La reforma constitucional venezolanade apoyo al
proyecto socialista del presidente Chávez fue derrotada por el más
reducido de los márgenes: 1,4% sobre nueve millones de votantes. No
obstante, el resultado se vio seriamente perjudicado por la abstención
del 45%, por lo que solamente el 28% del electorado votó contra los
cambios progresistas propuestos por el presidente Chávez. Si bien esta
votación fue un golpe para el intento de Venezuela de liberarse de la
dependencia del petróleo y del control capitalista de los sectores
financieros y productivos estratégicos, no cambia el 80% de mayoría en
la actual legislatura ni tampoco debilita las prerrogativas de la rama
ejecutiva. No obstante, la victoria marginal de la derecha sí le
proporciona a ésta, sin duda, un semblante de fuerza, influencia y
trascendencia en sus esfuerzos para hacer descarrilar las reformas
socioeconómicas del presidente Chávez y expulsar a éste del Gobierno o
bien conseguir que se reconcilie con las antiguas élites detentadoras
del poder.
Ya han comenzado el debate y las deliberaciones en el
seno del movimiento chavista y entre los muchísimos grupos que forman
la oposición. Uno de los elementos que sin duda estará sujeto a debate
es por qué los más de tres millones de votantes que optaron por Chávez
en las elecciones del 2006 (en la que venció con el 63% de los votos)
esta vez no fueron a votar en el referendo. La derecha sólo aumentó su
número de votos en 300.000, por lo que, aun suponiendo que éstos
correspondiesen a votantes chavistas decepcionados y no a nuevos
votantes de derecha, sigue dejándonos la cifra de 2.7 millones de
votantes chavistas que se abstuvieron.
Diagnóstico de la derrota
Cada vez que una transformación socialista figura
en primer lugar de un programa de gobierno, tal como Chávez hizo con
estos cambios constitucionales, todas las fuerzas de la reacción
derechista y sus seguidores de clase media –progresistas-unen
sus fuerzas y olvidan por un momento sus enfrentamientos partidistas.
Los seguidores y organizadores populares de Chávez se hallaron ante una
amplia gama de adversarios, cada uno de ellos dotado de importantes
palancas de poder. En este grupo figuraban:
-
las numerosas instituciones del gobierno de Estados Unidos (CIA, USAID, NED
y los funcionarios políticos de la Embajada estadounidense), sus
agentes subcontratados (ONG, programas de reclutamiento estudiantil,
jefes de redacción de periódicos y anunciantes de los principales
medios), las compañías transnacionales estadounidenses y la Cámara de
Comercio (que pagaron las campañas de publicidad contra el referendo,
además de la propaganda y la acción callejera);
-
las principales asociaciones patronales venezolanas (FEDECÁMARAS [,
Cámaras de comercio, mayoristas y detallistas) que gastaron millones de
dólares en la campaña, fomentaron la fuga de capitales y promovieron el
acaparamiento y las actividades de mercado negro que produjeron escasez
de productos de alimentación básicos en los mercados populares al por
menor;
-
más del 90% de los medios de comunicación privados, que
desarrollaron una campaña ininterrumpida de propaganda virulenta,
incluidas las mentiras más descabelladas (entre otras, la de que el
gobierno arrancaría a los niños de los brazos de sus familias y los
confinaría en escuelas controladas por el Estado), mentiras
escandalosas que a su vez fueron recogidas y repetidas, sin excepción
por los medios de comunicación de masas de Estados Unidos;
-
la jerarquía católica en su totalidad, desde los
obispos hasta los curas de barrio, que utilizó sus plataformas de
intimidación y sus homilías para hacer propaganda contra las reformas
constitucionales, y aún más importante, varios obispos convirtieron sus
iglesias en centros de organización de la extrema derecha violenta, lo
que produjo, en un caso, el asesinato de un trabajador chavista que se
enfrentó a sus barricadas en la calle.
