A medida que avanzan las semanas de 2026, se vuelve cada vez más evidente que el proceso de despolarización del sistema mundial —aquel heredado del fin de la Guerra Fría y del triunfo indiscutible de Estados Unidos— comienza a mostrar síntomas claros de lo que podríamos denominar el envejecimiento del sistema capitalista.
Las acciones unilaterales contra Venezuela, que incluyeron el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro; las sorprendentes y forzadas negociaciones para la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, un movimiento que, más allá de la simple expansión territorial, supone un duro golpe a la OTAN; la deliberada intención de debilitar el derecho internacional y sus instituciones; la marginación de Europa en los asuntos de su frontera este con la Federación Rusa; la crisis con Irán, basada en una serie de demandas prácticamente inaceptables que recuerdan al ultimátum del Imperio Austrohúngaro contra Serbia, detonante de la Primera Guerra Mundial; todos estos eventos, combinados con la narrativa del gobierno norteamericano —cada día más polarizante y, hasta cierto punto, amenazante incluso con sus aliados—, son síntomas inequívocos de la futura crisis mundial que se avecina.
En un artículo anterior —¿Sombras de un nuevo reparto? El mapa de Martyanov y la despolarización forzada de Estados Unidos— intenté profundizar en los elementos geopolíticos, históricos y económicos esenciales de la crisis próxima. Sin embargo, en esta ocasión me propongo abordar un asunto central desde mi modesto enfoque: ¿cómo afectará el nuevo escenario político, económico y militar la legitimidad del Estado norteamericano ante su propio pueblo? Me centraré en la aceptación, por parte de la sociedad estadounidense, de sus instituciones, dado que en esta coyuntura tiene la responsabilidad histórica de evitar que su gobierno, en su afán por mantener el poder mundial, llegue a tomar medidas extremas contrarias a la vida en el planeta. Es una meta ambiciosa, sobre todo porque implica adentrarse en el terreno de la conciencia —y más aún, de la conciencia social de un pueblo—, una tarea muy compleja y abstracta. No obstante, me aproximaré a este objetivo apoyándome en la evolución de los hechos históricos de la nación estadounidense —entendiendo la historia como una lucha en la que lo económico es un determinante fundamental— y en su vínculo con las narrativas oficiales que, en distintos momentos, terminaron por legitimar su sistema estatal. No en vano, Karl Marx afirmó que "el lenguaje es la conciencia práctica"; de ahí la relevancia del análisis del discurso en temas de conciencia social.
Si bien los acontecimientos políticos dependen de una relación multidimensional de fuerzas sociales en pugna —con toda la complejidad sociológica, psicológica y económica que esto implica—, y el resultado de esta contienda no obedece necesariamente a la voluntad de una sola de ellas, las narrativas dominantes terminan siendo, en la práctica, la expresión deliberada de los intereses de la fuerza social hegemónica, además de intentar explicar la realidad.
Por otro lado, las vanguardias dirigentes de cada clase social juegan un papel importante como voceras de las aspiraciones de sus clases y, en algunos casos, como intérpretes de los escenarios de lucha. De este modo, tienen la posibilidad de orientar e influir, de alguna manera, en el desenlace de los acontecimientos. Las élites no determinan las luchas sociales, pero a través de sus narrativas pueden incidir en el rumbo de la contienda. Así, cuando en adelante me refiera a las élites dominantes, aludiré a aquellas vanguardias que influyen mediante sus relatos y discursos.
Llegado a este punto, es relevante revisar de manera general el concepto de legitimidad o aceptación social, y lo haré de forma global, pues no pretendo dar cátedra, sino solo plantear algunas pinceladas que sirvan de base para el análisis. La legitimidad de un orden social pasa por una narrativa hegemónica que explique la realidad de forma creíble y que satisfaga las pretensiones e interrogantes de la sociedad, tanto de la clase hegemónica que impone su orden y relato, como de las otras que terminan legitimándolo, aunque sea de forma parcial. Este equilibrio es bastante inestable, dado que las aspiraciones sociales parten de intereses económicos antagónicos en las formas sociales más complejas conocidas.
Este proceso de aceptación no es sencillo; la explicación de la realidad no está exenta de deformaciones interesadas en función del dominio de una clase sobre otra. La narrativa nunca corre a la misma velocidad que los acontecimientos; los hechos van por delante. Es precisamente en ese intervalo, ese limbo temporal entre el hecho y su interpretación discursiva, donde se abre el espacio fértil para la manipulación de las emociones, para la distorsión de lo que se percibe "a primera vista". Es el momento en que se puede torcer el relato, ocultar evidencias o imponer una versión interesada de los sucesos. Sin embargo, esta manipulación tiene un límite intrínseco: su temporalidad. Ese espacio de distorsión es, por definición, un intervalo, porque una premisa fundamental de la relación entre los acontecimientos y el discurso —que el lenguaje debe rendir cuentas a la realidad— termina por imponerse. Tarde o temprano, la narrativa debe confrontarse con los hechos, y si la contradicción es demasiado flagrante, la manipulación se derrumba como un castillo de naipes ante la tozudez de lo real. No olvidemos la propaganda nazi sobre la invencibilidad del Tercer Reich, que se estrelló contra las ruinas de Berlín en 1945.
Otro elemento importante es que la aceptación social opera en distintos niveles. Existe una aceptación forzada, impuesta mediante la coerción —el llamado poder duro—, donde un sector social acepta un estado de cosas por miedo. Sin embargo, para que esto sea realizable, debe estar presente otro actor: el agente coercitivo. Este, que voluntariamente arriesga su vida para cooptar al otro, debe haber sido convencido por un motivo; debe tener una línea discursiva que explique la realidad del conflicto, le otorgue sentido y, en última instancia, haga aceptable el sacrificio.
