Comentario de aporrea: Prohibido olvidar el "background" de los integrantes del movimiento carmonista, quienes ahora pretenden ser paladines de la justicia, la honestidad y la democracia.
A continuación una denuncia hecha contra la periodista golpista y carmonista Marta Colomina, adeca (adeco es adeco hasta que se muera), amiga intima de Blanca Ibañez (barragana del entonces presidente ultra-corrupto Jaime Lusinchi), y quien causó perjuicios
patrimoniales millonarios a la nación durante su nefasta administración en el canal del estado Venezolana de Televisión.
Pueblo, conocelos. Quienes pretenden tumbar a Chávez son los mismos que llevaron el pais a la miseria.
¡Prohibido olvidar, carajo!
íAy Marticaaa!
Nota: los montos en bolívares corresponden al periodo 1984-1988
Caso: Venezolana de Televisión '89
Presidencia: Jaime Lusinchi (1984-1989)
Fecha de Suceso: 1984-1988
Fecha Denuncia: Febrero 1989
Denunciantes: Gonzalo Pérez Hernández (Diputado
MIN); Oscar Yanez (Diputado COPEI); Joaquin Marta Sosa (Presidente
entrante de VTV)
Involucrados: Marta Colomina de Rivera (Presidente de
VTV 1984-1989)
Investigadores: Comisión Permanente de Medios de
Comunicación Social de la Cámara de Diputados; Comisión de Contraloría de
la Cámara de Diputados, Contraloría General de la República; Tribunal
Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público
Denuncia: Desorden Administrativo, contratos
irregulares, mobiliarios desparecidos
Magnitudes: Bs. 140.696.008,oo (Déficit Presupuestario
1984-1987) !Ojo Pelao!... Hace 15
años
Materia: Canal del Estado
Historia
Ya en 1984 la C.A. Venezolana de televisión (CAVTV) -o VTV, como se le
llama comúnmente- había ocupado largos titulares de prensa gracias a
diversas denuncias que revelaban una empresa sumida en una desorganización
creciente; desorganización que según puede verse siguió su curso durante
la administración presidida por la Lic. Marta Colomina de Rivera. "En 1984
recibimos un canal inauiditable" declararía más tarde la conocida autora
del estudio sobre la televisión venezolana El Huesped
Alienante.
Desde sus comienzos, la administración de Marta Colomina de Rivera fue
blanco de numerosas críticas, comenzando por el inicio de su gestión con
una abrupta reducción de personal, que trajo como consecuencia amenazas de
huelgas en el canal y el "descabezamiento" de grupúsculos de poder que
fueron portavoces de diversas informaciones en torno a la administración
Colomina, pasando por los reclamos de diferentes empresas deudoras y las
incontables referencias a la estrecha relación que, según la prensa, unía
a Marta Colomina con la entonces secretaria privada de la
Presidencia, Blanca Ibáñez Piña, hoy señora de
Lusinchi.
Sin embargo, el gran caso Colomina comienza el 10 de Febrero de 1989,
cuando la administración de la empresa es entregada a Joaquín Marta Sosa,
quien había sido nombrado presidente de la empresa en asamblea
extraordinaria de accionistas en esa misma fecha: Terminaba el período
presidencial de Jaime Lusinchi y comenzaba el de Carlos Andrés Pérez. Para
formalizar el proceso de entrega y recepción de la presidencia, Marta
Colomina depositó un documento con el resumen de su gestión administrativa
avalado con un informe de auditoría realizado por la empresa de contadores
públicos Bello, Borges & Asociados. A fin de contrastar el informe
realizado por esta empresa y revisar que el análisis administrativo había
sido llevado a cabalidad, el presidente entrante contrató los
servicios de la firma auditora Espiñeira, Sheldon & Asociados. Puesto
que el nuevo informe no concordaba con el anterior sobre la situación
económica y financiera de la empresa, Joaquín Marta Sosa, envió los
recaudos a la Contraloría General de la República a fin de dilucidar el
verdadero estado financiero de la empresa que estaba recibiendo.
Ninguna de las dos firmas, pues, coincidió sobre "la verdadera
situación económica y financiera de la empresa". También, el 23 de Febrero
de ese mismo año, el Senado aprueba la petición de investigación de la
empresa y el presidente del Congreso de la República envía los recaudos al
organismo contralor. Por decisión unánime, el 20 de Julio de 1989, la
Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social de la Cámara de
Diputados remitió a la Comisión Permanente de Contraloría los recaudos
consignados por VTV (canal 8). El diputado Oscar Yanez (presidente de la
comisión solicitante) hace la petición para iniciar el proceso de denuncia
y las investigaciones pertinentes que permitieran el esclarecimiento de
los presuntos hechos ilícitos. El 2 de Agosto, el diputado Oscar Yanez
envía una comunicación al Tribunal de Salvaguarda del Patrimonio Público,
documento suscrito por el Escritorio Jurídico Jatar Alonso, Fernández
Concheso & Asociados. Primeramente, las nuevas gestiones contables
habían detectado fallas en la documentación que respaldaban las gestiones
de cobro. Espiñeira, Sheldon & Asociados partían de un saldo en
la cuenta Efectos y Cuentas por cobrar de Bs. 419.544.998,oo con una
provisión para cuentas malas o de dudosa recuperación de Bs.
