No ha cumplido compromisos en salud, educación, infraestructura y servicios

Colombia: Deuda social de Juan Manuel Santos abre varios frentes en las calles

Bogotá, mayo 23 - Las tareas pendientes del gobierno de Juan Manuel Santos, incluidos los temas no resueltos de su primera gestión (2010 -2014), han abierto al Mandatario colombiano diferentes frentes con el pueblo en la calle protestando contra el olvido del Estado.

Las principales deudas sociales del Ejecutivo están en las reformas de salud y educación, el problema del campesinado y la falta de inversiones en infraestructura, amén de ajustes salariales. Docentes, taxistas, trabajadores penitenciarios, un departamento y una ciudad se movilizan desde el pasado 10 de mayo en demanda de reivindicaciones y por el cumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado en acuerdos realizados también tras jornadas de protestas y paros. En tanto, las comunidades indígenas denuncian las amenazas de la disidencia de las Farc y del rearme paramilitar.

Indefinido
Ocho millones de estudiantes quedaron sin clases a nivel nacional desde hace casi dos semanas luego de que los docentes afiliados a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, declararan una huelga indefinida en reclamo de aumentos salariales y mejoras en salud. Desde entonces, los educadores se movilizan en diferentes ciudades del país al no lograr acuerdos con el Gobierno. Al mismo tiempo, los pobladores del departamento del Chocó completaron 13 días de inactividades en el marco del “Gran paro cívico”. Exigen el cumplimiento del Ejecutivo de un pliego de peticiones de 10 puntos, acordado tras la paralización de 2016, referido a temas de salud, vías, educación y servicios públicos.

El Gobierno alega no tener los recursos prometidos, y solo está dispuesto a entregar 339 mil millones de dólares de los $720 mil millones pactados. Violencia. La ciudad de Buenaventura, en el valle del Cauca, por su parte, exige a Santos una declaratoria de emergencia social, económica y ambiental. El viernes, tras cuatro días de protestas pacíficas, la situación derivó en violencia, se presentaron disturbios y saqueos, por lo que las autoridades decretaron un toque de queda para controlarla. El gobierno local defiende al Ejecutivo y asegura que no es el responsable del deterioro de la entidad. No obstante, los residentes esperan dialogar con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tras marchar el domingo en rechazo a los saqueos. Los frentes contra Santos parecen no querer callar hasta que el Gobierno honre sus compromisos.

Las Farc han denunciado el aumento de la presencia paramilitar en la frontera con Ecuador, donde esa guerrilla está en pleno desarme. El incremento de homicidios de defensores de derechos humanos y activistas ha sido asociado a un repunte del paramilitarismo, que el Gobierno de Colombia se niega a aceptar, bajo conceptos como Bacrim (bandas criminales). En los primeros cuatro meses de 2017 se contaron al menos 42 asesinatos de activistas, así como los homicidios de un par de guerrilleros activos y varios familiares de insurgentes. El paramilitarismo también amenaza la paz.


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