También existe una forma de aceptación más sutil: aquella que no requiere la amenaza de la fuerza, sino que se logra cuando el otro interioriza tu discurso como propio. Esta se alcanza precisamente a través de una narrativa que legitima y hace aceptable la sumisión. Estamos hablando del poder blando, de la capacidad de moldear las preferencias ajenas, de la manipulación para que las masas acepten un determinado orden.
Partiendo de estas premisas, analizaré el impacto potencial que el complejo escenario que se cierne sobre Estados Unidos podría tener sobre su legitimidad política —quizás la mayor crisis de aceptación de su historia—. Resulta crucial examinar este contexto, dado que, de materializarse, podría derivar incluso en una confrontación militar en el seno de la sociedad estadounidense, con consecuencias globales que pongan en peligro la vida en el planeta. Esta posibilidad no es descabellada: algunos científicos sociales, incluso aquellos alejados de la izquierda, como Neil Howe y Peter Turchin, han planteado desde su perspectiva la posibilidad real de una confrontación civil en Estados Unidos.
Para ello, como ya he señalado, me apoyaré en el análisis de la historia norteamericana, no limitándome a revisar sus resultados, sino también sus procesos. La dinámica histórica demuestra que las ciencias sociales comprenden mejor sus fenómenos cuando estudian sus procesos, por tediosos que parezcan, que cuando se limitan a sus resultados concretos.
La Evolución de la Narrativa Estadounidense: Del Consenso Fundacional al Consumo como Realización
Sobre este marco conceptual intentaré analizar la legitimación del orden estatal, político y económico de la sociedad norteamericana. Sobre la base de la evolución de los acontecimientos y sus narrativas, podré delinear algunos escenarios hipotéticos sobre el futuro.
Estados Unidos surgió como nación mediante la confrontación militar, independizándose de Inglaterra (1775-1783), teniendo como detonante la aspiración británica de resarcir los gastos de la guerra de los Siete Años con Francia mediante el cobro excesivo de impuestos a sus colonias. Sin embargo, el desafío fundamental de los "padres fundadores" no fue solo armado, sino profundamente político y discursivo: se trataba de unificar trece colonias, cada una con sus particularidades, su propio desarrollo y sus intereses económicos específicos. A diferencia de Gran Bretaña, que contaba con una clase dominante consolidada, una historia compartida y luchas comunes que habían forjado una identidad nacional, las colonias norteamericanas carecían de esos elementos que funcionan como fuerzas centrípetas. Eran territorios de ultramar, sin una aristocracia nativa ni tradición de autogobierno más allá de las asambleas locales.
Mucho antes de 1776, el territorio que acabaría siendo Estados Unidos albergaba una mezcolanza de realidades sociales, económicas y religiosas. Había colonias profundamente marcadas por un puritanismo conservador, como Massachusetts, donde los "padres peregrinos" habían establecido una comunidad con una férrea disciplina religiosa. Otras, como Pensilvania, fundada por los cuáqueros, mostraban una mayor tolerancia. Y en el extremo opuesto se encontraba Nueva York, que había nacido bajo el pragmatismo comercial holandés y conservaba un espíritu más laico, mercantil y abierto.
Las diferencias no eran solo espirituales, sino también económicas y demográficas. Mientras que en las colonias del sur —Virginia, las Carolinas, Georgia— la economía giraba en torno a las grandes plantaciones de tabaco, arroz y añil, sustentadas en la esclavitud masiva, en el norte la esclavitud era menos relevante y la estructura productiva se basaba en la pequeña propiedad agrícola, la pesca, la construcción naval y el comercio. En este contexto, ¿cómo lograr que trece entidades con intereses tan diversos —esclavistas y abolicionistas, grandes propietarios y pequeños granjeros, comerciales y agrícolas— aceptaran un gobierno común y se sometieran a su autoridad?
Esta diversidad llevó a los fundadores a plantear una forma de gobierno que permitiera crear consensos entre los sectores que habían levantado las banderas de la independencia. Así, se desplegó una compleja negociación que se plasmó en la Convención Constitucional de Filadelfia (1787). Los debates reflejaban la diversidad de partidas. ¿Cómo evitar que los estados más pequeños quedaran aplastados por la mayoría demográfica de Virginia o Massachusetts? El Gran Compromiso resolvió esta cuestión creando un Congreso bicameral: la Cámara de Representantes con representación proporcional a la población, y el Senado con representación igualitaria (dos senadores por estado).
Y luego estaba la cuestión de la esclavitud, la más espinosa. ¿Cómo contar a la población esclava a efectos de representación? Los estados del sur querían que los esclavos contaran para aumentar su peso en el Congreso, pero no para pagar impuestos. El resultado fue el Compromiso de los Tres Quintos: cada esclavo sería contado como tres quintas partes de una persona libre. Un pacto monstruoso desde una perspectiva ética, pero funcional desde la lógica del poder: permitió que los estados esclavistas aceptaran la Unión.
Todo este proceso —los debates, los acuerdos, las concesiones mutuas— se envolvió en un discurso de alta legitimidad, imprescindible para que, en medio de la lucha entre los distintos factores sociales, las grandes mayorías hicieran suya la idea central de la unidad político-territorial. Es allí donde surgió el discurso de la democracia como gran relato unificador, donde los habitantes de las trece colonias tenían el derecho de darse el gobierno que quisiesen y no el impuesto por un derecho divino. Los "padres fundadores" exacerbaron la retórica de la libertad, la igualdad y el gobierno del pueblo. Hablaron de derechos inalienables, de soberanía popular, de un contrato social libremente aceptado. La Declaración de Independencia se convirtió en el texto sagrado de esta nueva religión cívica: "todos los hombres son creados iguales", "dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables", "el consentimiento de los gobernados". Así, el discurso de la democracia y la libertad se convirtió en la línea discursiva fundamental para legitimar el naciente Estado norteamericano, a pesar de que la realidad social distaba de esa narrativa. Tal vez sea este el primer ejemplo histórico de cómo la retórica exacerbada termina moldeando la conciencia social.
