9 de julio de 2009.- A finales de 2008 se llevó a cabo una Conferencia sobre la Crisis Económica Mundial, a continuación les presentamos la intervención de Hugo Arias, economista, miembro de la Comisión de Investigación de la Deuda Externa (Presidencia de la República de Ecuador) y miembro de la Comisión Presidencial para la construcción del Banco del Sur:

1. INTRODUCCIÓN

El endeudamiento agresivo de la década de los 70 se origina en la crisis de acumulación de la economía de EEUU. La flotación del dólar frente al oro y el traslado de los excedentes financieros vía préstamos al Sur fue una de las medidas anticrisis. Los objetivos de este endeudamiento fueron, en efecto, múltiples: Obtener del Sur jugosos réditos de sus capitales improductivos, recurriendo a la usura y al fraude; promover las exportaciones de sus corporaciones; facilitar jugosos contratos a sus empresas constructoras; y controlar nuestras economías e imponernos políticas neoliberales:  más mercado y menos Estado, privatizaciones, libre comercio, inversión protegida, desregulación financiera, subordinación del sistema  jurídico nacional a leyes y  tribunales internacionales 

En el Ecuador, con el endeudamiento se garantizó la producción petrolera, la reforma institucional, legal, monetaria y, a la vez, la violación del régimen monetario que se adoptó. Todos estos elementos son antecedentes de la sucretización, bonos Brady y Global, espina dorsal de un crimen voluminoso. La banca internacional y local acaparó el poder económico y político y puso la riqueza del país a su servicio con el respaldo del FMI y BM. 

La auditoría de la deuda emprendida por el Presidente Rafael Correa con la participación ciudadana, es un hecho histórico sin precedentes que ha permitido, por un lado, probar con documentos en manos la historia de un atraco que ha generado pobreza en la población ecuatoriana y daños ambientales irreversibles, y,  por otro, poner en evidencia, una vez más, como la violencia, la usura y el fraude forman parte de los métodos de acumulación del sistema financiero internacional. Esto quiere decir que la liberación de nuestros pueblos pasa por la ruptura de la cadena de la deuda y la construcción de un nuevo sistema financiero internacional, regional y nacional. 

En esta breve ponencia expondré el problema de la deuda pública de Ecuador, la nueva política del gobierno, la creación de la Comisón de auditoría y las conclusiones y recomendaciones de su Informe Final. 

Ecuador: un país privado de sus propios recursos 

Pese a la disponibilidad de importantes recursos naturales y financieros, Ecuador es uno de los países más pobres de América Latina.

La desnutrición crónica afecta al 50% de niños a nivel nacional, y al 70% de  niños del campo. La anemia afecta al 72% de los niños menores de 1 año, y al 40% de las mujeres embarazadas. El 80 % de la población no tiene acceso a ninguna clase de seguridad social.

En el campo de la educación, 1 de cada 3 escuelas públicas es unidocente; 98% de escuelas unidocentes no disponen de agua potable, alcantarillado, recursos didácticos; la escolaridad promedio a nivel nacional es de seis años y en el área rural de tan sólo cuatro años. El 20 % de la población más pobre apenas dispone del 2 % del ingreso nacional, mientras el 20 % más rico concentra más del 60 % del ingreso. 

El estado actual de la deuda externa de Ecuador. 

No cabe duda que uno de los factores causantes de la pobreza es el enorme endeudamiento al que ha sido sometido el país durante los últimos 30 años. La deuda externa  subió de 240 millones de dólares en 1970 a 17.400 millones en el 2007. Incluyendo la deuda pública interna, cuyo servicio se paga en divisas, por tratarse de una economía dolarizada, la deuda total sobrepasa los 20.600 millones de dólares. 1

La deuda pública externa (10.379 millones de dólares) tiene como acreedores a los Organismos Internacionales (43% de la deuda), los tenedores de bonos y la banca (40 % de la deuda) y los gobiernos (17%).

Los datos de la deuda demuestran un atraco descarado y permanente  por parte de los acreedores. Comparando los desembolsos efectivos y el servicio de la deuda externa total, pública y privada, el país ha pagado entre 1970 y 2006 USD 127.308 millones de dólares,  frente a  USD 81.591 millones de desembolsos recibidos, lo que da una transferencia neta a favor de los acreedores de 45.000 millones de dólares. Y aún debemos  USD 17.000 millones2. Y lo que resulta más grave y escandaloso es que del total de la deuda externa contratada entre 1989-2006, solamente un 14% del total de los desembolsos anuales se han destinado a inversiones en desarrollo; el 86% restante ha sido para pagar las amortizaciones e intereses de la deuda externa.    
 

