Recientemente he venido reflexionando en este espacio sobre la situación de las Universidades, y así lo he hecho por el deterioro de la academia y de la condición de casa de los saberes, el arte y la cultura que ha experimentado nuestras instituciones de educación universitaria. Con ello, me he granjeado el odio, la animadversión y el desprecio de los factores de poder, que escudados en su posición pro –gobierno (Caso IUTM) o anti-gobierno (caso Universidad del Zulia) siguen cometiendo irregularidades, corruptelas y desviaciones en el cumplimiento de la norma jurídica.
Este introito, me permite ubicar a mis lectores en un caso más, que demuestra – en lo que respecta a la Universidad del Zulia- la falsedad y el doble discurso moral en que se ha caído. Es común escuchar a las autoridades tomar la palabra para señalar al Gobierno cuando – real o aparentemente- se cometen irregularidades y aparecen casos de corrupción. En todas esas ocasiones se señala que el Gobierno debería cumplir a cabalidad con el seguimiento administrativo en la asignación de recursos destinados a resolver los problemas de los públicos; en ese punto creo que hay total unanimidad. El que ejerce funciones de control administrativo debe asegurarse del fiel cumplimiento de los procedimientos, con el objeto de preservar el patrimonio de todos los venezolanos. El problema se presenta, cuando quienes critican desde la Universidad los desvaríos del gobierno, ignoran las irregularidades que se cometen en su interior, escudados como siempre en la autonomía universitaria.
Un caso ejemplifica esta situación de doble moral: es el tema de Ciudad Colorama. En el año 2005, a solicitud del entonces Rector de LUZ, Leonardo Atencio Finol, el Consejo Universitario lo autoriza para iniciar acuerdos con la compañía Inversores 888 S.A, con la finalidad de proceder a la construcción de un complejo urbanístico en terrenos pertenecientes al patrimonio de la Universidad, un total de unos 150.000 mts2. En los alegatos de la discusión suscitada en el Consejo Universitario, se planteó que ese complejo estaría dedicado al levantamiento de viviendas multifamiliares (Edificios) que serían asignados al personal docente, administrativo y obrero, y que parte del resto del conjunto se dedicaría a residencias estudiantiles. Esa autorización, significaba que la Universidad debió dar inicio a un procedimiento legal para afectar el patrimonio y de esa forma hacer posible la cesión de ese espacio.
Lo delicado de este procedimiento, es que la Compañía INVERSORES 888 S.A, que cuenta con mayoría accionaria de un conocido comerciante e industrial de la región, procedió a dar inicio a un proceso de pre-venta sin que se produjera una cesión de los derechos sobre un patrimonio público como eran los más de 150.000 mts2. El cuentadante de la negociación, en este caso el Rector de LUZ, permitió que se violarán un conjunto de disposiciones legales entre las que cabe señalar los artículos 84 y 109 de la Ley Orgánica de ordenación Urbanística, pues esos terrenos cambiaron – sin cumplir los procesos legales- su utilidad. Como bien debemos saber, esos terrenos están clasificados como espacios académicos y no como zonas residenciales, sin embargo el entonces Rector de LUZ, a pesar de las múltiples denuncias que se efectuaron en su momento, persistió en mantener los acuerdos comerciales con la mencionada Compañía, afectando el patrimonio de la Universidad, que a cambio de obtener unos 4.800 mts2 del centro Comercial ahí construido, cedió cerca de 150.000 Mts2 de su espacio físico.
Las denuncias fueron desechadas, como tantas otras irregularidades señaladas contra la gestión del exrector Leonardo Atencio y la estructura de poder de la Universidad, se mantuvo – en solidaridad automática- alineada con su máximo representante. Esa Universidad, que dice vencer la sombra se dejó penetrar vorazmente por la corruptela y la irregularidad. Todavía hoy, casi 5 años después de esas negociaciones el Consejo Universitario sigue sin pronunciarse sobre las actuaciones y denuncias hechas en la Asamblea Nacional en torno al caso Colorama. Lo asombroso del caso, es que esta Universidad que dice ser abanderada de la democracia, la libertad, el arte; con su actitud silente está permitiendo sumergir toda la institución en el descrédito. Lo más inaudito, es el silencio de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (APUZ) que por los vínculos que mantiene – parte de su directiva- con uno de los factores políticos ligados al exrector, no hace ningún pronunciamiento público; me imagino que la respuesta debe buscarse en el hecho que las corrupciones y desvaríos no son originados en el gobierno. Cabe preguntarse ¿ qué habrían hecho las autoridades sí estuviese inmiscuido en esta irregularidad algún instituto u organismo del gobierno? Seguro veríamos al unísono, marchar – vestidos de blanco- a las autoridades, la APUZ, los sindicatos, los decanos, los dirigentes estudiantiles, obreros y empleados. Cosas vemos Sancho¡¡¡
*Historiador
Juane1208@gmail.com