Pero la narrativa no se detuvo allí. A medida que la nación se expandía, surgieron nuevos hitos que requerían nuevas legitimaciones. La Doctrina Monroe (1823), bajo el lema "América para los americanos", justificó la proyección hemisférica de Estados Unidos como un asunto de seguridad nacional, estableciendo una esfera de influencia exclusiva y advirtiendo a las potencias europeas que cualquier intento de recolonización sería considerado un acto hostil. Estados Unidos, con una fuerte influencia religiosa, debía tener la obligación moral —y hasta divina— de garantizar la libertad a sus estados vecinos, evitando satélites europeos que pusieran en peligro a la joven democracia. Lo que en principio se presentó como una defensa de las jóvenes repúblicas americanas se convertiría con el tiempo en la base ideológica para el intervencionismo y el expansionismo estadounidense en la región.
La Guerra de Secesión: una prueba de fuego para la unidad del pueblo norteamericano
En la continuidad histórica, la Guerra de Secesión (1861-1865) marcó otro punto de inflexión. Aunque el conflicto tuvo como causa central la pugnacidad entre los actores sociales a favor o en contra de la esclavitud —una contradicción insostenible para un país que se proclamaba defensor de la libertad—, es importante reconocer que los sectores dominantes promovieron esta guerra movidos principalmente por intereses económicos. Sin embargo, el relato oficial prefirió revestir la contienda con un fuerte barniz idealista.
La victoria del Norte industrial sobre el Sur agrario consolidó un modelo de desarrollo capitalista de carácter industrial, impulsando las fuerzas productivas. Este nuevo escenario trajo consigo la necesidad de construir un relato que diera sentido a las transformaciones en curso: la industrialización, la expansión ferroviaria, la creciente demanda de mano de obra barata y la necesidad de crear un mercado de consumidores. Era preciso preparar a la población para asumir los roles que el nuevo modelo económico exigía.
Fue entonces cuando comenzó a tomar forma el discurso de Estados Unidos como "la tierra de las oportunidades". Esta narrativa operaba en dos direcciones. Hacia afuera, funcionaba como un imán para atraer a millones de inmigrantes europeos, ofreciéndoles la promesa de que, con esfuerzo, cualquier persona podía forjarse un futuro próspero en América. Hacia adentro, este mismo discurso cumplía una función estratégica: sentaba las bases culturales que más tarde legitimarían la sociedad de consumo. El lenguaje oficial ya no se sostenía únicamente en los ideales de democracia y derechos políticos; empezaba a incorporar una nueva dimensión: la realización personal a través del consumo, presentada como una recompensa natural del trabajo sostenido.
Es en este contexto donde la clase media comenzó a ser presentada como el ejemplo vivo de que el esfuerzo tiene recompensa. En contraste, para los obreros —tanto nativos como inmigrantes— la tierra de las oportunidades resultaba ser una promesa relativa: ofrecía más posibilidades que otros países, pero a costa de una explotación que no guardaba proporción con los ingresos obtenidos.
Industrialización, luchas obreras y el desafío de la democracia formal
El despegue del capitalismo industrial a finales del siglo XIX y principios del XX no se produjo en una burbuja, sino en un contexto global de efervescencia social que influyó en las luchas de clases que se acentuaban con el desarrollo industrial. Las luchas obreras se intensificaron tanto en Europa como en Estados Unidos. La Comuna de París (1871), el crecimiento de los movimientos socialistas y anarquistas, y la publicación del Manifiesto Comunista habían puesto en el centro del debate la cuestión del poder de la clase trabajadora. En Estados Unidos, las condiciones laborales eran extremadamente duras: jornadas de diez a doce horas, trabajo infantil generalizado y una violencia patronal feroz contra cualquier intento de organización sindical, lo que dificultaba la aceptación de una tregua social.
El punto de mayor efervescencia se produjo en Chicago en 1886, cuando una huelga general por la jornada de ocho horas desembocó en la trágica Revuelta de Haymarket. El 4 de mayo, una bomba lanzada contra la policía durante una manifestación anarquista sirvió de pretexto para una brutal represión. Ocho líderes obreros fueron sometidos a un juicio sin garantías y condenados a muerte, convirtiéndose en los "mártires de Chicago". La prensa de la época, alineada con los intereses patronales, no dudó en calificar a los huelguistas de "truhanes y malhechores" y de "rufianes rojos comunistas". Este episodio, que daría origen a la celebración del 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, evidenció la profunda fractura social que el industrialismo estaba generando y el caldo de cultivo de lo que posteriormente las élites denominarían el "peligro comunista".
Es tal vez durante el periodo que va desde los años veinte —cuando la economía norteamericana desplazó a la británica del liderazgo mundial, en una etapa de sobreproducción amortiguada por el crédito y el consumo—, pasando por la gran crisis de los años treinta y el surgimiento del Estado benefactor, que buscaba evitar la revolución social, hasta llegar al inicio del llamado "keynesianismo militar" surgido de la Segunda Guerra Mundial, cuando el discurso de la democracia americana tomó su forma más acabada. Este proceso contribuyó a construir un núcleo de ideas capaz de legitimar ese orden naciente, donde el individuo se sintiera realizado —en lo colectivo— mediante el voto y —en lo individual— mediante el consumo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, llegó el momento en que una mayoría del pueblo norteamericano pudo consumir productos hasta el punto de satisfacer no solo sus necesidades, sino también sus deseos, todo a costa de la explotación capitalista del resto del planeta. Con su territorio intacto, su industria a pleno rendimiento y las economías de Europa y Asia devastadas, Estados Unidos emergió como la potencia hegemónica indiscutible, en condiciones materiales óptimas para ejercer un dominio sofisticado sobre su propio pueblo. Fue en este contexto donde tomó cuerpo el "keynesianismo militar". A diferencia del keynesianismo social de Roosevelt, que buscaba estimular la economía mediante inversión pública en programas sociales, el keynesianismo militar proponía que el gasto en defensa podía funcionar como motor de la demanda agregada y garante del pleno empleo. Durante las décadas de 1950 y 1960, la economía estadounidense experimentó un crecimiento sostenido, con bajas tasas de desempleo y una creciente clase media que accedía a niveles de consumo nunca vistos. El complejo industrial-militar se consolidó como un pilar de la economía nacional.