Este endeudamiento perverso y  desmesurado tiene un impacto dramático en el presupuesto del Estado, en la vida de la gente, en la economía y el ambiente. El pago acumulado de amortizaciones e intereses de la deuda pública, entre 1996 y el 2006, sumó US$ 41.177 millones cifra que representó el 65 % de los ingresos del presupuesto del gobierno, mientras que los gastos destinados a educación y salud, en el mismo periodo, representaron apenas $US 7.382 millones (12%) y $US 2.736 millones (4%), respectivamente3. Entre los países de América Latina, según datos de la CEPAL del año 2001, el Ecuador, después de Nicaragua, era el país que menos dinero inviertía por persona  en salud y educación. 

El saqueo sistemático de los recursos naturales y del ahorro nacional, promovido por la política neoliberal y los ajustes estructurales, a más de los irreparables daños ecológicos, impidió durante más de 30 años la inversión en sectores estratégicos como la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el petróleo y la infraestructura del transporte. Las empresas petroleras, eléctricas y de telecomunicaciones se convirtieron en botín político de los grupos de poder económico, en espera de “la inversión extranjera”. La producción tuvo tasas negativas de crecimiento en las décadas del 80 y del 90, y en esta década, pese al precio favorable del petróleo, el crecimiento es insuficiente para atender las necesidades básicas de la población, pues el pago de la deuda sigue absorbiendo la mayor parte de los escasos recursos. Más pobreza, desempleo, dolor humano, migración y destrucción de la naturaleza son las consecuencias de un sistema financiero perverso, de una deuda calificada de injusta, inmoral e ilegítima.  
 

Una deuda con claros indicios de ilegitimidad4 

El endeudamiento obedece más a los intereses de los acreedores que a las necesidades del Ecuador. El país comienza a endeudarse justo cuando se  descubre petróleo en el nororiente. En la década del 70 el PIB del Ecuador crece en diez veces gracias al petróleo, pero la deuda crece en veinte veces, debido a la abundancia de petrodólares y eurodólares que requerían ser invertidos en el Sur para no perder su rentabilidad, dado la recesión de las economías del Norte. Por otra parte,  este endeudamiento comienza en una dictadura militar, es decir en un gobierno ilegítimo, causando que este proceso de endeudamiento, desde su origen, sea irregular e  ilegítimo. Esto se debió a   la  dictadura antes señalada y a la presión de los acreedores, interesados en saquear el oro negro que empezaba a surgir en el país.

Luego vino la crisis de la deuda en los años 80,  como consecuencia de la escandalosa subida de la tasa  de interés en  más del 250% por decisión unilateral del gobierno de EEUU, a través de la Reserva Federal,  y la caída estrepitosa de los precios de las  materias primas.   Para garantizar el pago de la deuda, el FMI, el Comité de Gestión en representación de la banca internacional y el Club de París, en representación de  los gobiernos acreedores del norte, obligaron a nuestro gobierno a refinanciar las deudas originales y  a estatizar las deudas privadas, un fardo que aún pesa en la deuda ecuatoriana. La deuda se volvió insostenible, sin embargo, los  acreedores buscaron las formas para exigir su pago y agrandarla aún más mediante onerosas renegociaciones: nuevas deudas para pagar deudas, castigos de mora, altas tasas de interés y la revalorización obligada de  papeles de deuda casi descartados del mercado. Todos los convenios de refinanciamiento son redactados por los acreedores a su conveniencia y están plagados de cláusulas abusivas, en las que  exigen, entre otras cosas, la renuncia a la soberanía y a la inmunidad, someten al país  a tribunales internacionales y declaran la  primacía de dichos convenios sobre la constitución, leyes, decretos y normas del país. 

En la década del 90, el Ecuador perdió la oportunidad de acogerse al derecho de prescripción5 de su deuda comercial, establecido por las leyes de EE.UU y Londres, para los casos de mora por más de seis años consecutivos. Por falta de recursos, el Ecuador suspendió el pago del Capital de la Deuda Comercial desde 1984 (Deuda Pública) y 1986 (Deuda privada asumida por el Estado).

Inexplicablemente, el Presidente Sixto Durán  Ballén y el Ministro de Finanzas (e) Sebastián Pérez Arteta firmaron el Decreto Ejecutivo No. 333 del 9 de diciembre de 1992, autorizando la renuncia a la prescripción de la deuda comercial, perdiendo así una oportunidad histórica de anular una deuda  que  a la fecha  sumaba US$ 6.992 mil millones. La RENUNCIA A LA PRESCRIPCIÓN constituye per se un acto doloso muy grave en contra de los intereses del país y además adolece de nulidad por cuanto no firmaron los acreedores, contraviniendo el Decreto Ejecutivo, pues  solamente lo hicieron Mario Rivadeneira, Ministro de Finanzas, y Ana Lucía Armijos, Gerente del Banco Central del Ecuador (BCE).