223.298.419,oo, hecho que revela una diferencia en contra de VTV por Bs.
193.906.838,oo. Puesto que para la empresa de contadores toda cuenta con
una antiguedad mayor a un año luce como incobrable de acuerdo al tipo de
negocio publicitario por televisión o medios radioeléctricos, esta
cantidad pesaría sobre el patrimonio de la empresa llevándola a un
delicado estado financiero, ya que se originaba un déficit acumulado que
excedía los dos tercios del capital social. De haberse materializado esa
contingencia en contra de la empresa, esta debía necesariamente ponerse en
liquidación si los accionistas no decidían reintegrar el capital o limitar
el fondo social al capital existente. En otras palabras, si los pasivos
circulantes excedieran significativame! nte a los activos circulantes
existiría la incertidumbre de si la compañía podría generar recursos para
financiar sus operaciones futuras o proveerse de financiamiento adicional.
El análisis de la empresa contable Bello, Borges & Asociados mostró la
posibilidad cierta de pérdida o de riesgo de irrecuperabilidad de algunas
cuentas por cobrar, amén de las grandes fallas detectadas en la
documentación que respaldaba las gestiones de cobro.
En su informe, La Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados
estableció que el déficit desde 1984 hasta abril de 1987 ascendía a 140
millones 696 mil 8 bolívares. Podía observarse que se trataba de una
empresa fallida, manejada con criterios gerenciales que la habían
conducido a la quiebra financiera. Los parlamentarios detectaron un
abismal desorden administrativo en la cuenta de efectivo en caja y bancos:
marcadas diferencias en la relación de la caja chica en dólares, cheques
anulados cuyos asientos contables no fueron revertidos, depósitos no
registrados adecuadamente en los libros, cheques con más de un año de
antiguedad no entregados a sus beneficiarios, los cuales en su mayoría, no
correspondían a liquidaciones del personal que se encontraba en situación
de reclamo ante autoridades laborales. Tampoco encontraron documentación
que sirviera de soporte a muchas de las operaciones. Fueron facturas no
registradas, al igual que cobros realizados, doble facturación, registros
erróneos a cargo de clientes que no corresponden, cuentas de intercambio
-el eterno problema del canal- analizadas incorrectamente, cuentas no
registradas oportunamente, saldos de intercambio por consumir ya
consumidos, transmisiones televisivas a cargo de la cuenta de
intercambio no registrados (Bs. 8.112.446,oo), no autorizados o no
respaldados por contrato (Bs. 223.055,oo), contratos de intercambio sin
registrar (Bs. 24.016.324,oo), cuentas de deudores con saldos vencidos y
sin movimiento por causa de gestiones de cobros insuficientes y falta de
documentación de respaldo (Bs. 27.579.952,oo).
Todas estas irregularidades operativas-contables modificaban
sensiblemente el saldo presentado en libros y de ellos fue prueba la falta
de conciliación que se observó en los saldos de la partida de Intercambios
por Transmitir emitidos por el Dpto. de Administración y Ventas y por el
de Contabilidad. Asi mismo, destacó el hecho de que VTV tenía contratado
los servicios de gestión de cobro de la aministración Pifano, SRL, y ni
siquiera con esta compañía, el Dpto. de Contabilidad realizaba
conciliación de las cuentas a cobrar, existiendo una diferencia alarmante
de Bs. 78.577.610,oo en perjuicio de Venezolana de Televisión. Llama la
atención la cantidad y volumen de las cuentas por cobrar que se adeudaba
al canal del estado. A modo de referencia se cita solo algunos de ellos:
ARS publicidad (Bs. 16.098.822,oo); Corpa (Bs. 13.418.717,oo); J. Walter
Thompson de Venezuela (Bs. 14.182.057,oo); Lider Sport Producciones (Bs.
23.079.342,oo); Clepsidra (Bs. 23.223.074). Según la cuenta de inventario,
fue observada una serie de diferencias operativas-contables en el manejo
de este renglón, que según Espiñeira, Sheldon & Asociados disminuía el
patrimonio en Bs. 3.922.624.