La nueva lógica, estructurada al fragor de la crisis económica, la confrontación con el movimiento comunista y la guerra mundial, resultó brillante en su sencillez y profunda en sus implicaciones: si el ciudadano común no podía ejercer un poder político cotidiano —la democracia representativa establecía el derecho al voto solo cada cierto tiempo—, entonces el sistema norteamericano terminó ofreciendo un poder sustitutivo, de naturaleza individual, que pudiera ejercer a diario: el poder del consumo.
El razonamiento discursivo operaba de la siguiente manera: "Eres libre porque votas cada cuatro años, pero también —y quizás más importante en tu vida diaria— eres libre porque eliges qué comprar, qué automóvil conducir, qué ropa vestir, qué programa de televisión ver. Tu soberanía como ciudadano se expresa en las urnas, pero tu soberanía como individuo se expresa en el mercado. Esta segunda soberanía, la del consumo, te otorga un sentido de protagonismo y realización constante. No necesitas participar en asambleas populares; tu participación en la vida social se canaliza a través de tus elecciones como consumidor".
Era el escenario perfecto, que había tomado forma al calor de la confrontación y se había cristalizado en la conciencia colectiva mediante una narrativa extraordinariamente diseñada. Así, los ciudadanos comunes pudieron, en su mayoría y a pesar de la explotación, ser reconocidos y realizados mediante el mercado, pero limitados en sus derechos políticos para el ejercicio cotidiano del poder. Mientras tanto, se delegaba a la élite el control casi exclusivo de los asuntos del Estado, en un nuevo pacto social a la americana. Definitivamente, cuando Francis Fukuyama analizaba la necesidad del reconocimiento como elemento que contribuyó al triunfo de la sociedad consumista sobre el comunismo, tenía, de cierta forma, razón.
Sin embargo, este curso de los acontecimientos terminó atando al sistema norteamericano a la existencia de un imperio. Su posibilidad real de mantener un nivel —incluso irracional— de consumo, muy por encima de las capacidades productivas reales de la nación, terminó sosteniéndose mediante la práctica imperialista: el consumo se reanimaba artificialmente bajo el pretexto de la seguridad nacional o mediante la financiación externa de la economía. El "modo de vida americano" de la posguerra no fue solo un fenómeno sociológico, sino también una respuesta geopolítica a la amenaza soviética. En plena Guerra Fría, Estados Unidos podía mostrar al mundo un modelo donde la clase trabajadora accedía a niveles de consumo impensables en cualquier otro lugar. Este modelo servía como argumento definitivo en la batalla ideológica contra el comunismo.
La Globalización del Discurso: De la Seguridad Nacional a la Protección del "Modo de Vida Occidental"
Como ya he señalado, con el inicio de la Guerra Fría el Estado norteamericano adquirió dimensiones imperiales, lo que exigió también una narrativa de alcance global. Esta ya no solo debía legitimar el orden interno, sino impulsar la aceptación de un nuevo orden internacional. Aunque el curso de los acontecimientos ya había sido trazado por una dinámica histórica promovida por las élites, el verdadero problema era otro: ¿cómo hacer moralmente aceptable una política militarista —con todo el drama humano que implicaba— si esa misma política era la que garantizaba el disfrute de un consumismo "realizador"?
La respuesta llegó con la configuración de un nuevo enemigo global "temible": la Unión Soviética. Por supuesto, existía un antagonismo real entre el naciente imperio global norteamericano y la URSS, que bajo el mando de Stalin también aspiraba al liderazgo mundial. Sin embargo, el expansionismo soviético y la amenaza del comunismo internacional fueron hábilmente magnificados, convirtiéndose en el eje de una nueva narrativa internacional. Esta se complementaba con el discurso dirigido al pueblo estadounidense, vinculando la seguridad nacional con el temor a perder el "modo de vida americano".
El razonamiento era simple pero efectivo: el sistema soviético representaba una amenaza existencial no solo para la integridad territorial, sino para el conjunto de valores, libertades y, sobre todo, el nivel de vida que los norteamericanos habían alcanzado. La Unión Soviética dejaba de ser un simple adversario geopolítico para convertirse en el antagonista de una forma de entender la vida —la del "individuo social"— basada en la democracia formal, el consumo, la propiedad privada y la realización individual a través del mercado.
La crisis fiscal de los años 70 y el agotamiento del modelo
Con el tiempo, el "keynesianismo militar" mostró una contradicción interna que se manifestó con crudeza en la década de 1970. El mantenimiento de un enorme complejo industrial-militar, sumado a los costos de la guerra de Vietnam y a las crecientes tensiones fiscales, generó un déficit público creciente. La crisis del petróleo de 1973, el estancamiento económico y el aumento del desempleo producto del desarrollo tecnológico en la industria militar pusieron en evidencia que el pacto implícito —sacrificio fiscal a cambio de seguridad y prosperidad— empezaba a resquebrajarse.
La pregunta crítica para los sectores gobernantes entonces era: ¿cómo sostener el aparato militar si el pueblo norteamericano ya no podía —o no iba a estar dispuesto— a financiarlo en su totalidad?