En 1995, las deudas prescritas y como tales declaradas nulas, fueron canjeadas con bonos Brady (4.521 millones de capital y 2.549 millones de intereses vencidos). En este canje, por arte de magia se convirtieron 1.750 millones de dólares, valor del mercado de los papeles  de la deuda ecuatoriana en 1994, en 5.896 millones de dólares frescos y exigibles, con la complicidad de los gobiernos y altos funcionarios de turno, partícipes de jugosos botines.  De este monto, 3.347 millones fueron garantizados con bonos colaterales del tesoro de EE.UU. financiados con nuevos créditos multilaterales.

En la década del 90, los banqueros con el  poder en sus manos y fieles a los principios del Consenso de Washington,  cambiaron las leyes a la medida de sus intereses y neutralizaron a los organismos de control, con la ayuda técnica del FMI y del  Banco Mundial, promotores de la liberación financiera. Las reformas constitucionales de 1997 y 1998, viabilizaron la venta de las empresas públicas, la privatización de los fondos de la seguridad social y la disposición de los fondos del Banco Central para cubrir la iliquidez e insolvencia de la banca cambista (Arts. 247, 249 y  transitoria 42). Y lo que es más grave, subordinaron el Sistema Jurídico Nacional a los acuerdos o convenios internacionales.

Además, se crearon nuevas leyes como, la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la iniciativa privada, leyes reformatorias a la Ley de Hidrocarburos, Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado,  ley reformatoria a la Ley de Telecomunicaciones, Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Ley de Creación del Fondo de Solidaridad, ley reformatoria de la Ley de Creación del Fondo de Solidaridad, Leyes Trole I y II. 

Con un crédito del Banco Mundial y del Japón se creó el Consejo Nacional de Modernización (CONAM), para reducir el tamaño del Estado y ampliar el poder de las empresas multinacionales. Para esto se suprimió la planificación, se eliminó el Comité de Crédito Externo, se liberaron las empresas públicas del control del Estado para ser acaparadas por mafias económicas y políticas, se desregularizó la banca, facilitando el atraco de los recursos públicos y de los sectores productivos, se liberó el comercio, desprotegiendo a los pequeños productores.

Estas reformas condujeron a  la  crisis de 1999. Con este pretexto los banqueros saquearon los fondos  del Banco Central, congelaron los depósitos y luego saquearon los  ahorros y depósitos de los clientes. Más tarde crearon la Agencia de Garantías  de Depósitos (AGD), para que el Estado pagara los depósitos de los ahorristas, devaluaron el sucre hasta aniquilarlo y obligaron a dolarizar la economía. El Estado suspendió el pago de la deuda externa.

En el año 2000, el país sufrió un nuevo atraco por parte de los acreedores, mediante el canje de bonos Brady por bonos Global. Para esta operación las autoridades del país optaron por contratar a  Salomon Smith Barney, firma vinculada al  City Bank. Se festinaron los bonos colaterales sin ejecutarlos, convirtiendo así los US$ 3.347millones en bonos pre-pagados en deuda vigente, cometiendo un fraude escandaloso.

Los bonos restantes creados con los intereses vencidos (anatocismo evidente), por US$ 2.549 millones de  dólares, valían  a precio de mercado  US$ 765 millones; sin embargo, se canjearon por US$  1.530  millones. Incluyendo el canje de la deuda pre-pagada, el Ecuador asumió una deuda en bonos global de US$ 3.950 millones, con altas tasas de interés (12 % y 10%) y un servicio de deuda  superior al de los bonos Brady. Para garantizar el pago de la deuda se impuso, mediante ley, un límite al gasto primario y se creó un  fondo con recursos petroleros.

Respecto a la deuda bilateral (con los gobiernos), los créditos concedidos obedecieron, en  gran parte, a los intereses de las corporaciones de los países prestamistas,  como aquellas  vinculadas a la promoción de exportaciones, a la construcción de obras de infraestructura, o a la venta de armas. Por otra parte, el Club de París, a través de múltiples renegociaciones, en las que se aplicó la usura y el anatocismo,  multiplicó el monto de las deudas y sometió a los países deudores a las condicionalidades del FMI.

El FMI y el Banco Mundial, a través de sus créditos y condicionalidades, han contribuido a este nefasto proceso de endeudamiento, han vulnerado la soberanía del Estado y su capacidad de autodeterminación. Asimismo, han impuesto un modelo basado en los principios del Consenso de Washington, para dar paso al “libre mercado” de los monopolios multinacionales y poner los recursos del Estado al servicio de una deuda acumulada, excesiva y viciada desde su origen. 

