La ONG Provea condenó este lunes la imputación contra la activista Martha Grajales y denunció irregularidades y violaciones al debido proceso.
«Tras casi 72 horas desde su detención y sometimiento a desaparición forzada, la activista de SurGentes, Martha Lía Grajales, fue imputada por el Ministerio Público por los delitos de «incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación», expresaron a través de sus redes sociales.
La exigencia de PROVEA resuena en un contexto donde la defensa de los derechos humanos se ha vuelto cada vez más desafiante. La organización reitera su compromiso de seguir trabajando para promover y proteger los derechos de todos los venezolanos, y hace un llamado a la comunidad internacional a no ser indiferente ante las violaciones que se cometen en el país. La defensa de los derechos humanos es una tarea que nos concierne a todos.
A continuación es texto íntegro:
COMUNICADO ÍNTEGRO:
La escasa información suministrada por el Ministerio Público a través de su cuenta en Instagram, se produce después de las insistentes denuncias de sus familiares, activistas y ONG sobre la desaparición forzada de Grajales, la negativa de los Tribunales de Caracas a recibir un Hábeas Corpus a su favor y tras el pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH, Volker Türk, quien este lunes pidió la liberación de la activista.
Sin embargo, el Ministerio Público sigue sin brindar información sobre el sitio y condiciones de reclusión de Martha Lía Grajales y admite que le fue negado el derecho a comunicarse con sus familiares y ser asistida por un abogado de confianza, violando el artículo 44 de la CRBV, una práctica que forma parte del repertorio de abusos cometidos por las autoridades judiciales del país.
Además de las irregularidades y violaciones al debido proceso admitidas por el Ministerio Público, la investigación, aprehensión e imputación de Grajales se produjeron de manera exprés.
Recordamos que Martha Lía Grajales fue víctima -junto a un numeroso grupo de madres de presos políticos-, de amenazas, agresiones físicas y robo, cometidas por «colectivos» paramilitares el pasado 05 de agosto frente al TSJ.
El miércoles 06 de agosto, Grajales acudió, acompañada de otras víctimas, a distintas sedes del Ministerio Público y el CICPC en Caracas con la intención de formalizar la denuncia por las agresiones sufridas, pero ambos organismos se negaron a recibir la denuncia.
Sí existía alguna investigación u orden de aprehensión en contra de Grajales, ¿por qué no fue informada en dicha ocasión en cumplimiento del artículo 49 de la CRBV?
¿Por qué el Ministerio Público se negó a recibir y tramitar las denuncias de Martha Lía Grajales y el Comité de Madres en Defensa de la Verdad por el ataque perpetrado por paramilitares, incluso, pese al pronunciamiento del Defensor del Pueblo condenando los hechos?
¿Por qué, a pesar de las denuncias por la desaparición forzada de Grajales, y la angustia de familiares y amigos por conocer el paradero de Martha Lía, el fiscal Tarek William Saab no informó oportunamente sobre la detención y la supuesta investigación de la activista?
El Fiscal y el Ministerio Público mantienen encendido el interminable ciclo de revictimización e impunidad que lesiona gravemente los Derechos Humanos.