Es en ese momento cuando una jugada clave terminó inclinando los acontecimientos y creó los canales legítimos para que el mundo financiara al Estado norteamericano a cambio de seguridad contra el "expansionismo soviético". Me refiero al acuerdo que Henry Kissinger selló con Arabia Saudita en 1974: a cambio de protección militar y apoyo al régimen, los saudíes se comprometieron a vender su petróleo exclusivamente en dólares y, con el tiempo, a invertir sus excedentes en bonos del Tesoro estadounidense. Pronto, el resto de la OPEP siguió el ejemplo. Este sistema del petrodólar no solo aseguró una demanda perpetua y artificial de la moneda estadounidense —el privilegio del "señoreaje" que tanto ha analizado Michael Hudson—, sino que también obligó a cualquier país importador de petróleo a mantener reservas en dólares, abriendo las puertas para el financiamiento del creciente déficit fiscal estadounidense. Para entonces, presenciábamos la maduración de un imperio a escala global.
Así, para el resto de los sectores dirigentes del "mundo libre", un argumento se volvió razonable: si Estados Unidos asumía la responsabilidad de garantizar la estabilidad global —protegiendo a los aliados europeos, asegurando las rutas marítimas y, crucialmente, garantizando la seguridad de los países productores de petróleo—, entonces era lógico que el mundo contribuyera a financiar ese esfuerzo.
Sin embargo, la nueva situación también requirió de una hábil operación discursiva dirigida a la opinión pública que redefinió el papel de Estados Unidos en el mundo. El compromiso del gobierno estadounidense ya no se limitaba a defender el modo de vida americano, sino a garantizar la seguridad del "mundo libre" y, más ampliamente, del "modo de vida occidental" basado en los derechos humanos, el bienestar social y la democracia.
La caída de la URSS y el mundo unipolar bajo el unilateralismo de Washington
Como es bien sabido, después de más de cuatro décadas de Guerra Fría, en 1991 el antagonista "necesario" sobre el cual los estrategas estadounidenses habían diseñado sus políticas globales desapareció. Resulta esclarecedor iniciar esta parte del análisis con dos citas sobre ese momento que vivió la humanidad a finales del siglo XX y principios del XXI.
Antes de la desintegración de la URSS, el estratega George F. Kennan, arquitecto de la doctrina de la contención, expresó: "Si la Unión Soviética se hundiera mañana bajo las aguas del océano, el complejo industrial-militar estadounidense tendría que seguir existiendo, sin cambios sustanciales, hasta que inventáramos algún otro adversario. Cualquier otra cosa sería un choque inaceptable para la economía estadounidense". Por su parte, en el verano de 2002, Karl Rove, asesor estratégico de George W. Bush, pronunció otra frase que marcaría la actuación de Estados Unidos en este nuevo periodo: "La gente cree que las soluciones provienen de su capacidad de estudiar sensatamente la realidad discernible. En realidad, el mundo ya no funciona así. Ahora somos un imperio, y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Y mientras ustedes estudian esa realidad, nosotros actuamos de nuevo, creando otras realidades nuevas. Somos los actores de la historia, y a ustedes solo les queda estudiar lo que hacemos".
Con el triunfo en la Guerra Fría, el planteamiento, a partir de las condiciones geopolíticas reales, seguía siendo el mismo: la economía estadounidense debía continuar siendo financiada por el resto del mundo para evitar una gran crisis que pusiera en peligro el sistema global. Detrás de este planteamiento, el verdadero peligro residía en la posibilidad de que el Estado norteamericano se deslegitimara al no contar con la financiación externa, situación que se sumaba a la creciente desindustrialización. Sin embargo, mantener la legitimación de tal estado de cosas en el nuevo escenario mundial requería seguir apoyándose en el discurso de defensa del "mundo libre" y del "modo de vida americano".
En el nuevo contexto, cualquier situación que pudiera gestionarse desde los centros de guerra psicológica —con el objetivo de crear un enemigo antagónico que ocupara el lugar de la URSS y así justificar la defensa del "mundo libre"— se volvía imprescindible. La posibilidad de ejecutar una maniobra propagandística, similar en esencia a la del golfo de Tonkin, había sido anunciada hipotéticamente por Rove y Kennan; de ahí que sus citas se mencionen aquí. Ese enemigo estratégico artificial se convertiría en la excusa perfecta para mantener activo el gran aparato tecnológico, militar e industrial como máxima garantía para el mundo libre.
Fue así como los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 sirvieron para dar forma a ese enemigo antagónico que, supuestamente, anhelaba destruir la cultura occidental. La manera en que se abordaron comunicacionalmente esos dolorosos sucesos, en combinación con otras amenazas nunca comprobadas —como las armas de destrucción masiva en Irak—, permitió que el imperio presentara ante el mundo a su nuevo villano: el terrorismo islámico.
En esa oportunidad, el discurso apeló al argumento infundado de una supuesta amenaza por parte de grupos islámicos que, según se afirmaba, representaban un peligro existencial para el "modo de vida americano" y el "mundo libre". Ya no se trataba únicamente de un discurso basado en la libertad, la democracia y la solidaridad —aunque hipócrita—, sino de una narrativa tan abstracta que terminaba difuminando la línea entre pequeños grupos radicalizados y las grandes mayorías inocentes que practicaban el islam. En el fondo, esta retórica se convirtió en una declaración de guerra contra los pueblos de la periferia capitalista que se negaran a subordinarse. La célebre frase "están con nosotros o están contra nosotros", pronunciada por George W. Bush, ilustra lo polarizante de aquel momento.
