I
Hace 23 años de los sucesos de 1992 cuando dos alzamientos cívicos militares, 4 de Febrero y el 27 de noviembre, eran muestra indiscutible de lo que hacía tiempo se venía anunciando en Venezuela con una palabra: Crisis.
Aquellas insurrecciones fueron producto de un conjunto de situaciones que venían desarrollándose en América Latina y en nuestro país como efecto general de las crisis periódicas del capitalismo en el mundo. En nuestro caso, el sistema político impuesto a partir del 23 de enero de 1958, iniciaba su ruina definitiva.
Desde los años 80 del siglo pasado, la debacle del capitalismo como sistema y forma de hacer economía, sociedad y política se hizo evidente en América Latina al estallar la llamada Crisis de la Deuda. Quienes dirigieron los países de nuestro continente propiciaron la acumulación de grandes deudas con el sistema financiero internacional, deudas inimaginables, impagables, ilegales y profundamente inmorales que reforzaban nuestro atraso, dependencia y que condenaban a nuevas generaciones de latinoamericanos, una vez más, a la miseria, al hambre, al desempleo y al más absoluto desamparo.
Los pueblos de México, Argentina y Brasil fueron quienes primero recibieron con más dureza los efectos de aquella crisis. Los graves estallidos sociales que se provocaron fueron uno de los alertas más significativos para la burguesía y las clases dirigentes en Latinoamérica y por supuesto en Venezuela. Pero aquellas elites hicieron oídos sordos de la alarma, siguieron como si nada, usufructuando nuestras riquezas naturales, favoreciendo su saqueo y echando mano de la violencia ante cualquier muestra de rechazo popular.
En aquella coyuntura de crisis, los pueblos de América Latina comenzaban a levantar, otra vez, sus banderas de rebeldía y combate: Huelgas en centros de producción, tomas de tierras y de edificios públicos, Marchas y manifestaciones populares y estudiantiles en las principales ciudades de nuestra América, lucha armada revolucionaria en El Salvador, Guatemala, Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia, que eran muestra evidente de la presencia de la crisis del modelo político, económico y social presente en nuestras naciones: el capitalismo dependiente.
El caso venezolano
En Venezuela, el viernes 18 de febrero de 1983 y como producto de las políticas de virtual saqueo y entrega, el gobierno de Luis Herrera Campins, incapaz de otra salida, decreta el Control de Cambio y se devalúa nuestra moneda frente al dólar norteamericano poniendo fin así a cierta estabilidad cambiaria de nuestra signo monetario. Aquella medida, fue conocida con antelación por la elite financiera del país, lo que le permitió sacar del país increíbles sumas de divisas profundizando la crisis económica. A partir de entonces, poco a poco fue imponiéndose todo un sistema de manejo de divisas y de control de cambio que profundizó el saqueo nacional por la oligarquía financiera, la burguesía bancaria y toda suerte de políticos malos hijos de la Patria, que hicieron vida durante los gobiernos de Herrera Campins y de Lusinchi. Aquel fue el tristemente célebre Viernes Negro.
Con aquellas perturbaciones se inició un periodo de quiebra de pequeñas y medianas empresas, la crisis de las divisas aumento el desempleo y las penurias del pueblo venezolano, lo que produjo una muy grave situación económica interna que aceleraba la erosión del sistema puntofijista. Ante aquella delicada situación, nada hizo la clase política dirigente en Venezuela que mantuvo bajo control la situación social del país a fuerza de represión, propaganda y flujo petrolero.
Con esfuerzo, el sistema de alternabilidad política de AD y Copei se mantuvo sin alteraciones hasta la llegada a la presidencia, por segunda vez, de Carlos Andrés Pérez triunfante en las elecciones de 1988. No era posible mantener aquel esquema de dominación sin desprenderse de la línea de entrega nacional y de sujeción a la carta de disposiciones neoliberales de los organismos financieros internacionales, por ello Pérez inicia su segundo mandato aplicando un conjunto de medidas macroeconómicas que afectaban la política cambiaria, las precisiones sobre deuda externa y comercio exterior, perturbaban al sistema financiero, a la política fiscal, y afectaban gravemente los servicios públicos y las reducidas políticas sociales. El 27 de febrero de 1989, las medidas –el paquetazo de CAP II- provocaron la reacción violenta y multitudinaria, ahora sí, del pueblo venezolano que tomo las calles para violentar todo elemento de propiedad privada, negocios y comercios en las principales ciudades del país. La arremetida popular se mantuvo por dos días con sus noches siendo sofocada por la violencia gubernamental con un saldo no oficial de miles de muertos.
