El 28 de
diciembre de 2006, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la decisión
de su gobierno de “no renovar la concesión” para operar en señal abierta, al
canal de televisión RCTV.
Facultado
constitucionalmente para tomar esta medida, el gobierno venezolano ha recibido
el ataque de la prensa privada del país, quienes argumentan que la medida
atenta contra la libertad de expresión. Sin importarles que la sala constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia asegurara que, no hay ilegalidad en la medida
tomada por el Estado. No obstante, la frecuencia “canal 2” fue entregada a una fundación que operará el canal
Televisora Venezolana Social (TVes) para cumplir con el mandato constitucional
de crear una televisora de servicio
público.
La escalada
mediática, está dirigida internamente por los directivos de las empresas RCTV y
Globovisión, y cuentan con el respaldo de partidos de oposición, la prensa de
oposición, grupos empresariales, la jerarquía de la iglesia católica. En esta campaña, contra el gobierno de Venezuela
participan activamente el Departamento de Estado de Estados Unidos, sindicatos
empresariales internacionales como la SIP y el grupo de Diarios de América, transnacionales de la información
como CNN y FOX, dirigentes políticos de la derecha latinoamericana, y
organizaciones que dicen defender la libertad de expresión y los derechos de
los periodistas, pero que nunca han calificado con objetividad la situación
venezolana, dándole la espalda a las constantes violaciones cometidas por los
medios privados contra la verdad y los derechos del pueblo venezolano.
Es una nueva
etapa de lo que se presenta como un
“golpe continuado”, cuyo principal escenario es la arena internacional donde se
intenta presentar la medida como el “cierre de un canal de tv”, sin explicar
que RCTV seguirá transmitiendo a través de las empresas cable operadoras.
Medios
y desestabilización
Para el periodista venezolano
Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias, cuando lo medios
hablan de “cierre de un canal de tv”, "…quieren hacer ver que se ha
acabado el período de libertades, que ha comenzado una fase dictatorial donde
los medios vivirán amenazados y no hay oportunidad de ejercer la libertad de
informar y de opinar (…) eso es lo que han hecho creer en el exterior".
"Es totalmente falso”, agregó
Díaz Rangel, “Venezuela sigue siendo el país donde hay más libertad para
informar y para opinar…. ningún medio, ningún periodista, ningún editor, ningún
dueño de radio o televisión puede mostrar una sola noticia que en estos ocho
años de gobierno de Chávez, haya sido difundida por presión
gubernamental".
El periodista venezolano fue
enfático en manifestar que “…no están desvinculados con un intento de
desestabilizar al Gobierno”
No
aplica Carta Democrática
El Secretario General de
Organización de Estado Americanos (OEA), José Miguel Insulza desestimó la relevancia que se quiere
dar a la finalización de la concesión de Rctv y dijo "por importante o
preocupante que sea para algunos", carece de envergadura para actuar en
función de la
Carta Democrática. La OEA “combina
los aspectos de soberanía con la defensa de determinados principios. Y en este
caso, creo que no es más lo que se puede hacer, salvo que el Consejo decidiera
hacer algo, cosa que estimo difícil". La Carta refiere
"graves rupturas o graves amenazas de ruptura de la institucionalidad
democrática en su conjunto".
Decisión
soberana
Consultado por la prensa
extranjera acreditada en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva,
expresó que nada tiene que decir sobre las decisiones soberanas de una nación
hermana.
''¿Qué tiene que ver Brasil con
una concesión de televisión en Venezuela? Eso es un problema de la legislación
y del Gobierno venezolano. De la misma forma que yo no quiero que ellos den
opiniones sobre las cosas que yo hago aquí, yo no quiero (comentar eso)''.
En Nicaragua, el Canciller
Samuel Santos aseguró que Venezuela "tiene pleno derecho a no renovar la
licencia de operaciones de RCTV” la cual concluyó el 27 de mayo, y el Gobierno
de Venezuela, con pleno derecho, no la renovó.
En Panamá, el primer
vicepresidente y canciller Samuel Lewis Navarro, declaró a la prensa que “no se
inmiscuirán en cuestiones jurídicas internas, y que ni a Panamá, ni a la Asamblea General de la OEA, les
compete determinar si es o no una violación a los derechos humanos”.
El
debate
El actual debate en Venezuela
puede resumirse en lo que el ex Vicepresidente de la
República José Vicente
Rangel denominó la “Doctrina Granier”, en relación con las posiciones asumidas
por el director de RCTV, Marcel Granier. Según Granier, cuando un grupo
económico accede a una concesión del espectro radioeléctrico, por estar en
favores con el gobierno de turno, esa concesión es para siempre y su cesión por
parte de un gobierno democrático es un atentado a la libertad de expresión.
Hasta ahora, los dueños de las
corporaciones mediáticas en Venezuela, intentan acreditarse la propiedad
privada de la libertad de expresión, por encima de las mayorías populares… he
allí el centro del debate.
Algunos
cierres en Latino América
Uribe:
Cerró en octubre de 2004 al estatal Instituto de Radio y Televisión
(Inravisión) 3 señales abiertas con contenidos a menudo incómodos para el
gobierno. Hizo el anuncio un lunes, y el jueves siguiente desalojó con policía
a los trabajadores. Fue reemplazado por Radio Televisión de Colombia (RTVC),
que contrata externamente.
Nicaragua:
Enrique Bolaños revocó la concesión a Radio La Poderosa en 2002. Sus equipos
fueron confiscados sin un proceso judicial. La emisora era crítica al gobierno
y afín al ex presidente Arnoldo Alemán.
Uruguay:
Lacalle, del centroderechista Partido Nacional, sacó del aire a CX 44 Radio
Panamericana en 1994 por haber convocado a la población a una multitudinaria
manifestación contra la extradición a España de tres acusados de pertenecer a
ETA.
Chile: La
libertad está restringida por la concentración de la propiedad. Felipe Portales,
Universidad de Chile: "Con excepción de Cuba, Chile es el país con menos
libertad de expresión en América Latina, en términos de pluralidad de
medios", con una situación "peor a la que se vivía antes de que
terminara la dictadura" de Pinochet, en 1990.
(*) navarroernestoj@gmail.com