¿Quiénes son los dueños de la ciudad prohibida?

Ayer, invasores de tierra urbana; hoy, estafadores y latifundistas de cemento

Por siglos el latifundio en nuestro país ha estado asociado a la apropiación indebida de grandes extensiones de tierra por un individuo generalmente ligado a círculos políticos, oligárquicos, militares y eclesiásticos, ofrecidos originalmente como un botín que debía ser distribuído entre amigos y allegados de esos amigos.

El dato histórico refiere que durante muchos años estos círculos se repartieron para sí millones de hectáreas de tierra, dejando a la población campesina con escasas posibilidades de una digna sobrevivencia, obligándolos a servir en las tierras apropiadas como esclavizados peones de hacienda u obligándolos a migrar forzadamente hacia la gran ciudad en búsqueda de la oportunidad perdida.

Así las cosas, a la vista de esos nuevos pobladores urbanos se levantó una ciudad prohibida a cualquier ilusión habitante, cuando paradójicamente fueron ellos quienes se ofrecieron para edificarla y construirla. Una realidad que forzó a estos migrantes a mirar hacia la ladera del cerro como el único lugar para construir la habitación de sus ilusiones; a su vez el único resquicio dejado por la constructora privada y el sistema económico para levantar “la casita”.


Caracas: la ciudad prohibida


Como en la dinastia de Ming y Qing en la antigua China, los latifundistas urbanos de aquí edificaron también una ciudad prohibida, convirtiendo a Caracas en una urbe de exclusivos y excluidos; de urbanizaciones y barriadas; creando un habitante marginado de cualquier posibilidad de vida digna y destinado a soportar en propia piel las cíclicas contingencias que la naturaleza deja tras su carga de calamidades, siendo las más recientes la vaguada de Vargas en 1999 y los deslizamientos de octubre y diciembre de 2010 con resultados de muertes, miles de damnificados, casas destruidas y sectores en peligro inminente.

Hoy el desastre natural trajo consigo el desastre social acumulado en años y el desnudo de un sistema inmobiliario que desde el siglo XIX siempre ha pertenecido a la lógica depredadora de usureros y banqueros amparados por un sistema político que siempre cambió de nombres pero no de esencia: Gómez, López Contreras, Junta Patriótica, Pérez Jiménez, Betancourt, CAP, Caldera y todo el entramado que unos llaman Estado y otros sociedad de cómplices.

Sociedad que protegió con leyes de la República a la depredadora inmobiliaria y al empresario estafador, reacios ellos ante cualquier mecanismo regulador sobre una dinámica que ha dejado a los habitantes de apartamentos -como ejemplo ilustrativo- en la condición de eternos arrendatarios sin la posibilidad de que, en el corto plazo, éstos sean los legítimos propietarios de un espacio ya cancelado en años.


¿Parroquias o feudos latifundistas?


Elizabeth Santos, Vocera de la Red Metropolitana de Inquilinos afirma en un artículo publicado en aporrea.org y titulado “Latifundismo urbano”, (06-05-2010); que “Estas familias fueron creciendo, y sus obligaciones los forzaron a seguir en esa condición de inquilinos, pagar el colegio, la universidad de los hijos, la comida, los servicios y el alquiler. Nunca tuvieron acceso al ahorro ni a una política eficiente que le permitiera acceder a una vivienda propia, pues no eran damnificados, no vivían en zonas de alto riesgo; simplemente eran empleados, padres de familias, obreros y no habían planes diseñados para ellos. La ciudad fue creciendo, se construyó el metro, centros comerciales y los propietarios de estos inmuebles decían que estos edificios aumentaban su valor. ¿Pero de qué manera participaron en el crecimiento de la ciudad? Si ni siquiera en los edificios invertían”.

Aunque el fenómeno latifundista está reflejado a realidades del medio rural, este concepto muy bien puede trasladarse a realidades que configuran el entorno urbano de los pueblos y ciudades venezolanas; pues en muchos de estos conglomerados citadinos una minoría privilegiada concentra toda la propiedad de apartamentos y edificios, llegando a acaparar en casos conocidos, más de 300 edificaciones, de los cuales la mayoría de sus habitantes han vivido alquilados durante más de 40 años; es decir, toda una generación relegada a la voracidad de los latifundistas urbanos.


Una situación que hace a estos señores feudales de hoy propietarios de toda la ciudad; dueños de parroquias como Chacao, Baruta, El Recreo y otras en cuyo caso los convierte en propiciantes de un problema social de grandes proporciones, poniendo en evidencia la fragilidad y vulnerabilidad de la República en su lado más delicado: la aplicación de las leyes; pues es evidente que estamos en un entramado de legalidad montado desde hace algunas décadas con responsables que se pierden en la encrucijada del tiempo y con responsables adheridos a la telaraña pegajosa de las propias instituciones del Estado.


¿En qué momento el Estado se desprendió de la titularidad de la tierra?


Una de las preguntas que se hace Elizabeth Santos, como activista del movimiento social de inquilinos, apunta por ejemplo, a saber, en quiénes son los dueños de los terrenos urbanos de la ciudad de Caracas ya que “cuando los inquilinos de estos edificios se organizaron -dice Santos- descubrieron que una misma persona es propietaria de cientos de edificios; y tratando de investigar la tradición legal de las tierras, se encuentran con un gran obstáculo en relación a la titularidad de las mismas, pues existen ventas tras ventas de bienhechurias con terreno; pero el problema radica en conseguir en qué momento el Estado se desprendió de la titularidad de la tierra; hay suposiciones de que gran parte de las tierras urbanas son invasiones, tal cual como hoy se criminaliza a los más pobres, ayer los más ricos hicieron lo mismo con tierras que deberían pertenecer a la ciudad y a los habitantes”. [Elizabeth Santos. “Latifundio urbano”. Artículo publicado en Aporrea 06-05-2010].


¿Ahora, cómo encarar el latifundismo urbano? Es la gran interrogante que recientemente hizo reunir en Caracas a colectivos organizados de todo el país con el objetivo mayor de afrontar el problema habitacional en Venezuela en temas como: pertenencia de la tierra urbana, desalojos ilegales, regulación de alquileres, acceso a créditos, financiamiento privado y público, especulación y estafa inmobiliaria, solución definitiva a urbanismos expropiados, entre otros puntos fundamentales puestos en la mesa de discusión en colectivos como: Movimiento de Pobladores, Comités Populares de Viviendas, consejos comunales, CTU, Red Metropolitana de Inquilinos, Campamentos de Pioneros, Movimiento por la Ciudad y la Vivienda y otros.


Hoy el fenómeno del problema habitacional en el país se ha convertido en una razón para activar un gran movimiento social que está uniendo a inquilinos, ocupantes organizados de edificios, a estafados por empresas constructuras, a conserjes y a refugiados o damnificados en una inédita fuerza política que le está dando vitalidad al proceso bolivariano en su carácter de revolución socialista y anticapitalista.


al-fredone61@hotmail.com



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Freddy Martínez


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