así mismo la
poderosa Central Obrera Boliviana que aglutina al sector laboral; también
gremios estudiantiles y campesinos que junto con la mayoría del pueblo se
proponen lograr un cambio profundo en su país teniendo como punto de partida
la salida del actual gobierno y la convocatoria a una Asamblea
Constituyente.
El elemento que hizo detonar la crisis fue la intencionalidad del gobierno
boliviano de exportar gas a Estados Unidos y otros países a través de Chile,
lo cual es poco ventajoso para Bolivia. Desde entonces las calles de La Paz,
Cochabamba, Sucre y otras ciudades han estado tomadas por miles de
manifestantes que solicitan la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada.
Las manifestaciones populares se han producido de diversas formas, desde
marchas pacíficas hasta bloqueos de algunas carreteras. Desde hace una
semana se desarrolla una huelga general de trabajadores que ha detenido el
aparato productivo del país y esta empezando a repercutir en
desabastecimiento de productos esenciales para vivir, como alimentos y
combustible.
El gobierno ha militarizado las principales ciudades bolivianas, pero pese a
esto continúan y se intensifican las protestas populares y más sectores se
suman a la huelga general. La protesta cívica ha sido reprimida
violentamente, dejando en los últimos días un saldo de varias decenas de
muertos según la prensa boliviana. También existen denuncias de detenciones
ilegales, donde se desconoce el paradero de los ciudadanos privados de su
libertad.
Ante esta situación organizaciones defensoras de derechos humanos de Bolivia
y algunos sectores de la Iglesia Católica han reaccionado con indignación,
solicitando el fin de la masacre. Sin embargo algunos organismos
internacionales que dicen velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos
han mantenido un sospechoso silencio y el Departamento de Estado
Norteamericano fiel a su tradición de apoyar y tutelar gobiernos
oligárquicos dóciles a sus intereses expresó su total apoyo al gobierno de
Sánchez de Lozada, a pesar de su posible responsabilidad en las muertes de
manifestantes.
La situación política boliviana ha llegado a un punto de no retorno, el
pueblo alzado ha dado un paso determinante en la lucha por lograr un cambio
significativo en su país y esto debe comenzar con la salida de Sánchez de
Losada del poder, para dar paso a un proceso democrático de elecciones y
convocatoria a la anhelada constituyente que abrirá una perspectiva de
justicia social y libertad al pueblo boliviano.
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