La lucha a nivel de medios de comunicación fue encarnizada. Sin
embargo, no es mucho lo que puede decirse del caso a mediados del año 89,
puesto que para la fecha se encuentra en manos de la Contraloría General
de la República. En una conocida columna periodística, Marta Colomina es
tratada de "estrellada" por su declaración "En relación a nuestra gestión
al frente de VTV, nunca hemos negado la existencia de fallas
administrativas en un canal que se recibió inauditable en 1984 y al que su
débil estructura administrativa y aumento vertiginoso de sus ingresos
propios, hizo lenta la correción de las heredadas".
Con la aparición del Informe de la Contraloría General de la República
correspondiente al año fiscal 1990, se encienden de nuevo las
deliberaciones -y beligerancias- en torno al canal del estado. El
organismo contralor realiza una exhaustiva revisión de todo lo relacionado
con VTV, incluyendo denuncias aparecidas en prensa y los presuntos hechos
irregulares denunciados por los parlamentarios. Parte de este informe dice
lo siguiente:
-Negociación efectuada entre VTV y Televen (Juegos Seúl
1989) Una de las más fuertes acusaciones contra la ciudadana
Marta Colomina fue la responsabilidad de haber ocasionado un perjuicio
patrimonial a VTV por lo menos de 35 millones de Bolívares, por uso
indebido de señales utilizadas como miembro de la Organización de la
Televisión Iberoamericana (OTI) durante los Juegos Olímpicos de Seúl 1988,
con el agravante de que tal uso indebido puso en evidencia una aparente
actuación de la administración de VTV a favor de TELEVEN, canal 10.
Para ese año, VTV compartió la transmisión de la señal con TV Bandeirantes
de Brasil (asociada a OTI) y pagó por este servicio 15 mil dólares.
Por su parte, la empresa Televen, solicitó a Bandeirantes autorización
para la transmisión de los juegos, manifestando que VTV estaba dispuesta a
ceder parte del referido servicio, en virtud de lo cual la TV Bandeirantes
accedió mediante el pago de 5 mil dólares adicionales. Además Televen
aceptaba pagar a VTV el 50 % del contrato suscrito entre VTV y
Bandeirantes. Esta transmisión de Televen, que no era miembro de la
OTI, de los juegos olímpicos, originó que la OTI suspendiera por 2
años a VTV de los derechos como socio de esta organización, sin dejar de
pagar su cuota por ser socio durante el tiempo de suspensión, determinando
esto un perjuicio pecunario para la empresa, al que habría que agregar los
ingresos dejados de percibir por concepto de las ventas de publicidad. A
saber: VTV canceló a Bandeirantes los 15 mil Dólares; a la OTI 101,910,oo
Dólares más 21.809,oo Dólares por ser miembro y Televen no desembolsó por
no transmitir. VTV fue la única sancionada y Bandeirantes no. Esto
demuestra la falta de custodia en la administración de Marta Colomina.
-Casa-Quinta obtenida por Intermedio Comercial con Valencia
Entidad de Ahorro y Préstamo. En interpelación de la Contraloría
General de la República a la ex presidenta de VTV, Marta Colomina y el
entonces presidente Joaquín Marta Sosa, fueron descubiertas presuntas
irregularidades consistentes en la apropiación indebida de una
Casa-Quinta, de las 6 obtenidas por VTV por intermedio comercial con
Valencia Entidad de Ahorro y Préstamo. En Octubre del 85, se firmó un
contrato de publicidad entre VTV y la referida entidad de ahorro y
préstamo por la cantidad de 1.600.000,oo Bolívares, con el fin de realizar
una campaña publicitaria. A pesar de que el texto del contrato no
especificó el bien o servicio a recibir por VTV como forma de pago, de las
investigaciones realizadas se determinó que el intercambio estaba
representado por 6 Casas-Quintas ubicadas en la Urbanización Tamanaco,
Dtto. Falcón Estado Cojedes, con un valor unitario de Bs. 269.900,oo y,
extrañamente, esta operación aparece como compra venta de contado y no
pudo saberse quienes eran los propietarios.
Facturas y Mobiliarios. Apareció una factura de
Muebles REVI por 511.040,oo Bolívares, mobiliario que no se ubicó
materialmente en VTV y aparece a nombre de uno de los ejecutivos del
canal. Tampoco aparecieron aparatos electrónicos y mobiliario de oficina
otorgados por el Ministerio de Información y Turismo a VTV, según relación
del despacho ministerial.
