Tras su misión como embajador en Caracas, y luego de un breve periodo como
representante alterno de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU en Ginebra (1991-1992), Otto Reich centró sus actividades
en la promoción de una "transición democrática" en Cuba. Una pieza clave de
esa estrategia fue una organización denominada Consejo de Negocios Estados
Unidos-Cuba, creada en 1993 e integrada por varias compañías
multinacionales, entre las cuales destacaban Bacardí-Martini Inc.,
Coca-Cola, Ford-Motors, Chiquita, Kelley Drye and Warren, General Motors,
Miami Herald, Pepsi-Cola y Texaco.
Reich, quien años más tarde se desempeñaría como cabildero (lobbysta) de
las compañías multinacionales American Tobacco Company, Lockheed Martin
-empresa del complejo militar industrial que produce armas para la
Secretaría de Defensa de Estados Unidos, entre ellas los aviones F-16- y
Bacardí (en el intento de despojo de la marca Havana Club que pertenece a
Cuba), ocupó la presidencia del Consejo de Negocios.
En forma simultánea, Reich asesoró a los legisladores que estaban
elaborando la Ley Helms-Burton y las modificaciones a la Sección 211 sobre
marcas y patentes. La Helms-Burton -también conocida como la "ley de la
esclavitud" o "ley Bacardí-, contiene una legislación extraterritorial,
prototipo y vanguardia de las leyes colonialistas del ALCA (Area de Libre
Comercio de las Américas) que se vienen negociando en secreto. Vía
paralela, por medio del Centro para una Cuba Libre, fundado en 1997 por su
viejo amigo de Georgetown University, Frank Calzón, Reich impulsó acciones
legales para reforzar el bloqueo e impedir las inversiones de compañías
extranjeras en Cuba.
La legislación contenida en la Helms- Burton codifica el bloqueo de Estados
Unidos y establece con detalle lo que sería una Cuba posCastro. Según la
ley, el levantamiento del bloqueo sólo podrá darse una vez que hayan sido
indemnizadas las propiedades confiscadas por Cuba y devueltas a sus
antiguos propietarios estadunidenses. A tales efectos, el presidente de
Estados Unidos nombraría un "coordinador", cuya misión principal sería
asegurar la "transición" en la isla. Ese "coordinador" se encargaría de la
distribución de la asistencia de Estados Unidos a Cuba durante un supuesto
gobierno de transición.
Como en Irak
Llama la atención que en ningún momento se habla de un gobierno cubano,
sino de un "coordinador" nombrado por el presidente de Estados Unidos. Es
decir, como se intenta establecer ahora en Irak: un procónsul. Pero, ¡vaya
casualidad!, el "coordinador" nombraría un Consejo de Negocios Estados
Unidos-Cuba, que tendría el mismo nombre que el que preside Otto Reich.
Según la Sección 203 de la Ley Helms-Burton, ese consejo estaría encaminado
a coordinar las actividades del gobierno de Estados Unidos y el sector
privado, para guiar la llamada "transición democrática" en Cuba. La ley,
aprobada en 1996, sigue el mismo esquema que se está aplicando ahora en
Irak. Pero al menos no habla de "reconstrucción". Por lo que en el reparto
del pastel cubano, según los cálculos originales de los promotores, de
producirse una eventual transición pacífica en la isla, las beneficiarias
principales serían las compañías multinacionales que integran el Consejo de
Negocios Estados Unidos-Cuba que preside Otto Reich.
Con habilidad, Reich, quien fue promovido a su nuevo cargo de "enviado
presidencial especial" para América Latina de la administración Bush por
los sectores más radicales del exilio cubano -en particular la Fundación
Nacional Cubano-Americana, y su clon, el Consejo para la Libertad de Cuba-,
ha quedado perfilado, hipotéticamente, para ocupar el lugar en Cuba que Jay
Garner pretende desempeñar en Irak: gobernador de 23 millones de iraquíes.
El sueño de Otto Reich es regresar a su antigua patria como procónsul de
Washington.
Fábrica de Disidentes SA
Pero para que funcione el plan, Washington necesita crear, financiar y
dirigir una fuerza contra en Cuba, similar a la que comandó desde Honduras
John D. Negroponte en la guerra sucia contra la Nicaragua sandinista. Con
algunas variables, esa es la función que le ha sido encomendada ahora a
James Cason, viejo compinche de Reich y Negroponte en sus aventuras
centroamericanas de los ochenta.
No hay duda que desde que llegó a la isla en septiembre de 2002, Cason ha
desquitado su sueldo. Como jefe de la Oficina de Intereses de Estados
Unidos en La Habana, su tarea ha sido poner "a punto" la labor iniciada por
sus antecesores Sullivan, Michael Kozac y Vicky Hudleston, es decir,
organizar una oposición interna en Cuba, con eje en el publicitado Proyecto
Varela y un autodenominado Partido Liberal Cubano.