La  política del gobierno de Rafael Correa sobre la deuda 

La política del Presidente Rafael Correa sobre la deuda acoge  la posición y  los planteamientos de los movimientos sociales como Jubileo 2000, el Centro de Derechos Económicos y Sociales y  el Grupo Nacional de Deuda, cuya estrategia podemos resumir en los siguientes puntos:  

1. Dar prioridad a la inversión social y productiva dentro de un modelo de economía solidaria al servicio de las personas y no del capital, relegando  a segundo plano el servicio de la deuda. Se trata de un cambio de 180 grados, respecto a la política servil practicada por los gobiernos precedentes a favor de los acreedores. Con este propósito  el gobierno ha planificado la reducción del servicio de la deuda del 38 % del Presupuesto General del Estado en el 2006  al 11 % en el 2010; el aumento de  la inversión social del 22 % al 38 % en el mismo periodo; y la inversión productiva del 6% al 11%.
2. La ruptura con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, corresponsales del desastre nacional causado por el endeudamiento y las reformas estructurales. El gobierno pagó el último saldo de deuda al FMI, pidió el retiro de sus oficinas del Banco Central del Ecuador y expulsó del país al representante del Banco Mundial por actos de chantaje del Banco frente a las nuevas políticas iniciadas por Rafael Correa en calidad de Ministro de Economía, en el 2005.
3. El Presidente Correa ha declarado públicamente que no pagará las deudas ilegítimas. Con este propósito, acogiendo el pedido de los movimientos sociales, ha firmado el 9 de julio del 2007 el decreto 472, creando la Comisión de Auditoría Integral  del Crédito Público (CAIC).
4. El apoyo firme a la creación de una nueva estructura financiera regional: EL BANCO DEL SUR, como una estrategia de soberanía frente a la agresión y saqueo de los grupos financieros del Norte y un poderoso instrumento para el desarrollo de nuestros pueblos, la integración regional y la construcción de un nuevo modelo de desarrollo al servicio de las personas y no del capital.

 

Creación de la Comisión de Auditoría del Crédito Público (CAIC) 

Mediante decreto Ejecutivo No 472 del julio 9 del 2007, el presidente Rafael Correa creó  la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) con el argumento de que los “créditos públicos, lejos de contribuir al desarrollo del país, han sido instrumentos para saquear los recursos del país causando pobreza, recesión económica y destrucción ecológica,  y establecer un sistema  de dominación económica, social, política y cultural, basado en el modelo neoliberal”.

Se trata de una decisión histórica en América Latina, por su carácter oficial, por la composición de sus miembros y la naturaleza de la auditoría. 

Es la primera vez, en muchas décadas que un gobierno de un país endeudado asume el reto de auditar  deudas con indicios  de ilegitimidad y corrupción, que   han violado los derechos humanos de la población al privarles de trabajo, alimentación, salud y educación en lapso de dos generaciones. Durante siete años los movimientos sociales hemos pedido la integración de una comisión de auditoría.  Se trata, por tanto, de un mandato ciudadano acogido por el Gobierno de Ecuador.

Una de las fortalezas de esta Comisión es que está integrada por cuatro representantes  del gobierno, seis representantes de  organizaciones y movimientos sociales nacionales, y tres representantes de organizaciones  y movimientos internacionales6.

El trabajo de la Comisión va más allá de una típica auditoría financiera y administrativa. Se trata de una auditoría integral, definida como “la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el proceso de contratación y/o renegociación del endeudamiento público, el destino de los recursos y la ejecución de los programas y proyectos con financiamiento externo,  con el fin de determinar su legitimidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia, considerando los aspectos legales, económicos, sociales, de género, regionales, ecológicos y de  nacionalidades y pueblos”7.

De acuerdo al mandato del Decreto Ejecutivo, la Comisión tiene como objetivo demostrar la legitimidad del endeudamiento público; determinar si las condiciones del préstamo violaron la ley, el bien público y/o fueron injustas o deshonestas. Así también, determinar la efectividad, eficiencia y ética en el proceso de contratación y utilización de la deuda; evaluar el Sistema de Control Interno de ésta; identificar a los responsables que negociaron las deudas ilegítimas o malversaron fondos públicos; activar los mecanismos de exigibilidad orientada a la anulación de dichos préstamos; evaluar los nuevos endeudamientos y, de ser el caso, impedir  nuevas deudas que no estén articuladas al desarrollo humano y sustentable del país.

