Caracas, 8 de agosto de 2025. La noche del 5 de agosto, más de cincuenta madres de jóvenes detenidos por causas políticas fueron agredidas mientras realizaban una vigilia pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El ataque, ejecutado por civiles armados encapuchados, ha sido denunciado por organizaciones sociales como una acción parapolicial que vulnera gravemente los derechos humanos.
Testimonios recogidos por medios alternativos y organizaciones como Surgentes indican que los agresores llegaron en motocicletas, vestidos de negro, y portando armas de fuego. Golpearon, insultaron y despojaron de pertenencias a las mujeres, muchas de ellas acompañadas por niños. La iluminación del TSJ fue apagada minutos antes del ataque y la presencia policial desapareció, lo que refuerza las sospechas de complicidad institucional.
El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, emitió un comunicado rechazando el ataque y exhortando a las víctimas a formalizar sus denuncias ante el Ministerio Público. Sin embargo, el pronunciamiento no incluyó exigencias de investigación ni medidas concretas para sancionar a los responsables. Las madres intentaron denunciar el hecho el día siguiente, pero no fueron recibidas por la Fiscalía, lo que ha sido señalado como un obstáculo al acceso a la justicia.
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El exministro Reinaldo Iturriza publicó una declaración ética que cuestiona el silencio institucional y la legitimidad de usar la fuerza contra madres desarmadas.
Diversas organizaciones han convocado una movilización de desagravio este viernes 8 de agosto a las 2 p.m. frente a la sede de la ONU en Altamira. El Comité de Madres en Defensa de la Verdad reafirmó su compromiso con la lucha pacífica por la libertad de sus hijos.