Los líderes de este cuarteto contrarreformista
pudieron comprar y atraer a pequeños sectores del ala liberal del grupo
chavista del Congreso y a un par de gobernadores y alcaldes, así como
algunos ex izquierdistas (alguno de los cuales fue guerrillero hace 40
años), ex maoístas del grupo de Bandera Roja y algunos trotskistas,
líderes sindicales y sectas. Un número sustancial de académicos
socialdemócratas (Edgar Lander, Heinz Dietrich) halló excusas triviales
que les permitió oponerse a las reformas igualitarias, proporcionando
con ello un brillo intelectual a la rabiosa propaganda de las clases
altas sobre las tendencias dictatoriales o bonapartistas de Chávez.
La dispar coalición encabezada por los grupos
dominantes venezolanos y el gobierno de Estados Unidos no cesó de
martillear un mismo mensaje general: la enmienda que permitía la
reelección, el poder de suspender temporalmente determinadas
disposiciones constitucionales en momentos de emergencia nacional (como
el golpe militar y la huelga patronal de 2002 a 2003), el nombramiento
ejecutivo de administradores regionales y la transición al socialismo
democrático formaban parte de un complot destinado a importar el comunismo a la cubana.
Propagandistas de derechas y liberales convirtieron la reelección por
un período ilimitado (una práctica parlamentaria común en todo el
mundo) en una usurpación del poder por parte de un tirano autoritario,
totalitario y hambriento de poder, según todos los medios de
comunicación privados venezolanos y sus socios estadounidenses: las
cadenas de radio y televisión CBS, NBC, ABC y NPR, y los diarios New York Times, Los Angeles Times y Washington Post.
La enmienda constitucional que otorgaba al presidente poderes de
emergencia fue descontextualizada del golpe militar de 2002, apoyado
por EE UU, y del boicot empresarial de 2003, del reclutamiento y la
infiltración de grupos de escuadrones de la muerte paramilitares
colombianos (2005), del secuestro de un ciudadano venezolano-colombiano
por los servicios secretos colombianos (2004) en el centro de Caracas,
y de los claros llamados a un golpe militar por parte del ex ministro
de Defensa, Raúl Baduel.
Cada sector de esta coalición contrarreformista
dirigida por la derecha, se centró en grupos específicos y grupos
transversales, con llamamientos bien definidos. Estados Unidos se
centró en el reclutamiento y la formación para la guerrilla callejera
de jóvenes estudiantes, para lo que utilizó cientos de miles de dólares
canalizados a través de las organizaciones USAID y NED y destinados a la
organización de la sociedad civil y la resolución de conflictos (en
un rasgo de humor negro) del mismo modo que antes lo hicieron en
Yugoslavia, Ucrania y Georgia. Estados Unidos hizo llegar también sus
fondos a sus clientes permanentes: la casi difunta confederación de
sindicatos socialdemócratas CTV,
los medios de comunicación de masas y otros aliados de las clases
altas. FEDECAMARAS se centró en el sector de negocios, grandes y
pequeños, los profesionales de clase alta y los consumidores de clase
media. Los estudiantes de derecha fueron los detonadores de la
violencia callejera y se enfrentaron a los estudiantes de izquierda
dentro y fuera de los campus universitarios. Los medios de comunicación
de masas y la Iglesia católica se dedicaron básicamente a la difusión
del miedo entre su gran audiencia. Los académicos socialdemócratas
predicaron el NO y la abstención entre sus colegas progresistas
y los estudiantes izquierdistas. Los trotskistas consiguieron la
división de algunos sectores sindicales con su verborrea pseudomarxista
sobre Chávez, el bonapartista y sus inclinaciones capitalistas e imperialistas,
incitaron a estudiantes formados en Estados Unidos y compartieron la
plataforma del NO con los jefes sindicales de la CTV financiados por la
CIA. Éstas fueron las espurias alianzas previas a la votación del
pasado domingo.