Las presidencias de Donald Trump y el fin de las apariencias
Llegamos así a la década de los veinte del siglo XXI con un Estados Unidos a las puertas de una grave crisis económica, marcada por un aumento desmedido de la deuda pública —36,2 billones de dólares a finales de 2025—, un proceso de pérdida de legitimidad del dólar como moneda hegemónica (en el último año, el oro ha ido ganando terreno como activo de reserva mundial) y el hecho de que la prometida reindustrialización de Trump no termina de materializarse más allá del discurso. Estamos ante síntomas inequívocos del inicio de una profunda crisis económica que promete ser mucho mayor que la Gran Depresión de los años treinta. No me detendré a profundizar en este tema, pues ya lo abordé en mi trabajo anterior, "¿Sombras de un Nuevo Reparto? El Mapa de Martyanov y la Despolarización Forzada de Estados Unidos". Sin embargo, resulta interesante destacar que durante la Gran Depresión, las potencialidades del Estado y la nación norteamericana eran muy distintas en algunos puntos esenciales.
En ese momento, el derrumbe se manifestó fundamentalmente en la economía financiera, que terminó arrastrando al aparato productivo, aunque sin llegar a desaparecer este último. A pesar de la crisis, la capacidad industrial instalada permanecía intacta y con posibilidad de reactivarse. Más allá de los dogmas liberales, existía aún la capacidad del Estado para intervenir y salvar la situación. Era posible tomar medidas como: inyectar dinero a los trabajadores mediante el aumento del empleo público, potenciando el consumo; otorgar contratos a los sectores privados para reactivar la producción; y mejorar la infraestructura del país con miras al fortalecimiento de las capacidades industriales futuras. Además, una política monetaria destinada a reducir el valor del dólar permitiría mejorar la capacidad de exportación. Estas fueron algunas de las estrategias que posteriormente hicieron posible la recuperación.
Como puede observarse, la clave de la recuperación fue la existencia de una capacidad industrial real que, al reactivarse, contaba con el impulso suficiente para restaurar la economía nacional. En el caso actual, la acentuada desindustrialización haría muchísimo más difícil una recuperación de ese tipo.
Otro elemento fundamental en un escenario de crisis es la caída en la tasa de ganancia a nivel mundial, incluso dentro de Estados Unidos. Este fenómeno se convertiría en un muro difícil de franquear al intentar una reindustrialización. Dicha reindustrialización exigiría que el trabajador norteamericano percibiera un salario lo suficientemente alto como para mantener el nivel de consumo necesario que garantice la aceptación social del sistema. Sin embargo, unos salarios más altos contribuirían a disminuir los ya reducidos niveles de rentabilidad de los empresarios.
Una posible solución sería el uso masivo de la inteligencia artificial y la robótica en la industria. Sin embargo, esta vía atenta contra el empleo mismo y, por consiguiente, contra el consumo. De implementarse masivamente estas nuevas tecnologías en el plano industrial, la única alternativa para sostener la demanda sería profundizar el otorgamiento de crédito al consumidor, como se ha hecho en otras coyunturas. Pero entonces surge una pregunta ineludible: ¿cómo pagar esas deudas a futuro si ni siquiera existiría la esperanza de un empleo?
En fin, viendo el desarrollo de los acontecimientos, cabe preguntarse: ¿estarían países como Japón dispuestos a invertir en la industrialización de Estados Unidos, pagando sueldos elevados para que el ciudadano norteamericano mantenga su consumo, mientras ellos asumirían la importante caída de la tasa de ganancia de esos negocios?
Algunos análisis han planteado el escenario de una "racionalización" del imperio: una aceptación de que la época del unilateralismo ha pasado y de que debe admitirse una necesaria multipolaridad. Sin embargo, pensar en esta posibilidad es, en el fondo, una ilusión. La esencia de un imperio, al final del día, consiste en garantizar que todas las demás estructuras sociales mantengan el orden de privilegios que asegura su propia existencia. Actuar de otra forma constituiría ser algo distinto a un imperio.
En este caso, desgraciadamente, el Estado norteamericano terminó atando su existencia a la condición de imperio. Su legitimidad social descansa hoy sobre un consumismo desmedido de amplias capas sociales, y perder esa posibilidad imperial lo haría inviable, pues la capacidad industrial de Estados Unidos, por sí sola, ya no alcanza para satisfacer esas ansias de consumo. He aquí la encrucijada del sistema norteamericano.
La profunda crisis de legitimidad del sistema americano en el siglo XXI
El gran secreto del sistema norteamericano durante el siglo XX fue haber interpretado de forma audaz los acontecimientos sociales y, con ellos, haber tejido una lógica narrativa sofisticada de legitimación social. Una alquimia sutil mediante la cual vastas capas de la sociedad terminaron por abrazar el orden establecido, convencidas de que en él encontraban la promesa —aunque tantas veces distorsionada— de su realización personal.
Los estrategas norteamericanos intuyeron —o más bien internalizaron— una realidad profunda que supieron potenciar a favor de sus intereses: toda sociedad termina legitimándose en el terreno de la relación dialéctica entre el individuo y su entorno. Por un lado están las necesidades materiales más elementales y, por otro, la necesidad —igualmente vital— de reconocimiento, de sentirse parte, de alcanzar ciertos niveles de felicidad a través del desarrollo de las potencialidades humanas, un proceso que necesariamente transita por la mirada de los otros. Comprendieron, además, que esa realización solo puede florecer en el seno de lo colectivo. No obstante, juzgaron que convenía más a una sociedad capitalista moderna vincular el desarrollo de esas potencialidades a la lógica del tener en lugar de hacerlo a la del ser.
La respuesta práctica a esta ecuación se resolvió con pragmatismo e imaginación, dentro de los límites de su Estado-nación. El vehículo fue el consumismo, convertido en práctica social y cultural. Allí, el ciudadano común encontraba algo más que objetos: al comprar, satisfacía necesidades reales, pero también accedía a un universo simbólico donde los deseos se volvían reconocibles. Un buen automóvil dejaba de ser una máquina para convertirse en emblema de éxito; el trabajo, en el esfuerzo que cristaliza en bienes; y la posesión, en un síntoma tangible de realización. Así, a la manera americana, la felicidad se volvió algo que podía exhibirse.