La Comisión inició su trabajo  el mes de septiembre del 2007. En varios talleres, con la colaboración de expertos nacionales e internacionales, se han analizado los aspectos conceptuales y metodológicos para una  auditoría integral; se ha discutido ampliamente el tema de la ilegitimidad de la deuda, se ha elaborado el plan general de auditoría, a nivel general y para los diversos tramos de deuda por acreedores.  

Paralelamente se puso en  marcha un plan de sensibilización e incidencia sobre la deuda y la auditoría a nivel nacional e  internacional. Los representantes internacionales y las organizaciones  sociales han  jugando un rol muy importante en esta estrategia de comunicación mediante seminarios, foros, cartas de apoyo y diálogos con representantes de gobiernos y parlamentarios8.

Por problemas de presupuesto, la contratación de los equipos de auditores se postergó  hasta diciembre del 2007. El mayor escollo que ha tenido el trabajo de la Comisión ha sido la dificultad de acceso a la información, no sólo por el mal estado de los archivos sino por la obstrucción sistemática de ciertos mandos medios y por la falta de compromiso  de algunos altos funcionarios con poder de decisión. No podía ser de otra manera: los constructores de la deuda como un mecanismo de saqueo y destrucción son los mismos  que directa o indirectamente han gobernado y gobiernan nuestros países desde fuera y desde dentro. Desmontar el sistema armado por ellos desde hace varias décadas, socavar sus intereses y sacar a luz los nombres de los principales actores, es una misión muy difícil y de mucho riesgo.

No obstante, el trabajo de auditoría fue exitoso. El mérito de esta auditoría fue analizar en situ miles de documentos, convenios y contratos probatorios de las ilegalidades e ilegitimidades del proceso de endeudamiento, en base a los cuales la CAIC, entre sus recomendaciones sugiere suspender el servicio de determinados tramos y/o créditos de la deuda externa pública e iniciar acciones civiles y penales en los tribunales del Ecuador, contra todos los responsables de las distintas acciones de endeudamiento, desde 1976 hasta 2006.  

El informe de la CAIC fue presentado el 20 de noviembre 2008, al Presidente Rafael Correa, a los asambleístas, autoridades locales, miembros del cuerpo diplomático, invitados internacionales y representantes de diversos movimientos y organizaciones de la vida social, política, cultural  y religiosa del país, en medio de una gran expectativa creada por la suspensión de pagos de alrededor de 30 millones de intereses de los bonos global y el inicio de un proceso arbitral en la Cámara Internacional de Comercio en París, contra el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, BNDES, por  los créditos otorgados a la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de la central  hidroeléctrica San Francisco que dejó de funcionar al año de operaciones, por serias fallas estructurales. 

Luego de escuchar el informe, el Presidente en su discurso declaró de manera enfática el no pago de la deuda con las siguientes palabras:

 “Queridos Compatriotas ecuatorianas y ecuatorianos, buscaremos no sólo sancionar a los culpables sino también no pagar la deuda ilegítima, la deuda corrupta, la deuda ilegal; su peso debe ser trasladado por partes iguales a los responsables de adquirirla con títulos espurios, con malas artes, con chantaje, con  traición. Cada cual tiene que  asumir su responsabilidad,  pagar con sus bienes lo que  corresponde. Los prestamistas no son menos culpables, los que indujeron compulsivamente, amarraron y coimaron con jugosas comisiones, a como diera lugar,  para colocar sus empréstitos ¡Ya basta de tanto saqueo, ya basta de tanto latrocinio ya basta de tanta  inequidad! La dignidad y la  justicia se inauguraron el 15 de enero del 2007 y demostraremos que  somos un país soberano. Hasta la victoria siempre, compatriotas”9

A continuación se presentan las principales conclusiones y recomendaciones tomadas del Informe a Auditoría.

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA DE LA CAIC.

 

