La transnacionalización de la propiedad industrial en la República Argentina y en la mayor parte de Latinoamérica, ha sido uno de los efectos más logrados por los conglomerados multinacionales, de la mano de los gobiernos de países centrales y organismos internacionales de comercio y de propiedad intelectual. Por ejemplo, indicadores relacionados con las patentes, dan muestra de la “tasa de dependencia” [1]
que presentan nuestros países. En este sentido, un coeficiente que
relaciona las solicitudes de patentes de no residentes y residentes
superiores a 1 señala la preminencia de solicitudes desde
el exterior; mientras que un coeficiente que presenta un valor entre 0
y 1 señala la preminencia de solicitudes de residentes del país: en la
Argentina este coeficiente es de al menos 4 (se presentan 4 veces más
solicitudes extranjeras que nacionales) y el resto de Latinoamérica presenta valores similares o superiores.
Un
sistema de patentes mundializado, requiere de un sistema de
clasificación acorde a dicha mundialización, pero requiere además de bases
administradas por los organismos internacionales de propiedad
intelectual. Otro aspecto de extrema dependencia, es la base de datos
de documentos de patentes denominada LATIPAT- ESP@CENET, tutelada
por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), y con la
cooperación de la Oficina Europea de Patentes (EPO) y la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)..
Por otro lado, es evidente que, la renovación permanente del sistema de clasificación, implica también depender de quienes proponen, impulsan y producen los cambios en dicho sistema.
Sería interesante reflexionar en relación a los motivos que llevan a la
Oficina Norteamericana, la Oficina Europea, la Oficina Británica o la
Japonesa a tener una clasificación propia, además de la internacional.
Seguramente no solo el ordenamiento y recuperación de documentos, sino
independencia a la hora de tomar decisiones.
Un sistema de propiedad industrial en sintonía con el proceso de
integración latinoamericano, debiera incluir la elaboración de sistemas
propios de clasificación de patentes (al menos para aquellas
solicitudes correspondientes a residentes nacionales y
latinoamericanos) de acuerdo a parámetros que guarden relación con los
recursos y riquezas que forman parte del acervo económico, social,
cultural, tecnológico y científico de nuestros pueblos.
Respetar “acuerdos” internacionales en materia de clasificación no
implica hacer propio el discurso único en propiedad industrial y mucho
menos aplicar la receta neoliberal de propiedad industrial a
rajatablas.
Urge entonces, considerar la
necesidad de elaborar una Clasificación Latinoamericana de Patentes que
responda a los intereses de los sistemas nacionales, ganando grados de
libertad en la toma de decisiones de políticas públicas en materia de propiedad industrial, y a la altura de los tiempos de obligatoria emancipación que nos toca vivir.