Con el curso de los acontecimientos actuales, todo parece indicar que la estrategia de legitimidad social —materializada en el lenguaje a través de expresiones como "modo de vida americano", "democracia" o "libertad"— se ha vuelto ahora irrealizable, a medida que la condición imperial del Estado norteamericano comienza a mostrar síntomas de resquebrajamiento.
El escenario internacional actual refleja una contradicción cada vez más profunda en el sistema capitalista: la que enfrenta al capitalismo productivo —basado en la industria— con el capitalismo rentista, centrado en los mercados financieros. Esta tensión lleva a que los países que aún sostienen su economía sobre la producción comiencen a buscar alternativas frente a un capitalismo financiero cada vez más dominante, que tiende a vivir a expensas del primero. En el fondo de esta disputa se gestan fenómenos como la incipiente "desamericanización" de China, un proceso que, de profundizarse, podría erosionar la legitimidad del sistema estadounidense y, con ella, la viabilidad misma de su Estado-nación.
He aquí, con toda crudeza, parte del fenómeno de senilidad del sistema capitalista en su conjunto, tal como el profesor y militante comunista argentino Jorge Beinstein llegó a profetizar hace más de una década.
Lamentablemente, no poseo una bola de cristal, ni tengo acceso a información clasificada para predecir con exactitud los escenarios venideros. Tampoco deseo ser irresponsable dando forma a teorías conspiranoicas. Sin embargo, trataré de hacer una modesta predicción basándome en la narrativa del presidente norteamericano y, en especial, en el reciente discurso de su secretario de Estado, Marco Rubio, en la última cumbre de seguridad de Múnich. A la luz de mi diagnóstico, sus discursos nos muestran la posibilidad de una conflagración civil en Norteamérica.
El Discurso de la División: "Ellos" vs. "Nosotros" en la Retórica de la élite norteamericana
Un análisis detenido de las intervenciones públicas de Donald Trump revela una estrategia narrativa orientada a crear las condiciones psicológicas para la configuración, en un futuro próximo, de un país polarizado en dos bandos antagónicos. Por un lado, un "nosotros" que representa a la "verdadera América": la América blanca, descendiente de Europa, de su cultura y civilización —tal como lo expresó Marco Rubio en Múnich—. Por otro lado, un "ellos" conformado por una amenaza interna y externa. En el plano externo, se trataría de pueblos considerados "bárbaros", como los latinoamericanos, los pueblos de religión islámica, los asiáticos y los eslavos, que no compartirían los valores de la civilización occidental. En el plano interno, la amenaza provendría de una "invasión silenciosa" de estos mismos pueblos, que ya constituyen importantes sectores sociales dentro del país y que se convertirían en un gran peligro para la estabilidad del Estado norteamericano. Esta visión se refleja en el siguiente fragmento del discurso de Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich: "Y en nuestra búsqueda de un mundo sin fronteras, abrimos nuestras puertas a una ola de migración masiva sin precedentes que amenaza la cohesión de nuestras sociedades, la continuidad de nuestra cultura y el futuro de nuestro pueblo".
Atrás ha quedado el discurso inclusivo del "nosotros", elemento esencial para una narrativa basada en la "democracia", "la libertad", "la tierra de las oportunidades" y "el modo de vida americano", que tan útil ha sido para la legitimación del orden social norteamericano. Entonces surge la pregunta: ¿qué lleva a los sectores actualmente gobernantes a modificar un discurso que hasta ahora había sido legitimador?
Evidentemente, las realidades han cambiado y, dentro de sus cálculos, ese discurso ya no será funcional en el futuro. Esto se presenta como un síntoma de la crisis de legitimidad. De seguir este desarrollo, la nueva narrativa se basará en la distinción entre un ciudadano "verdaderamente americano" y otro que no lo es. La peligrosa polarización en una sociedad marcadamente diversa —atrapada en el limbo entre la vieja narrativa legitimadora y el nuevo discurso que aspiran a imponer— no es solo un anticipo, sino las primeras señales de un espectro de confrontación más violenta.
La Segunda Enmienda, que otorga el derecho a portar armas, combinada con una polarización extrema, deja de ser un riesgo teórico para convertirse en una amenaza real.
La estrategia de señalar a grupos específicos como "los grandes culpables" es particularmente evidente en el trato hacia las comunidades afroamericana y latina. Según cifras oficiales, la población afrodescendiente supera los 36 millones de personas, una comunidad cuya historia y lucha son intrínsecas a la identidad norteamericana moderna. A pesar de su importancia, han sido objeto de ataques que buscan deshumanizarlos. Un ejemplo es el trato reciente hacia figuras públicas como Barack Obama, a quien en campañas de odio digital se le ha comparado con un mono, un clásico recurso de la supremacía blanca para deshumanizar a los líderes afroamericanos. Del mismo modo, Trump ha dirigido un ataque especial contra la congresista de origen somalí Ilhan Omar, calificándola de "basura" y utilizando un lenguaje denigrante sobre Somalia. Este ensañamiento no es un caso aislado; es un mensaje directo a la comunidad afroamericana e inmigrante de que su presencia es una amenaza.
Paralelamente, la comunidad latina —y en particular la mexicana— ha sido el centro de un discurso antiinmigrante virulento. La población de origen mexicano es una de las más numerosas del país, con cifras equiparables a la comunidad afroamericana. Su presencia es histórica y fundamental para la economía. Sin embargo, el discurso oficial los ha criminalizado sistemáticamente, vinculándolos con la delincuencia y el tráfico de drogas. En su discurso por los cien días de gobierno, Trump intensificó su retórica contra los migrantes venezolanos, a quienes vinculó, sin pruebas, con la banda criminal Tren de Aragua para justificar deportaciones masivas y el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. El mensaje es claro: los latinos son "los peores de los peores", una "invasión criminal" que debe ser expulsada.
