23 de noviembre de 2025.-El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA) concluyó que 49 participantes en las protestas sin precedentes que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021 —lo que los convirtió automáticamente en presos políticos— sufrieron detención arbitraria, desaparición forzada, juicios y condenas injustas, tortura, aislamiento y discriminación por motivos políticos y religiosos, informó English.Elpais.
Cuatro años después de la manifestación, que resultó en el encarcelamiento de más de 1500 personas, cubanos y organizaciones internacionales siguen exigiendo justicia. «Ha sido un largo camino, pero cualquier condena justa es positiva, por pequeña que sea la parte que represente de la realidad que viven los cubanos», declaró a EL PAÍS Javier Larrondo, director de Prisoners Defenders, la ONG que documentó y presentó los casos ante el Grupo de Trabajo.
Las conclusiones del organismo de las Naciones Unidas, presentadas durante su 103.º período de sesiones, muestran que algunos detenidos no fueron informados de los motivos de su arresto, no se les mostraron las órdenes de arresto ni se les informó de sus derechos legales. También muestran que los detenidos no fueron llevados ante un juez para impugnar su detención dentro de las 48 horas siguientes a su arresto inicial, y que algunos, tras su arresto, permanecieron incomunicados durante varios días y semanas, sin permitirles contactar con sus familias. Además, varios detenidos no tuvieron acceso a asistencia letrada ni fueron llevados ante un juez “para garantizar la legalidad de los procedimientos”.
“Dado el contexto en el que se produjeron estos arrestos, los casos descritos en la comunicación demuestran una violación sistemática de múltiples derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, especialmente el artículo 18, que garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y religión”, dictaminó el Grupo de Trabajo. También insistió en que los cargos penales contra los manifestantes “tienen como objetivo coaccionarlos por sus opiniones y participación política, así como disuadir nuevas protestas en esta zona”.
Prisoners Defenders, junto con un equipo de más de 10 abogados, se encargó de recopilar y analizar miles de documentos relacionados con los casos de 520 detenidos, de un total de más de 1180 presos políticos en Cuba. «Sin embargo, los recursos y las regulaciones limitadas del Grupo de Trabajo dificultaron la atención de todos los casos, por lo que nos pidieron que procediéramos por fases. Por lo tanto, de esos 520 casos, 17 se abordaron en 2024 y 49 en 2025», explica Larrondo. «Para un régimen dictatorial, es muy fácil detener, desaparecer, encarcelar y torturar a miles de personas. Demostrar la inocencia de cada una de ellas es una tarea titánica. El Grupo de Trabajo de la ONU ha demostrado su alto nivel de profesionalismo en su misión, a pesar de contar con apenas recursos suficientes para abordar una pequeña fracción de los miles de casos que ocurren cada año en Cuba».