En los momentos posteriores a la votación, esta
inestable coalición mostró algunas diferencias internas. El
centro-derecha, dirigido por el gobernador de Zulia, Manuel Rosales,
pide un reencuentro y un diálogo con los ministros
chavistas moderados. La derecha dura, personificada en el ex general
Raúl Baduel (niño mimado de los sectores de la falsa izquierda) exige
aprovechar la actual ventaja hasta llegar al derrocamiento del
presidente elegido, Hugo Chávez, y del Congreso por cuanto, afirman,
“siguen teniendo el poder de legislar reformas”. ¡Así, así son nuestros
demócratas! Las sectas izquierdistas seguirán citando los textos de
Lenin y Trotski (que deben de estar revolviéndose en sus tumbas),
organizando huelgas en demanda de aumentos salariales… en el nuevo
contexto de mayor poder de la derecha, situación a la que ellos mismos
han contribuido.
Debilidades estructurales y de campaña en el campo de los reformadores de la Constitución
La derecha pudo conseguir su escasa mayoría gracias a
algunos graves errores en la campaña chavista, así como en profundas
debilidades estructurales.
La campaña del referéndum adoleció de varios efectos graves:
1) el presidente Chávez, el líder del movimiento de
reforma constitucional, estuvo fuera del país durante varias semanas en
los últimos dos meses de la campaña, en Chile, Bolivia, Colombia,
Francia, Arabia Saudí, Españae Irán, privando con ello a la campaña de
su portavoz más dinámico; y
2) el presidente Chávez se vio inmerso en asuntos que
no tenían ninguna relevancia para sus seguidores y que pueden haber
proporcionado munición a la derecha. Su intento de mediar en el
intercambio de prisioneros en Colombia absorbió una gran cantidad de
tiempo y condujo previsiblemente a ninguna parte, por cuanto el
presidente de los escuadrones de la muerte, Álvaro Uribe, puso fin
abruptamente a su mediación con insultos provocativos y calumnias que
llevaron a una grave ruptura diplomática. Del mismo modo, durante la
Cumbre Iberoamericana y su epílogo, Chávez entró en un intercambio
verbal con el fullero rey de España que lo distrajo de problemas
internos como la inflación y el acaparamiento de productos básicos
alimenticios instigada por la derecha.
Muchos activistas partidarios de Chávez no
consiguieron elaborar y explicar los efectos positivos que se proponían
con la reforma, o llevar a cabo un debate casa por casa que pudiera
contrarrestar la monstruosa propaganda (como la afirmación de que a sus
padres les iban a quitar los niños) propagada por los curas y las
medios de comunicación. Los activistas pensaron, con demasiada
facilidad, que estas mentiras destinadas a crear miedo eran tan poco
plausibles que todo lo que había que hacer era denunciarlas. Y, peor
aún, algunos líderes, considerados chavistas, llegaron hasta no
organizar ningún tipo de apoyo porque se oponían a las enmiendas, en la
medida en que reforzaban los consejos comunales a expensas de los
alcaldes y gobernadores.
La campaña no consiguió intervenir y exigir un tiempo y
un espacio iguales en todos los medios de comunicación privados con el
fin de crear una situación equilibrada. Se puso demasiado énfasis en
las manifestaciones de masas en el centro de la ciudad y no tanto en
los programas de impacto a corto plazo en los barrios pobres destinados
a solventar problemas inmediatos como la desaparición de la leche de
las estanterías de los supermercados, lo que irritó a los seguidores
naturales de Chávez.
Debilidades estructurales
Hubo dos problemas básicos que influenciaron
profundamente en la abstención electoral entre los seguidores de
Chávez: la prolongada escasez de productos alimenticios básicos y
productos domésticos, y la rampante y aparentemente descontrolada
inflación (18%) durante la segunda mitad de 2007 que no ha mejorado ni
se ha compensado por los incrementos salariales, especialmente para los
el 40% de los trabajadores del sector informal.
Alimentos como la leche en polvo, la carne, el azúcar,
los frijoles y muchos otros desaparecieron tanto de los comercios
privados como de los públicos. Los grandes productores agrarios se
negaron a producir y las autoridades del sector al por menor se negaron
a vender debido a los controles estatales de precios (establecidos para
controlar la inflación) por miedo a ver reducidos sus exorbitantes
beneficios. Decidido a no intervenir, el gobierno adquirió e importó
productos alimenticios por valor de cientos de millones de dólares,
muchos de los cuales no llegaron hasta los consumidores populares, al
menos no a los precios fijados.