   2.1. CONCLUSIONES

1. En el proceso de auditoria de los créditos, se identificaron características y condicionalidades perjudiciales constantes, coartando, inclusive, cualquier acto de defensa que pudiera intentar el país en resguardo de sus derechos; tales como:
1. Injerencia en asuntos internos del país con la consecuente lesión a la soberanía.
2. Renuncia a la inmunidad soberana del país, a la inmunidad de jurisdicción y al derecho a la defensa y reclamación.
3. Violación de derechos fundamentales de personas y pueblos; así como, irrespeto a los instrumentos internacionales de derecho.
4. Cláusulas abusivas que violentan los derechos del país soberano.
5. Violación de los estatutos del FMI, BM, BID y leyes de los estados prestamistas y prestatarios.
6. Relación asimétrica entre las partes contratantes.
7. Usura y anatocismo.
2. Los organismos multilaterales, la banca extranjera y demás acreedores, con la participación de autoridades y funcionarios nacionales, impusieron sus condiciones al país, forzaron a un mayor nivel de endeudamiento y a sucesivos procesos de “reestructuración” no transparentes que generaron la transferencia de deudas privadas al Estado, canjes y pagos anticipados injustificados, costos onerosos y operaciones directas en el exterior, sin registro en el Ecuador; y provocaron desvíos y distorsiones en el destino de los créditos para atender las exigencias de pago a los acreedores privados del exterior. En el caso de la banca privada internacional, lo hicieron representados por un reducido grupo de bancos: Shearson Loeb Rhoades, Lloyds Bank, Citybank, JPMorganChase.
3. Los puntos anteriores son actos lesivos a la dignidad de la Nación y constituyen violaciones a la Constitución y Leyes de la República del Ecuador. La evidencia obtenida, demuestra la violación continua de la Constitución, Código Civil, Código de Comercio, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley de Consultoría, Ley de Contratación Pública, entre otras. Existe evidencias de que se habrían cometido delitos de acción pública como: falsedad ideológica, prevaricato, incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, quebrantando el orden jurídico con total impunidad, sin que los organismos de control de los gobiernos anteriores hayan intervenido en salvaguardia del patrimonio público.
4. Hay evidencia de inobservancia de principios generales del derecho, que son fuente del derecho internacional público, y de la propia legislación vigente en los Estados Unidos y demás países acreedores, a cuya jurisdicción se sometieron los contratos de endeudamiento. Se desconocieron los pactos internacionales y doctrinas jurídicas comúnmente aceptadas entre las cuales se destacan los siguientes conceptos: autonomía de la voluntad, deuda odiosa, la buena fe, la excesiva onerosidad, fuerza mayor, amenaza, fuerza, dolo y error.
5. El proceso de endeudamiento del Ecuador, durante el período comprendido entre 1976 y 2006, desde la perspectiva de una continuidad estructural, se desarrolló en beneficio del sector financiero y empresas transnacionales, afectando visiblemente los intereses de la Nación. Los condicionamientos impuestos y el pago de la deuda, limitaron los derechos fundamentales de personas y pueblos, profundizando la pobreza, aumentando la migración y deteriorando las condiciones ambientales.
6. No ha existido voluntad por parte de las autoridades de gobiernos anteriores de ejercer la debida defensa de los intereses del Ecuador, quienes podían haber utilizado argumentos legales para cuestionar contratos, impugnarlos, o aún solicitar una reconsideración sobre la base del principio rebus sic stantibus (cambio fundamental de circunstancias) del derecho romano, que reconoce el mismo fundamento que el unnecesary hardship del derecho anglosajón, y las normas de la Convención de Viena.  
7. Respecto de la deuda comercial:
1. Se han descubierto evidencias de ilegalidad e ilicitud en múltiples renegociaciones con la banca privada internacional, perjudiciales al Ecuador y favorables a los intereses de los acreedores; la utilización de artificios contables y la renuncia a la prescripción, seguida de la conversión de la deuda prescrita en Bonos Brady y de ésta en Bonos Global.
2. El FMI participó activamente en todos los convenios que celebró el país con la banca privada internacional, mediante su informe favorable y obligatorio, en el cual se condicionaba un acuerdo stand by que significaba complicidad con los acreedores privados y una intromisión inaceptable en la decisiones soberanas de política económica y social.
3. El alza unilateral de las tasas de interés a niveles exorbitantes a partir de 1979 significó una alteración fundamental de las circunstancias a que se sujetaban los contratos, infringiendo la equidad, que es uno de los principios generales del derecho, y el “equity” que es uno de los principios del derecho anglosajón al que estaban sujetos los contratos.
4. La emisión “sui generis” de Pagarés a partir de 1978, equivalente a un bono de deuda externa, y su liquidación en el exterior, realizada en el convenio ERA 83, por un monto de US$ 700 millones, representó una violación del derecho administrativo que debe regir este tipo de operaciones.
5. El traspaso al Estado de la deuda externa privada (Sucretización), ocasionó grandes pérdidas al patrimonio público; habiéndose detectado, además, abusos e indicios de ilegalidad en dicha operación.
6. Las “refinanciaciones” de la deuda comercial realizadas a partir de 1983 (ERA 83, ERA 84 y MYRA) significaron el pago directo en el exterior, por el Banco Central, de Pagarés y de obligaciones de “Contratos Originales” de entidades públicas y gobierno, asumiendo el Banco Central nuevos préstamos a su cargo por el monto liquidado. La ausencia de registro del ingreso de los recursos de esos nuevos préstamos (que en el exterior se destinaron a la misma banca privada) originó la creación de un artificio denominado “Mecanismo Complementario”.
7. La renuncia unilateral, por parte de autoridades ecuatorianas, a la prescripción de la deuda externa comercial, denominada “Tolling Agreement”, en 1992, debe considerarse un acto nulo al haberse violado la Constitución y las leyes de la República, que prohíben tal renuncia de derechos.
8. El Plan Brady significó el canje de una deuda ya prescrita, que, además, valía alrededor del 25% en el mercado secundario, por bonos con capitalización explicita de intereses, lo que configuraría anatocismo. Además, hubo la exigencia de compra de garantías colaterales representadas por bonos del Tesoro de EE UU, por un monto que correspondía a 72% del principal de la deuda comercial en su valor de mercado.
9. La “Ofertas de los bonos” de deuda externa ecuatoriana no se registraron en la SEC – Security Exchange Commission - y se efectuaron como una “Colocación Privada” bajo la “Regla 144 A”, la que permite la venta de acciones no registradas de manera privada, únicamente a compradores calificados: QIB (Qualified Institutional Buyers); y la “Regulación S”, la que no sólo prohíbe cualquier esfuerzo de venta dentro de los EEUU, sino que determina que las transacciones deben hacerse en operaciones “off-shore”.
10. Los bonos Global presentan serios indicios de ilegalidad desde su instrumentación, en el año 1999 hasta su emisión en el 2000. En primer lugar, se trató del prepago, bajo la figura de canje, de una deuda garantizada por colaterales, no canjeable (Bonos Brady Par y Descuento); luego, al incluir los bonos de “interés” (Brady PDI e IE) se incurriría en anatocismo; finalmente, se verificó que las garantías Colaterales (US$ 724 millones) fueron utilizadas para otros fines indebidos, luego de ser depositados en una cuenta en el exterior, en Salomón Smith Barney, que no fue contabilizada en el Ecuador, ni por el MEF ni por el BCE. Además, dichos bonos Brady y los Eurobonos que también se canjearon no se encontraban vencidos, por tanto no eran exigibles. Financieramente, el canje de bonos Brady a Bonos Global contiene varios aspectos de ilegalidad y representó un serio perjuicio y daño económico y moral al Ecuador.
8. Respecto de la deuda multilateral:
   