Definitivamente, esta dinámica discursiva, al complementarse con una crisis económica en puertas, contribuirá a erosionar la aceptación del sistema por una parte de la sociedad. Un discurso tan radical solo conseguirá enfrentar a unos contra otros, haciendo insostenible la democracia estadounidense tal y como la conocemos. ¿Será acaso que, en su lógica, la única manera de preservar un determinado nivel y modo de vida para los "verdaderos americanos" pasa por execrar a una parte del pueblo, y que están dispuestos a buscar ese objetivo cueste lo que cueste, incluso a través de una guerra civil?
Analizado en profundidad, el escenario sugiere que el discurso de Trump, lejos de ser un arrebato de locura, constituye el preludio de una operación mucho más compleja y perturbadora. Tal vez estén buscando "racionalizar" el Estado nacional —quizás mediante la limpieza étnica o la deportación masiva— con tal de mantener un modo de vida americano para solo un segmento social y unos márgenes de ganancia para otros, muy pocos numéricamente hablando. Tal vez Trump no sea un accidente, sino la expresión de algo que ha venido para quedarse.
Llegados a este punto, la pregunta que debemos hacernos quienes observamos desde una posición humanista no es si Trump está "loco" o si sus declaraciones son meramente provocadoras. La pregunta es otra, mucho más incómoda y profunda: ¿puede el proyecto de una Norteamérica redefinida étnicamente —un imperio en ruinas que busca sostenerse reduciendo drásticamente quiénes son considerados "americanos"— tener viabilidad sin una ruptura violenta? ¿Es posible aplicar un programa de depuración cultural y social de esta magnitud sin que la sociedad termine por estallar?
Con un discurso radicalizado, supremacista y que raya en la xenofobia por parte de la élite gobernante, y con una crisis económica y social que alcanza una profundidad tal que el Estado mismo pierde su legitimidad —pues ya no se trata de una recesión cíclica o de un ajuste temporal—, el escenario es totalmente explosivo. Estamos ante un callejón sin salida estructural, donde la base material que sostenía el viejo pacto social —consumo a cambio de pasividad política— se ha venido erosionando de manera sostenida e irreversible.
Frente a esta embestida de los acontecimientos, los sectores históricamente oprimidos y explotados del país —trabajadores precarizados, comunidades afrodescendientes y latinas, inmigrantes indocumentados, jóvenes sin futuro— no permanecerán impasibles. El pueblo norteamericano humilde ha mostrado en la historia reciente su capacidad de lucha: el movimiento que puso fin a la guerra de Vietnam, las batallas por los derechos de los afroamericanos que han conmocionado al país, e incluso las protestas recientísimas contra el ICE. Este sector, que integra al norteamericano de a pie, al ser señalado como el enemigo interno, al ver que las promesas de integración se desvanecen y que la única perspectiva que le ofrece el sistema es la exclusión o la deportación, comenzará a organizarse. No como víctimas pasivas, sino como un sujeto histórico con conciencia de que su supervivencia depende de transformar el orden existente. Esa rebelión popular, defensiva en sus inicios, puede volverse rápidamente ofensiva si encuentra cauces de organización y dirección política.
Pero la fractura no solo vendrá desde abajo. También desde arriba, y con intereses muy distintos. Los estados que aún conservan un tejido industrial significativo —Texas, Ohio, Indiana, California— miran con creciente recelo a un gobierno federal atrapado en su lógica imperial y financiera, incapaz de ofrecer soluciones reales a la crisis productiva. Estas burguesías regionales saben que su supervivencia económica pasa por desmarcarse del naufragio general. Como en los años treinta, antes del New Deal, algunos estados podrían intentar aplicar políticas propias para sostener el empleo y la actividad económica. Pero hoy, con la crisis mucho más profunda y el Estado federal más debilitado, la desobediencia institucional podría derivar en algo mayor: la secesión como salvavidas, como intento de preservar un modelo de acumulación regional a costa de romper la unidad nacional.
Así, el escenario que se perfila es el de una fractura doble y simultánea. Desde abajo, una rebelión popular multirracial que lucha por el derecho a existir y a vivir con dignidad. Desde arriba, una fragmentación territorial impulsada por élites regionales que buscan salvar lo que pueden del naufragio. Ambas dinámicas, lejos de excluirse, pueden retroalimentarse. La rebelión popular debilitará aún más al Estado federal, y la fragmentación territorial abrirá espacios de poder donde nuevas formas de organización social podrían ensayarse, para bien o para mal.
En un país donde la legitimidad del Estado se haya desvanecido, donde la economía no ofrezca salida alguna y donde el discurso oficial empuja abiertamente a la guerra de unos contra otros, la confrontación deja de ser una posibilidad remota para convertirse en una tendencia objetiva. Puede adoptar la forma de rebelión, de guerra civil o de secesión, o quizás una combinación de todas ellas. Pero lo que parece difícil de sostener es la idea de que las cosas puedan seguir como hasta ahora. Las contradicciones se han acumulado durante décadas, y la historia nos enseña que cuando eso ocurre, la realidad siempre encuentra la manera de estallar.
Y si ese estallido finalmente se produce, si el espectro de la confrontación civil deja de ser una hipótesis académica para convertirse en una realidad cotidiana en las calles de Estados Unidos, entonces surge la pregunta más urgente: ¿de qué lado estará la clase trabajadora blanca de ese país? ¿Del lado de sus vecinos de clase —sean latinos, afroamericanos, asiáticos o blancos pobres— o del lado de sus verdugos? Porque en esa respuesta no solo se jugará el futuro de Estados Unidos, sino también, muy probablemente, el equilibrio de poder en el planeta y, con él, las condiciones para que la vida —tal como la conocemos— continúe siendo habitable.
Venezuela, 23 de febrero de 2026
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