La fabulosa operación de
inteligencia montada por el gobierno de Estados Unidos contra los
“poco amigables” gobiernos de Argentina y Venezuela, comienza a
revelar aristas poco difundidas por la gran prensa mundial y sus
medios locales acólitos.
La noticia publicada en el diario
Clarín de ese país el 24 de diciembre de 2007, da
cuenta que la Presidenta “quedó molesta con
el hecho de que el subsecretario para Asuntos Hemisféricos del
Departamento de Estado, Thomas Shannon, varias veces
recibido por los Kirchner, no estuviera aquí el
lunes 10, pero sí de gira por Brasil y Chile”
y además señala que el flamante gobierno de la
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner “ha concentrado
su enojo con el gobierno de Estados Unidos en la figura del embajador
Earl Anthony Wayne.
Este malestar está basado en
el siguiente hecho: “Los funcionarios cuentan que desde hace
rato están molestos por la aparición de Wayne
en los medios argentinos, con sus múltiples
entrevistas con funcionarios de los más diversos rangos,
incluyendo a la Presidenta. De ahí se explica la decisión
oficial de restringir ahora sus actividades al ámbito
de la Cancillería”.[1]
Es decir, el Embajador de Estados Unidos solo podrá tener
contacto con funcionarios de la Cancillería Argentina y con
nadie más. La información periodística de ese
“prestigioso” medio argentino no hace mención a las
actividades del embajador, a los funcionarios que se entrevistaron
con él, ni a los motivos de esos encuentros; sin embargo otros
artículos e informes publicados en medios de verdadero
prestigio internacional han dado cuenta de tales acontecimientos,
echando luz a la principal oscura actividad del representante del
gobierno de Bush en tierras pampeanas: la “propiedad intelectual”.
Motivos de la actividad en Argentina:
Dado el fracaso de las políticas
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en la Región, Estados Unidos comenzó a desplegar una
estrategia de lobby creando plataformas para presionar políticamente
sobre aquellos organismos del Estado conectados a intereses de
empresas norteamericanas. A estos encuentros son invitados
funcionarios de organismos clave para la implementación de
políticas restrictivas en materia de propiedad intelectual
como las desarrolladas en aduanas (Aduana Argentina), organismos de
control de impuestos (Administración Fiscal de Ingresos
Públicos, AFIP), fiscalías, policías aduaneras,
organismos de derechos de autor (Registro Nacional de Derechos de
Autor) y propiedad industrial (INPI), asociaciones de gestión
colectiva (SADAIC; CAPIF) a participar de encuentros donde el
anfitrión (EEUU) presenta e impone a estas instituciones una
matriz de opinión y un discurso acorde con la defensa de los
intereses de dichas corporaciones en aquellas actividades comerciales
susceptibles de ser protegidas por propiedad intelectual. Al mismo
tiempo, manipula a los funcionarios creando las condiciones de lobby
para la presentación de leyes favorables a estas políticas.
Actividades:
En el artículo publicado el 01
de mayo de 2007, en el portal de información y opinión
Aporrea.org bajo el título “Piratería como chantaje
político” se ha informado que: “El embajador
norteamericano en Buenos Aires acusa a la Argentina por supuestos
delitos de piratería. Esta estrategia es empleada por los
Estados Unidos como chantaje político, para obligar así
a los países del Sur, a modificar las leyes de propiedad
intelectual en beneficio de las grandes empresas transnacionales”.[2]
Agrega más adelante:
El embajador de los Estados Unidos
en Argentina, Earl Anthony Wayne, ha expresado recientemente que la
Argentina “genera y consume piratería” y que los
ciudadanos con mayores ingresos son los que más consumen. El
evento organizado con motivo de celebrarse el día
internacional de la propiedad intelectual (en la Embajada de
Estados Unidos en Buenos Aires) contó con la asistencia de
la Cámara de Comercio Argentina de los Estados Unidos en el
país (Amcham), quién presentará en la segunda
mitad del presente año al gobierno del presidente Kirchner, un
plan para luchar contra la piratería comercial. La iniciativa
será una segunda etapa de un programa de acciones de la
entidad destinada a crear lobby sobre el gobierno argentino[3].