El Caracazo o Sacudón era ya la afirmación pública y evidente de la peligrosa crisis que afectaba al sistema político venezolano. Una crisis que tenía determinaciones económicas, sociales, políticas e incluso éticas y morales: ya casi nadie creía en el sistema político del Puntofijismo ni en sus instituciones como el sistema de justicia, de contraloría, el Congreso Nacional, la misma figura del Presidente de la República era repudiada por la mayoría nacional. A una semana del Caracazo una encuestadora revelaba más del 70 % de rechazo de los venezolanos al recién instaurado segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez.
El rechazo en el seno de las Fuerzas Armadas
Aquel evidente desastre nacional también afectó profundamente a una de las más importantes instituciones soportes del sistema hasta entonces como lo eran las Fuerzas Armadas. Hacia lo interno de la Fuerza Armada un importante y nada desdeñable grupo de la Oficialidad media, es decir, Tenientes Coroneles, Mayores, Capitanes, Tenientes y Sargentos venia organizándose y conspirando para desplazar del poder a quienes lo habían ejercido quebrantando a la Nación incluso hasta moralmente. A mediados de 1991, miembros de una agrupación clandestina existente en el seno de las Fuerzas Armadas, conocida como Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), arrecian sus contactos con agrupaciones políticas de la izquierda revolucionaria nacional para llevar adelante un movimiento cívico militar y asumir el poder político en Venezuela con miras a instaurar con gobierno provisional de Salvación Nacional , llamar a una Asamblea Nacional Constituyente que redactara una nueva constitución y posteriormente convocara a elecciones para abrir una nueva etapa en la vida del país realmente democrática.
El 4 F
El alzamiento se inició en la tarde del día 3 y estalló en la noche, al retornar al país el presidente Pérez, luego de su participación en el Foro Económico Mundial, en la ciudad de Davos (Suiza). La madrugada del 4 de febrero de 1992, el intenso tiroteo alrededor del Palacio de Miraflores anuncia al país que se estaba ejecutando una insurrección cívico –militar. En el movimiento insurgente participaron las guarniciones militares de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y Caracas. Los responsables militares eran los entonces Tenientes Coroneles del Ejército Hugo Chávez Frías, Jesús Urdaneta Hernández, Joel Acosta Chirinos y Francisco Arias Cárdenas.
Por informaciones de sus participantes sabemos que el Plan de Operaciones del 4 de febrero llevaba el nombre de Ezequiel Zamora, concebido por los integrantes del movimiento MBR-200. Desde el punto de vista operativo el plan contemplaba la toma militar en Caracas de la Comandancia del Ejército, el Ministerio de la Defensa, el Palacio de Miraflores, las guarniciones de los estados donde ejercían los jefes comprometidos y los principales medios de comunicación, estos últimos con la participación de pequeñas unidades de civiles militantes de la izquierda revolucionaria.
Las acciones militares hacia Miraflores se iniciaron alrededor de la medianoche, adonde el presidente Carlos Andrés Pérez había llegado luego de ser informado del intento de alzamiento a su llegada del exterior. A poco de iniciarse las operaciones para tomar el palacio de gobierno, CAP junto con el jefe de la Casa Militar, logra escapar en un vehículo particular y se dirige hacia un canal de Televisión desde donde se dirige al país. Habiéndose perdido uno de los objetivos del plan de los insurgentes, que era la captura del presidente Pérez – y nunca su asesinato como lo hicieron hacer ver- , a pesar de los éxitos operativos en el resto del país, la jefatura militar del movimiento decidió deponer armas y es cuando el entonces Teniente Coronel Chávez asume públicamente la responsabilidad de los hechos y expresa su aún controvertido y sin duda histórico “por ahora”, a media mañana del 4 de febrero ante las cámaras de televisión nacional.
Meses más tarde se sucede otra insurrección el 27 de noviembre que tampoco logra sus objetivos. Ambas derrotas, resultaron ser parciales por cuanto los dos eventos, pero en especial el alzamiento del 4 de febrero, lograron iniciar, lo que consideramos es, la crisis política más grave del siglo XX venezolano.