En parte debido a la mengua de sus beneficios y en gran
parte como un elemento clave de la campaña contra la reforma, los
vendedores al por mayor y al por menor o bien acapararon y vendieron
una parte sustancial de los productos de importación en el mercado
negro, o bien no se encaminaron hacia los supermercados de los barrios
ricos.
La inflación fue el resultado de unos ingresos
crecientes por parte de todos y el resultado asimismo de una mayor
demanda de bienes y servicios en el contexto de un descenso
generalizado de la productividad, la inversión y la producción. La
clase capitalista se dedicó a desinvertir, evadir capitales, importar
productos de lujo y especular en el mercado intermediario de bonos y en
el inmobiliario (en el que algunos se pillaron los dedos a causa del
reciente derrumbe de la burbuja inmobiliaria de Miami).
Las medidas gubernamentales, demasiado
cautelosas, de intervención estatal, y su retórica radical fueron
suficientemente fuertes para provocar una resistencia por parte de las
grandes empresas y un incremento de la fuga de capitales, mientras que
eran la vez demasiado débiles para desarrollar instituciones
productivas y distributiva activas. En otras palabras, la creciente
crisis inflacionista, la escasez y la fuga de capitales pone en
cuestión la actual práctica bolivariana de economía mixta basada en una
asociación pública y privada que financie un estado de bienestar social
a gran escala. El capital ha actuado en primer lugar económicamente
mediante el boicoteo y la ruptura de este pacto social implícito con el
gobierno de eliminar a Chávez. En él había una propuesta implícita:
altos beneficios y tasas de inversión a cambio de crear empleo y
fomentar el consumo popular. Con un respaldo poderoso y una
intervención resuelta de sus socios estadounidenses, el gran capital
venezolano se ha movido políticamente para aprovechar el descontento
popular y con ello derrotar las reformas constitucionales propuestas.
Su próximo paso es dar marcha atrás en este momento, aprovechando el impasse
en las reformas socioeconómicas, mediante una combinación de pactos con
los ministros socialdemócratas del gobierno de Chávez y la amenaza de
una nueva ofensiva, profundizando la crisis económica y preparando el
golpe.
Políticas alternativas
El gobierno de Chávez debe actuar inmediatamente
con celeridadcon el fin de rectificar algunos de los problemas
nacionales y locales básicos, que condujeron al descontento y a la
abstención, y que están socavando su base de masas. Por ejemplo,
algunos barrios pobres inundados por las lluvias y las avalanchas
siguen sin hogar después de dos años de promesas rotas, y de la
creación de una serie de instituciones gubernamentales totalmente
incompetentes.
El Gobierno, bajo el control popular, debe también
intervenir de inmediato para hacerse con el control de todo el programa
dedistribución de alimentos, contando para ello con los trabajadores
portuarios, del transporte y de la venta al por menor; contando a la
vez con los consejos comunales que deben garantizar que los alimentos
importados llenan las estanterías y no los bolsillos de los mayoristas
contrarreformistas, los grandes propietarios de las tiendas y los que
practican el mercado negro a pequeña escala. Lo que el Gobierno no ha
conseguido de los grandes terratenientes y barones ganaderos en materia
de producción de alimentos, debe conseguirlo mediante la expropiación a
gran escala, la inversión y las cooperativas, que permitan superar la
producción para el mercado y las huelgas de suministros. El
cumplimiento voluntario se ha demostrado que no funciona. El dogma de
la economía mixta, que resulta atractivo para un cálculo económico
racional, no funciona cuando están en juego intereses políticos de alto
nivel.
Para financiar los cambios estructurales en la
producción y la distribución, el Gobierno está obligado a controlar e
intervenir los bancos privados más implicados en el lavado de dinero,
la facilitación de la fuga de capitales y el estímulo a las inversiones
especulativas en lugar de la producción de bienes esenciales para el
mercado nacional.
La reforma constitucional era un paso hacia la creación
de unmarco legal de reformas estructurales, cuando menos para ir más
allá de una economía mixta controlada por los capitalistas. El excesivo
legalismo del gobierno Chávez en su planteamiento de un nuevo referendo
subestimó la base legal existente para la realización de las reformas
estructurales que permitan al Gobierno dar respuesta a las crecientes
demandas de los dos tercios de la población que eligieron a Chávez en
2006.