En el artículo de
Rebelión.org, “De criminales y piratas: kit imperial” del
25 de julio de 2007, se afirma: “En consecuencia, la
Cámara de Comercio Argentino Norteamericana propondría
al Gobierno Argentino un proyecto de reforzamiento de las medidas de
control en las fronteras relacionadas con la falsificación de
marcas y la elevación de penas para el delito denominado
“piratería”[4].
Allí estaban presentes en conferencia de prensa (en la
Embajada Norteamericana en Buenos Aires) también el encargado
de relaciones externas del laboratorio Merck, el presidente del
Citibank, y el presidente del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial de la Argentina, (entre otros funcionarios), noticia
publicada un día después en el diario Infobae digital
de ese país”.
La embajada ofició nuevamente
de anfitriona en un segundo encuentro, esta vez para consolidar la
estrategia de presentación de una ley favorable a los
intereses corporativos. En el artículo “Argentina: lobby
norteamericano para modificar ley de marcas” (ver:
http://www.aporrea.org/tecno/n101270.html)
se menciona:
Organizado por
el embajador norteamericano en Argentina y con la presencia de
representantes de grandes marcas de EE. UU, se realizó en la
ciudad de Buenos Aires un encuentro que forma parte de una serie de
presiones políticas a las que se ve sometido el Estado
argentino con el propósito de modificar la actual ley de
marcas N° 22.362 y aumentar así las penas impuestas por
supuestos delitos de la mal llamada “piratería”,
técnicamente denominada “copias no autorizadas”. El
seminario, del que también participaron funcionarios de la
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos, fue organizado
por la Cámara de Comercio de EE.UU. en la Argentina (Amcham).
El embajador norteamericano, Earl Anthony Wayne, inauguró el
encuentro expresando consejos para el país sureño:
"Proteger los derechos de propiedad intelectual es una prioridad
para ustedes y para mí. Y también es bueno para la
Argentina” enfatizó, intrometiéndose en asuntos
internos del país miembro del MERCOSUR. Se
encontraban presentes, entre otros, varios directivos de empresas
transnacionales que forman parte de esta intensa presión para
modificar la actual Ley que regula las marcas o signos distintivos:
Raúl Gatica, del laboratorio Merck Sharp & Dome, el
representante legal de Nike, Santiago Ferrer Reyes., y Orlando
Grassetti, director de Servicios al Cliente de Ford.
También
se encontraban allí los responsables de los organismos a
mencionados. Para completar las acciones y por otro andarivel, “quien
presentó el Proyecto de ley en el Congreso Argentino ha sido
la Senadora Nacional por la provincia del Chaco perteneciente al
opositor partido de la Unión Cívica Radical, Miriam
Belén Curletti, y la ley ha tomado estado parlamentario con
fecha 22 de Junio de 2007. En el
cónclave, no podía faltar la obsesiva relación
que pregonan los funcionarios del país del norte entre la
“piratería”, la financiación del terrorismo, el
lavado de dinero y la Triple Frontera”.
El día internacional de la
propiedad intelectual (26 de abril) fue propicio para que el
embajador publicara un artículo pregonando las “virtudes”
de la “propiedad intelectual” en periódicos argentinos:
“Ese mismo día se publicó en Buenos Aires, un
artículo en el diario El Cronista titulado “Fomentar
la creatividad: la mejor razón para proteger la propiedad
intelectual”, firmado por el señor Earl Anthony Wayne.
También escribió artículos sobre el mismo tema
en Infobae y Clarín.