La justeza del alzamiento
Por mucho que hizo el régimen entonces por darle tinte de criminalidad y de asignarle un contenido fascista a la sublevación, la mayor parte de la población vio con simpatía el alzamiento contra el estado de cosas ya inaguantable; son múltiples los elementos que nos permiten afirmar que el pueblo venezolano estaba convencido de la imperiosa necesidad de un radical cambio político, una muestra de esa convicción es la absoluta ausencia de las masas en defensa del viejo orden del puntofijismo aquellos días críticos. Por el contrario, el apoyo popular al levantamiento no logró ser más directo por que no hubo oportunidad de identificar el tenor de sus objetivos y porque el gobierno pudo controlar rápida y eficazmente los medios de comunicación. La no concreción de la participación efectiva de las fuerzas de la izquierda revolucionaria comprometidas en el plan por la falta de provisión de armamento, fue otro elemento decisivo.
Vistas las cosas después de dos décadas, es pertinente afirmar que el alzamiento del 4 F estuvo acertadamente ubicado en el momento político, se produce en medio de la agudización de los conflictos sociales en el país y en la elevación de las luchas populares, en el centro de un contexto de absoluta descomposición de todo el aparato de dominación, de la intensificación de la crisis general de la sociedad venezolana y de la absoluta incapacidad del gobierno de aplacar la situación y de encontrar salidas a la grave realidad nacional, aquella Venezuela estaba sumida en el médula de una crisis de carácter revolucionario y, para decirlo en términos de Lenin, el pueblo, los de abajo no estaban dispuestos a permitir que las cosas siguieran como hasta ese momento y el sistema, los de arriba no podían impedirlo.
Por aquellos días se puso de moda en el universo político nacional el cuestionamiento al golpismo y muchos hicieron coro al discurso del gobierno que circunscribió sus argumentos en condenar la acción insurgente señalándola como criminal antidemocrática y fascista. El poder de las fuerzas militares involucradas en el movimiento insurgente se rebeló como muy importante y luego se conoció su clara su intención de comprometer al pueblo en sus acciones, por lo que creemos que fue correcto iniciar operaciones armadas para luego llamar al pueblo a integrarse. Difícilmente alguien en sus cabales puede hoy día calificar aquellos movimientos como putchistas.
Los movimientos cívicos- militares del año 92, iniciaron un periodo de circunstancias realmente críticas para el sistema político de dominación impuesto por AD y Copei que, por su lado, inicio un conjunto de maniobras y jugadas para morigerar el explosivo clima político nacional en el que el peligro de estallidos violentos que nos condujeran a guerra civil, fueron un escenario real y posible. Producto de las jugadas del sistema, CAP fue enjuiciado y obligado a retirarse de la Primera magistratura, siendo sustituido por Ramón J. Velásquez, viejo y conocido hombre del aparato de dominación, cuyo papel fue dar largas a la situación de crisis y detener posibles estallidos sociales. Velásquez culminó el periodo presidencial de CAP y Rafael Caldera fue electo nuevo presidente, también por segunda vez. En una de sus primeras medidas, tendentes a restar presión a la crítica situación política, Caldera otorga la libertad a los militares insurgentes de 1992, pero su gestión general de cinco años no logró calmar la delicada situación nacional.
Entre aplicación de medidas de gobierno apuradas buscando atenuar el enrarecido ambiente, movimientos militares poco perceptibles pero reales, rumores de golpes de derecha y de izquierda, profundización de los conflictos sociales, ampliación de los combates de masas y activa movilización nacional estudiantil, transcurre el segundo gobierno del ya longevo Rafael Caldera. En 1998, apenas 6 años de las sublevaciones militares, en un contexto de franco cuestionamiento y rechazo popular al puntofijismo, el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, encabezando un poderoso movimiento de masas, derrota electoralmente y juntos a los dos partidos políticos que manejaron la historia nacional de las cuatro décadas anteriores, a AD y Copei que hicieron lo indecible para evitar el triunfo electoral no sólo de aquel novel personaje sino del poderoso movimiento que le seguía. Sus esfuerzos fueron en vano. Aquel triunfo electoral, inicio un proceso inédito de cambios en toda nuestra historia republicana, que se conoce hoy día como Revolución Bolivariana.
… pero esa… esa es otra Historia y la estamos escribiendo todos nosotros hoy mismo.-
PS: Y así quizá, con estas sumarias líneas, pueda entenderse mejor el porqué de aquel 4 de febrero de 1992, hace ya hoy 23 años.
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