 

1. Los organismos multilaterales de crédito FMI, BM y BID, distrajeron su misión estipulada en sus respectivos Convenios Constitutivos y promovieron sistemas de endeudamiento desleal con sus países miembros, como el Ecuador, al haberse aliado para proteger a poderosos acreedores privados. Estos organismos no tienen previsto en sus estatutos, el otorgar préstamos para pago de deudas o garantías relacionadas con las mismas.
2. El grupo de créditos multilaterales del Banco Mundial y del BID, utilizados en compras de garantías colaterales para el Plan Brady, muestran evidencias de desvíos, distorsiones y encubrimientos para usar los fondos del crédito en tales garantías y otros pagos de deudas, y no en los programas a los cuales estaban destinados en los convenios.
3. Los créditos multilaterales establecieron condicionalidades que dieron lugar al debilitamiento del Estado y su capacidad de planificación, ajustes estructurales, procesos de desregulación, privatizaciones y traslado de competencias al sector privado, perjudiciales a los intereses de la Nación, y siguiendo una matriz impuesta a los países del Sur. Esto generó inestabilidad política y continuos enfrentamientos de gobiernos con sectores sociales.
4. Las condiciones impuestas a través de los préstamos multilaterales limitaron el goce de derechos fundamentales de personas y pueblos; como los derechos a la salud, educación, trabajo, derecho a la alimentación y al ambiente sano, dando lugar a que las condiciones de vida de la población no mejoren (especialmente de pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, en particular de las mujeres); al contrario, se profundizó la pobreza, aumentó la migración y se deterioraron las condiciones ambientales.