En los últimos meses, previos
a las elecciones a presidente, y mientras se preparaba la denominada
“operación basura” las actividades de organismos
internacionales y de la embajada no se detuvieron según lo
publicado en el artículo “La propiedad intelectual como
último bastión de las corporaciones”[5]
que describe algunas de las actividades en apoyo al lobby sobre
propiedad intelectual en Argentina:
“Varios especialistas neoliberales
han advertido que las políticas emanadas de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de la OMC se han visto
socavadas por las demoras originadas en las reuniones y asambleas de
diversos tratados internacionales desarrolladas en Ginebra,
produciéndose con el paso del tiempo, una considerable pérdida
de ganancias en los países centrales debido a las trabas
impuestas por el tercer mundo. Esta advertencia comienza a
materializarse en los últimos meses a través de algunos
acontecimientos producidos en países de la Región que
han sido descriptas en varios informes y publicaciones:
Argentina:
Proyectos de modificación
de ley de Derechos de autor (aumento de protección en años
que pasa de 70 a 80 después de la muerte del autor,
defendiéndose así los derechos corporativos de
editoriales y discográficas)[6].
Proyecto de modificación de
ley de Marcas: aumento de penas y multas por “falsificación”
de marcas y “piratería” con el propósito de
asociar estas infracciones con delitos de mayor gravedad[7].
Creación de maestría
de propiedad intelectual auspiciada por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), bajo la doctrina de los
países centrales[8].
Llamativa visita del embajador de los Estados Unidos a:
* Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial de Argentina[9],
* la Aduana[10]
y
* el Organismo Federal de
Impuestos[11].
Reunión de Directores de
oficinas de propiedad industrial y derechos de autor de
Latinoamérica y el Caribe en Buenos Aires, bajo el auspicio
de OMPI[12].
Reunión de Directores de
Propiedad Industrial de Latinoamérica y El Caribe bajo el
auspicio de EPO[13].
Seminarios auspiciados por OMPI,
Oficina Europea de Patentes (EPO) y Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM)[14].
Concurso auspiciado por la Cámara de Comercio de
Estados Unidos en Argentina[15]”.
También fueron visitados por el
embajador de acuerdo a la información publicitada por la US
Embassy, la Ministra de Defensa, Nilda Garré (13
de noviembre), el Ministro de Educación Daniel Filmus (29 de
noviembre), el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde
(29 de noviembre), el Rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén
Hallú (19 de noviembre), el titular de la Corte Suprema,
Ricardo Lorenzetti (15 de noviembre), y la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner (30 de noviembre)[16].
Si
bien el caso del maletín es parte de la arremetida del imperio
en su política hegemónica dirigida a disciplinar al
gobierno de Argentina por su relación con Venezuela, es
también una cortina de humo que oculta uno de los principales
instrumentos con los que los Estados Unidos defienden sus intereses
económicos y condicionan a las débiles estructuras de
los Estados: la propiedad intelectual.
[1]
http://www.clarin.com/diario/2007/12/24/elpais/p-00601.htm
[2]
http://aporrea.org/tecno/a34009.html
[3]
http://aporrea.org/tecno/a34009.html
[4]
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=54059
[5]
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=60400
[6]
http://www.aporrea.org/tecno/n83206.html
[7]
http://www.aporrea.org/tecno/n103776.html
[8]
http://www.idec.upf.edu/inpi_ok.pdf
[9]
http://spanish.argentina.usembassy.gov/rel212.html
[10]
http://spanish.argentina.usembassy.gov/rel209.html
[11]
http://spanish.argentina.usembassy.gov/rel199.html
[12]http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_jpi_bue_06/ompi_jpi_bue_06_inf_1.pdf
[13]http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_jpi_bue_06/ompi_jpi_bue_06_inf_1.pdf
[14]
http://www.inpi.gov.ar/eventoseptiembre/principal.html
[15]
http://www.mercado.com.ar/mercado/vercanal_nota.asp?id=354475
[16]
http://spanish.argentina.usembassy.gov/realeses.html