Pese a que la Sección de Intereses no tiene rango de embajada, las
actividades de Cason pueden definirse como en abierta violación de las
leyes que rigen el comportamiento diplomático. Pero a eso lo mandaron a La
Habana. Según el canciller cubano Felipe Pérez Roque, la misión de James
Cason es fabricar una "quinta columna" con vocación "anexionista". "Cason
ha convertido la Sección de Intereses en el estado mayor y el cuartel
general de la subversión interna en Cuba", afirmó el ministro el 9 de
abril.
Según las revelaciones que hizo ese día Pérez Roque -a partir de las tareas
de inteligencia realizada por topos de la seguridad del Estado infiltrados
en los grupos disidentes y con acceso directo a la misión estadounidense y
a la propia residencia de Cason-, las instrucciones que éste recibe están
articuladas de manera directa con las proyecciones de la Ley Helms-Burton
hacia Cuba, y son reforzadas con mil 200 horas semanales de transmisiones
de Radio Martí, que en contravención de las reglamentaciones de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones viola el espacio radioeléctrico cubano
con llamados a la subversión interna, a cometer sabotajes y a la deserción
y emigración ilegal.
Según declaró en diciembre pasado el propio Cason a una televisora de
Miami, uno de sus objetivos es reunir a diversos grupos de oposición en
torno a un programa mínimo de 10 puntos. En esa ocasión Cason identificó a
tres líderes visibles del proyecto: Vladimiro Roca, Marta Beatriz Roque y
Osvaldo Payá. El funcionario estadunidense admitió que el plan para la
"transición democrática" es consultado en Miami con la Fundación Nacional
Cubano-Americana y el Consejo para la Libertad de Cuba, que hasta ahora
habían venido impulsando actividades terroristas para derrocar al
presidente Fidel Castro.
De acuerdo con las propias palabras de Cason, su labor es "ofrecer
información, apoyo moral y espiritual" a personajes que "han recibido
premios de derechos humanos europeos y en otras partes del mundo". Los
"premios" y la supuesta defensa de los "derechos humanos" son dos
componentes claves de la estrategia subversiva de Washington. Según Cason,
los premios sirven "para que el mundo se entere qué está sucediendo en
Cuba". Sólo que los premios y la promoción de "líderes" en derechos humanos
que viajan por el mundo -como Osvaldo Payá, la figura de moda inventada por
Carlos Alberto Montaner y promovida por Washington-, están presupuestados y
salen del bolsillo de los contribuyentes de Estados Unidos.
La estrategia para la construcción de líderes es sencilla y el ejemplo de
Osvaldo Payá elocuente: se crea un membrete, una organización de fachada o
una ONG ad hoc (en su caso el Proyecto Varela); se le organizan giras bien
publicitadas y programadas para que lo reciban grandes personalidades (el
papa Juan Pablo II; el jefe del gobierno español, José María Aznar; el
presidente Vicente Fox, el secretario de Estado Colin Powell), y se le
conceden premios que van haciendo visible al personaje (Payá recibió el
premio Sajarov de derechos humanos del Parlamento Europeo y ha sido
propuesto como candidato al Premio Nobel). Así se va construyendo cierto
perfil de credibilidad sobre la figura a potenciar, tarea que es
amplificada después por propagandistas y "grandes plumas democráticas"
distribuidos en los medios masivos de América y Europa.
La distribución de los recursos
La ruta del dinero, en su parte pública -según reveló Pérez Roque-, pasa
por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (acápite
109 de la Helms-Burton). En su parte oculta se canaliza vía los servicios
especiales -incluidos los agentes que operan bajo fachada diplomática en la
Oficina de Intereses-, presupuesto previsto en el acápite 115 de la ley
(apoyo para "organismos de inteligencia" de Estados Unidos). Entre 1997 y
2002, la USAID destinó a esos fines 22 millones de dólares. El 2 de marzo
el secretario de Estado asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental,
Curtis Struble, señaló que la USAID invertirá este año 7 millones de
dólares como "apoyo económico" en Cuba, y el 26 de ese mes Colin Powell
anunció ante el Senado un presupuesto de 26 millones 900 mil dólares para
las transmisiones de Radio y Televisión Martí.
La propaganda hace el resto: se multiplica la idea de que Payá y su
Proyecto Varela son un producto autóctono, surgido de la "sociedad civil",
cuando en realidad con un intento de oposición fabricado y financiado por
Washington. El caso del "poeta" Raúl Rivero, multicitado estos días a raíz
de su condena en los juicios sumarios por traición a la patria en el marco
de la ley antídoto a la Helms-Burton, es similar. Antiguo miembro de las
asociaciones de periodistas y escritores de Cuba, sufrió una conversión
vertiginosa: fue contratado por el poderoso Herald de Miami, el diario más
conservador del sur de Florida, y catapultado a la vicepresidencia para el
Caribe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a los
dueños de principales medios de Estados Unidos y América Latina. Vieja
cueva de conspiradores de la época de la guerra fría al servicio de
Washington.
Esa es parte de la trama que ha sido desarticulada parcialmente en Cuba con
los procesos de abril, y cuyos hilos seguirán moviendo los antiguos ex
guerreros contras rehabilitados por los halcones de la administración Bush,
entre ellos Negroponte, Reich, Elliot Abrams y Roger Noriega.