 

9. Respecto a la deuda bilateral:

1. No se han respetado las normas aplicables vigentes en el país (Constitución de la República, LOAFYC, Ley de Régimen Tributario Interno, Código Civil, Código de Comercio), y de la legislación europea (Código Civil, Condiciones Generales de Contratación y Ley de Defensa de Usuarios y Consumidores)
2. Se observan prácticas indebidas llevadas a cabo por funcionarios nacionales dentro y fuera del país sobre las cuales cabe el establecimiento de responsabilidades en las instancias que fuere pertinente. Como son:
• Emprender en proyectos de infraestructura financiados con créditos externos, que una vez concluidos se trasladan al sector privado, que recibe todo el beneficio sin que se traslade concomitantemente la parte correspondiente del servicio de la deuda, el cual sigue siendo responsabilidad exclusiva del Estado y, por ende, de todo el país.
• Contratos que nacieron desfinanciados a pesar de lo dispuesto en la Ley de Contratación Pública.
• Luego de otorgado el contrato principal de obra, se otorgó un sinnúmero de contratos complementarios al mismo constructor, lo que tuvo como consecuencia el incremento desmesurado del costo de la obra
• Muchas obras no cumplen con el propósito para el cual fueron creadas; su utilidad social es muy limitada, tal el caso del plan de agua potable para Loja. Muchos de los estudios previos para la elaboración de los proyectos de inversión no contemplan impactos sociales y ambientales.
• El estado terminó subrogándose la deuda por la incapacidad financiera de la unidad ejecutora para honrar la deuda, como en el caso de EPAPG.
3. Los organismos de control fallaron en su cometido. La Procuraduría y la Junta Monetaria en precautelar de forma previa a la firma del contrato, la presencia de cláusulas abusivas e inequitativas en los convenios bilaterales; la Contraloría, dentro de los informes revisados, no dice nada respecto a las inobservancias de la ley y procedimientos encontrados.
4. El Club de París, a pesar de no contar con personería jurídica, impuso condiciones en la negociación al Ecuador, tales como el sometimiento a la supervisión del FMI, para lo cual se usó la presión del grupo de países prestamistas, aprovechando la fragilidad económica y social del Ecuador en aquellas épocas, así como la falta de experticia y entereza de los equipos negociadores. En las minutas acordadas, se encuentran evidencias de irregularidades, tales como renegociaciones que incluyen el cobro de intereses sobre intereses, prohibido por la legislación ecuatoriana. Las mismas minutas otorgan al FMI el rol de vigilantes de los intereses de los acreedores, siendo estos los mismos que dominan las decisiones del FMI.

 

10. Respecto a la deuda interna:

1. La emisión interna de bonos del Estado ha servido, mayoritariamente para atender el servicio de la deuda pública externa así como para cubrir requerimientos de pagos de deuda pública interna.
2. La deuda interna ha servido para cubrir ineficiencias de los grandes sectores empresariales y bancarios nacionales a quienes se benefició, primeramente, con la estatización de la deuda privada (sucretización) y, posteriormente, con el salvataje bancario.
3. La emisión y colocación de los bonos AGD transformaron al Estado, de acreedor de la banca, en deudor del Banco Central.
4. Al emitir dinero para adquirir los Bonos AGD, el Banco Central se apartó de la función de mantener la estabilidad de la moneda que le asigna la Constitución; al contrario, contribuyó a una acelerada desvalorización y posterior devaluación.

 
 

2.2 RECOMENDACIONES GENERALES:

1. Suspender el servicio de determinados tramos y/o créditos de la deuda externa pública.
2. Iniciar acciones civiles y penales en los tribunales del Ecuador, contra todos los responsables de las distintas acciones de endeudamiento, desde 1976 hasta 2006, sobre la base de las pruebas encontradas por la CAIC, y haciendo uso de la doctrina del delito de ejecución continuada, que impide la prescripción de las penas. Esto incluye a los representantes de los bancos extranjeros que hayan participado en las acciones dolosas denunciadas. Analizar la posibilidad de efectuar acciones por enriquecimiento ilícito contra los funcionarios que intervinieron en todos los procesos de endeudamiento.  
3. Solicitar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que efectúe un pedido de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sobre dos aspectos:  a) el alza unilateral de las tasas de interés producida a partir del año 1979, y b) las normas jurídicas que deben regir la contratación internacional del crédito público10.
4. Realizar un Censo obligatorio de los actuales tenedores de bonos, a los efectos de determinar la identidad de los mismos, el precio de adquisición de los bonos de la deuda externa e interna del país y el origen de los fondos invertidos en esas compras.  
5. Continuar con este proceso de auditoría para todos los demás convenios de crédito de los diferentes tramos, así como profundizar el trabajo en los casos incompletos.
6. Definir nuevas políticas de financiamiento del Estado y del manejo de los fondos obedeciendo principios de transparencia, responsabilidad a favor de los intereses de la Nación.
7. Difundir a nivel internacional los resultados de esta auditoría y recomendar a los demás Gobiernos la realización de procesos similares de auditoría integral de la deuda pública.  
   

Estas recomendaciones, estrictamente fundadas en el derecho, y en la realidad de cómo se maneja el sistema financiero, permitiría acciones soberanas y situaría al Ecuador, en pionero de la lucha contra las cadenas de la deuda.