En esta fase post referendo, el debate interno en el
seno del movimiento chavista se está profundizando. La base de masas
formada por trabajadores pobres, sindicalistas y empleados públicos
está exigiendo aumentos salariales que les permita mantener el nivel de
vida erosionado por la inflación, que se ponga fin al aumento de los
precios y a la escasez de productos básicos. Su abstención se explica
por la falta de una acción efectiva del Gobierno, no por la propaganda
derechista o liberal. No son derechistas, ni socialistas, pero pueden
apoyar el proyecto socialista si se resuelven los tres azotes que
forman la escasez, la inflación y el descenso del poder adquisitivo.
En particular la inflación es un enemigo de los
trabajadores más pobres, pertenecientes en su mayor parte al sector
informal, porque sus ingresos no se indexan con la inflación, como es
el caso de los de los trabajadores sindicados del sector formal. Por
otra parte, tampoco pueden conseguir un ingreso mayor a través de la
negociación colectiva, por cuanto no están ligados por ningún contrato
con compradores o empresarios. Como resultado, en Venezuela la
inflación de los precios es el peor desastre para los pobres y la razón
de su mayor descontento. Aquellos gobiernos, incluso derechistas o
neoliberales, que consiguen la estabilidad de los precios o reducen
fuertemente la inflación, generalmente consiguen el apoyo, al menos
temporal, de las clases populares. No obstante, las políticas
antiinflacionistas pocas veces han hallado su lugar en las políticas
izquierdistas (en detrimento de éstas) y Venezuela no es ninguna
excepción.
En los niveles de liderazgo del Consejo de ministros,
del partido y de los movimientos sociales hay muchas posiciones pero
pueden simplificarse en dos, polarizadas.
Por una parte, la posición dominante en favor del
referendo que defienden los ministerios de Finanzas, Economía y
Planificación busca la cooperación con los inversores privados
extranjeros y nacionales, los banqueros y los grandes productores
agrarios, con el fin de incrementar la producción, la inversión y los
niveles de vida de los pobres. Se basa en llamadas a la cooperación
voluntaria, garantías a la propiedad, reducción de impuestos, acceso a
las divisas extranjeras en condiciones favorables y otras iniciativas,
además del control de la fuga de capitales y de los precios, pero no de
los beneficios.
Por otra parte, el sector favorable a la
socialización aduce que esta política de asociación no ha funcionado y
que es la fuente del actual impasse y de los problemas sociales
existentes. En el seno de este sector algunos proponen un protagonismo
mayor de la propiedad y el control estatal, con el finde dirigir las
inversiones e incrementar la producción, así como de romper el boicot y
el estrangulamiento de la distribución. Otro grupo propone que sean los
consejos de autogestión obrera quienes organicen la economía, e instan
a la creación de un estado revolucionario. Un tercer grupo
propone un Estado mixto con propiedad pública y autogestión,
cooperativas rurales y propiedad privada de tipo medio y pequeño en un
mercado altamente regulado.
La fuerza que tenga en el futuro el grupo que propone la economía mixta puede conducir a acuerdos con la oposición liberal más blanda,
pero si no se consigue atajar la escasez y la inflación se exacerbará
la actual crisis. El ascendente de los grupos más radicales depende, a
fin de cuentas, de poner fin a su fragmentación y sectarismo, así como
de su capacidad para establecer un programa conjunto con el líder
político más popular del país, el presidente Hugo Chávez.
El referendo y su resultado, aunque importante hoy día,
es sólo un episodio en la lucha entre el capitalismo autoritario
imperial y el socialismo democrático de los trabajadores.
National Endowment for
Democracy (NED), organización semigubernamental estadounidense creada
en 1983 por el gobierno de Reagan. Con carácter complementario a las
dos agencias antes citadas, tiene un amplio historial de interferencia
política destinada a imponer regímenes favorables a EE UU. (N. del T.)
Traducido para Rebelión por S. Seguí
