Desde la República Dominicana se conspira contra el orden democrático de
Venezuela. Y a pesar de las reiteradas advertencias de nuestro gobierno,
la administración del Presidente Hipólito Mejía ha declinado dar a este
problema una respuesta cónsona con la magnitud del perjuicio causado a
nuestros intereses.
El gobierno venezolano ha decidido suspender el suministro de petróleo
que hasta ahora recibía, a precios preferenciales, nuestro vecino del
Caribe. Quienes ahoran hablan de un presunto "chantaje" por parte de
Venezuela, presuponen que cualquier país o grupo de poder tiene el
derecho de vulnerar nuestros intereses.
¿De donde dimana este presunto "derecho" de agredir impunemente a los
venezolanos? Ciertamente no del ordenamiento jurídico internacional.
Tampoco de los valores básicos de la civilización; a menos de que se
esté dispuesto a presuponer nuestra inferioridad /a priori/ como pueblo.
Tenemos el derecho a defendernos. Sin duda alguna.
Aún así conviene distinguir con claridad entre un pueblo y el gobierno
que lo rige. Cuando el gobierno dominicano tolera la sedición contra
Venezuela en su territorio, se coloca al margen del derecho
internacional y de las normas básicas de la convivencia entre las
naciones. Demuestra también ingratitud hacia la asistencia que ha
recibido del pueblo venezolano; asistencia que le ha permitido sumistrar
energía barata a su gente. Como consecuencia lesiona los intereses de
su propio pueblo.
Quizás la acción de nuestro gobierno les inspire a calcular que les
sirve mejor: cooperar con nosotros o ayudar a quienes pretender destruír
nuestra democracia.
Una reflexión similar debe hacer el gobierno de Colombia. Nuestros
hermanos colombianos han sufrido décadas de violencia que han afectado
la vida de todas sus clases sociales. Como consecuencia, medio millón de
colombianos han decidido buscar una vida mejor en suelo venezolano. Los
hemos acogido con solidaridad. Y hemos asumido el costo económico y
social que significa aumentar en esta magnitud nuestra población.
En esta, y muchas otras formas, hemos apuntalado la estabilidad de
Colombia. El gobierno en Bogotá debe ponderar esta realidad, ante
cualquier tentación de plegarse a aventuras políticas y militares contra
Venezuela.
Para encontrar la seguridad que tanto desean y merecen, los colombianos
necesitan de una Venezuela en paz. Y una Venezuela en paz requiere de un
gobierno con la firme voluntad de defender los intereses de los venezolanos.
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