Convenios VTV-CPT Publicidad C.A. Otra irregularidad
se presentó en los convenios de VTV con C.P.T. Publicidad C.A. de fecha
13-02-87, mediante el cual acordaron consolidar y compensar deudas,
quedando un saldo a favor de VTV de 1.1 millones de Bolívares, que CPT se
comprometió a pagar a través de publicaciones o promociones de VTV por
prensa, radio y otros medios de comunicación. Un año después se firmo otro
contrato con CPT, en el que esta empresa se obligaba a prestar servicios a
VTV de anuncios publicitarios en prensa, radio y otros medios por un monto
de 2 millones de Bolívares y VTV pagaría estos servicios, cediendo
espacios de publicidad en el canal del estado. Sin embargo, CPT no
presentó semanalmente la relación de servicios prestados no ajustándose al
convenio. Estos servicios ascendieron a 5,4 millones de Bolívares, según
96 facturas, 40 por 3.1 millones no poseían sello ni firma de la
dependencia receptora y de las facturas restantes por 2.3 millones, solo
presentaban firma 46 facturas por 2.1 millones. Por otro lado, VTV entregó
a CPT, como parte de pago del segundo convenio, bienes por un monto total
de 1.4 millones Bs.. Con respecto a la recepción de bienes a CPT, solo se
pudo comprobar fehacientemente la entrega de 2 Jeep Cherokee por un valor
de 666.408 Bs.
Viáticos de Marta Colomina. El 18 de Junio del 89,
había aparecido en el Diario de Caracas, una nota en la cual se señalaba
que Marta Colomina había recibido viáticos para viajes personales a
dólares preferenciales 14,50 para el exterior... Incluso llegó a recibir
tres montos diferentes para tres viajes, con la gravedad de haberse
realizado esos viajes el mismo día por la misma persona: Marta Colomina.
Según la contraloría, Marta Colomina realizo trece viajes al exterior,
habiendo recibido un total de viáticos por 69.585,83 Dólares y reintegro a
VTV solo 19.283,80 Dólares. Además recibió 108 pasajes aéreos para viajes
al interior del país por un monto de 97.849,oo Bolívares. Según el informe
de contraloría, todos estos viáticos fueron aprobados por el Ejecutivo
Nacional siguiendo los procedimientos legales vigentes. (¿¿??)
Productores Independientes. La situación de los
productores independientes constituye una de las peores anomalías dentro
del canal del estado. Un ejemplo de esto fue la detección de 4
contratos en iguales condiciones a la Sra. Enza Carbone Nery. El
primero era por 7000 Bs. Mensuales como locutora y animadora, para actuar
en presentaciones en vivo y grabadas. El segundo contrato era para
que la empresa productora grabara un programa de variedades llamado "Logre
su Logo". Tal contrato no se ejecutó, ya que Enza Carbone producciones
firma un tercer contrato el cual regiría las ventas de participaciones o
anuncios publicitarios que la empresa llevaría a cabo. Por último, un
contrato para prestación de servicios profesionales con caracter de
exclusividad para VTV para producir el programa "Esta Semana". Durante el
período 1-6-85 al 31-5-88 lapso en el cual estaban vigentes los contratos
con VTV y Enza Carbone Producciones, la ciudadana Enza Carbone había
recibido como locutora animadora Bs. 244.500,oo. VTV modificó la cláusula
5ta. del tercer contrato (Logre su Logo) en el sentido de no considerar en
la liquidación de este programa los costos de producción y pantalla,
decisión de la administración de Marta Colomina que ocasionó un incremento
de pago de Bs. 155.875,70. Igualmente se modificaron las cláusulas
contractuales del programa "Esta Semana", observándose una diferencia en
la liquidación del programa en contra de VTV por Bs. 551.743,63, debido a
su decisión de asumir todos los costos del referido contrato. Todo
esto sin contar que se determinó en los estados financieros en relación a
los programas antes mencionados que las cuentas por cobrar están
sobrevaloradas en 1 millón de Bolívares y las cuentas por pagar están
subvaloradas en 382.651,63 Bs.
La contraloría también analizó los contratos realizados por VTV
con los ciudadanos Simón Díaz y René Estevez de Simón Díaz Producciones
C.A., Sunrise TV Producciones C.A., Orlando Urdaneta Producciones SRL y
Televicentro C.A. encargada de producir a Guillermo González. Estos
contratos en resumen, determinaban 60% para los productores y 40% para el
canal del estado. Los gastos se harían a partes iguales. En el caso
de Simón Diaz, en el año 1989 quedaba un saldo a favor de VTV por
948.483,07; amén del sin número de irregularidades que obviaron la falta
de presentación de fianzas bancarias por parte de los contratados y las
omisiones e inexactitudes de los ingresos por publicidad, la contraloría
determinó que el saldo era a favor de Simón Díaz por un monto de 94.314,70
Bs.
En el caso de Orlando Urdaneta y Nelson Bocaranda Sardi, hubo
facturas dobles, omisiones de ingresos por publicidad, costos
elevados en la producción del programa y en la contratación de ambos
personajes, arrojando pérdidas en el caso de Nelson Bocaranda por 1.3
millones Bs. anuales y arrojando un total de pérdida por 10.5 millones de
Bs., reconociendo Marta Colomina como presidenta de VTV, montos superiores
a los verdaderos.