Al amparo de la teoría de Montesquieu, los intelectuales del viejo capitalismo iluminaron lo de la división de poderes, en interés del gobernante capitalista en la sombra. Por otro lado, tras la confección del aparato del Estado moderno, el poder político pasó a ser de su exclusiva competencia. Hay un solo poder, que reside en el pueblo, quien lo ha cedido para su ejercicio a minorías, a través de las distintas funciones estatales, para que se ha haga efectivo y sea posible el control del colectivo social. Elevar estas a la condición de poderes independientes es romper la unidad del Estado por oscuros intereses. Las tres funciones se ejercen como autoridad en el marco estatal por concesión del pueblo, pero en intereses de quien maneja los hilos políticos de un país, se las hace independientes en teoría, pero políticamente dependientes en el fondo. Para mantener el control, el gobernante real, que ha pasado a ser el máximo tenedor del poder del colectivo, permanece en la sombra tomando las grandes decisiones, que solamente correspondería tomar al pueblo. Tal situación responde a que las masas han venido siendo gobernadas desde siempre por minorías, que han alienado ese poder natural utilizando variedad de argumentos impuestos, pulsando diversos componentes del sentimiento personal en forma de creencias, utilizándolo a su propia conveniencia.
Si teóricamente el poder estatal es único e indivisible y pertenece al pueblo, sin perjuicio de que en la práctica es guiado e iluminado espuriamente por la minoría dirigente, en la práctica la separación de poderes es la ocasión, primero, para dividirlo, y, segundo, para aprovechando la división llevarlo en la dirección que interesa a los autores de montaje. Para asegurar la leyenda sacaron a escena el término democracia representativa. En definitiva, un tú mandas, pero estas sujeto a nuestros intereses y deja que nosotros mandemos. A fin de no llamar la atención sobre quien mandaba y no su legítimo mandante, se le dejo elegir, entre lo poco que había, a sus representantes. que resulta que no le representaban, y estos señalaron a quien le gobierna..Luego, dada la naturaleza de la función, se construyo una escala de selectos intelectuales para que enseñaran al pueblo lo que era justicia, adoleciendo de un defecto de fondo porque se trataba de su justicia, al amparo de lo que se entendía que decía la ley que se dice aplican. De todo este tejido resultaba que un grupo o grupos, llamados partidos, han venido teniendo en sus manos el gobierno único. Acaso se podría decir que la justicia es independiente, no estando sujeta al partido gobernante, pero la presencia del pueblo no se ve por ninguna parte, si se salva ese formalismo ocasional del jurado.
La leyenda continúa, las minorías con sus elites anulan el poder del pueblo, que solo asoma a escena para decir que vota a quienes se le presenta como los mejores, y dejan constancia de ello en base a la retórica, que poco tiene que ver con la realidad práctica. Es una entrega sin condiciones, basada en la creencia sin base racional. De tal manera que el sistema político no supone una mejora en el terreno real, aunque suene mejor en el plano puramente formal. Al igual que cualquier leyenda, con su componente fantástico, lo evidente es que tiene cierto atractivo para el personal que renuncia a la tarea de gobernarse.
Leyendas aparte, el hecho es que con esta construcción el pueblo pierde su poder de dirección política. El legislativo, es el partido, el ejecutivo más de lo mismo y el judicial, respetando a su manera la especialidad técnica jurídica, nota el peso el partido. En consecuencia, la partitocracia está servida. En la práctica, resulta que no hay tres poderes independientes, sino un único poder, que pertenece a quien hoy dispone de los mejores medios para operar en la tecnología del voto. Lo curioso es que en buena lógica, el poder exige control popular y este desaparece en el modelo. Por lo que respecta al ejecutivo es el líder del partido y su corte. El legislativo, siguiendo la dirección del ejecutivo en mayoría, saca a la luz leyes conforme a variados intereses, siempre ha cobijo del interés general, aunque quien representa el interés general no puede pronunciarse ni pedir responsabilidades por los desaciertos e inconveniencias. En el plano judicial los jueces interpretan la ley a su manera o conducidos por intereses oscuros o poco confesables y no es posible exigir responsabilidad por parte de quien tiene el único poder sobre el Estado.
Sucede que en la práctica, de manera clara o camuflada, la concentración de los tres poderes del Estado en el líder de un partido gobernante ha pasado a ser algo evidente, lo que convierte la teoría de la separación de poderes en una leyenda más del espectáculo que se ofrece a todos los niveles de la existencia. Dicho esto, sin perjuicio de poner en su sitio el sistema de la separación de poderes estatales, asociándolo a la democracia real, un control popular directo de las distintas actuaciones de las funciones estatales es imprescindible. Gobernantes de turno, legisladores de partido y jueces afines no pueden acogerse al poder que concede la autoridad prestada por el pueblo para obrar en forma acorde con intereses particulares. La necesidad de fiscalización popular, al margen del sistema formal, es necesaria, y en este punto el control del pueblo resulta indispensable.