Por Lorenzo Bernaldo de Quirós

Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket International Consulting en Madrid, España y académico asociado del Cato Institute.

En Colombia se ha abierto un debate sobre la conveniencia o no de permitir la reelección del presidente Uribe, lo que implicaría la reforma de la constitución de ese país. La polémica sobre la limitación o no de los mandatos presidenciales es tan antigua como la propia democracia y se ha planteado de manera recurrente, si bien con distinta intensidad y en diferentes momentos, en la mayoría de los países democráticos. A simple vista, los argumentos a favor de impedir a los políticos ser reelegidos gozan de una considerable solidez y tendrían un claro aroma liberal. Sin embargo, esas medidas restrictivas suponen también una injerencia en el funcionamiento del mercado—en este caso del político—y como sucede casi siempre en estos casos, los efectos suelen ser opuestos a los esperados por quienes las defienden.

De entrada, la limitación de mandatos priva a los ciudadanos de elegir a los representantes que ellos desean y que están dispuestos a servirles. Este enfoque es similar a los formulados para defender la intervención estatal en otros mercados, ya que supone asumir que el electorado-consumidor necesita ser protegido de sí mismo, tiende a comportarse de manera irracional y no sabe velar por sus propios intereses. Tal vez ese planteamiento tenga algo de verdad pero si se acepta como principio general y se lleva a sus últimas consecuencias lógicas, todos los argumentos a favor de la democracia se vienen abajo y pierden su consistencia. Quizá por eso, uno de los textos clásicos de la filosofía liberal, El Federalista, en su sabia y acertada obsesión por introducir "checks and balances" para evitar el abuso de poder por parte de los poderes públicos, nunca apoyó la introducción de ese tipo de restricciones.

Por otra parte, la imposibilidad legal de ser reelegido genera o puede generar incentivos perversos. Si esa opción se elimina, desaparece con ella uno de los mecanismos disciplinantes más poderosos que existen: la capacidad de premiar o de castigar la gestión de los gobiernos. En este caso, los políticos se ven menos presionados para satisfacer los deseos de los electores, y su propensión a manejar mal los asuntos públicos y a utilizar el poder en su beneficio o en el de su clientela, crece de manera exponencial. En un conocido trabajo, Robert J. Barro mostraba que los estados norteamericanos en los cuales existen límites a las veces que un gobernador puede ser elegido tenían como media peores resultados económicos que aquellos en los cuales no estaba vigente una prohibición de esa naturaleza. De hecho, el crecimiento de su renta per cápita entre 1960 y 1990 fue sensiblemente inferior en los primeros que en los segundos.

Un argumento en pro de las limitaciones es que los políticos/gobernantes instalados gozan de injustas ventajas en las elecciones—las proporcionadas por el control del poder—que suponen verdaderas barreras de entrada a los nuevos competidores. En concreto, quien se encuentra en el cargo tendría un acceso teórico más fácil a fondos para sus campañas, a los medios de comunicación, etc. Además de ser esta una hipótesis cuestionable, y no avalada por la evidencia empírica, su base es semejante a la utilizada con frecuencia por los poderes públicos para justificar la regulación en nombre de la concurrencia, y es igualmente falaz. Con todas sus imperfecciones, el mercado político está abierto a la competencia real y potencial y, además, la posición dominante de quienes operan en él es temporal, está sometida al control y a la voluntad de los votantes. De lo contrario, nadie sería jamás desalojado del poder por las urnas.

Lejos de ser un obstáculo a la renovación de la clase dirigente, la posibilidad de ser reelegido puede impulsarla, y su prohibición frenarla. Sin ella, movimientos nuevos que en un momento determinado ganan unas elecciones y obtienen un amplio respaldo de la opinión no disponen del tiempo necesario para consolidarse como partidos estables y, por tanto, para convertirse en motores de regeneración democrática y en cauces sólidos de representación. Este es uno de los males crónicos de una buena parte de los países iberoamericanos, una fuente de ineficiencia y una causa de su incapacidad para construir partidos fuertes y modernos sin los cuales el sistema democrático no funciona. En este contexto, la prohibición de la reelección se traduce en el fortalecimiento de un status quo cada vez más alejado de la realidad, de unas fuerzas políticas que no representan corrientes profundas del país y de un divorcio entre la sociedad política y la sociedad civil.

En el caso de Colombia se unen esos elementos y uno más para justificar un cambio constitucional favorable a la reelección. A comienzos del siglo XXI, en un mundo sometido a un vertiginoso proceso de transformación las instituciones representativas han de adaptarse a los tiempos para cumplir con eficacia su tarea. Un mandato de cuatro años e irrepetible por vida constituye un derroche de recursos y de capital humano absurdo. Si un presidente lo hace mal, el pueblo tiene la capacidad de echarle. Por tanto, la institucionalidad no corre peligro alguno de verse debilitada. Desde esta perspectiva, permitir, al menos, dos mandatos presidenciales como en EE.UU. no implica amenaza alguna y es un tiempo suficiente para realizar una labor de gobierno.