Jorge Urosa, como jerarca de una iglesia, no como vocero de los creyentes de una religión, se declara adversario del gobierno del Estado en lo referente a la aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Hago la distinción, ya hecha por San Agustín hace 15 siglos, para aclararles a los creyentes de esta fe que la actitud asumida por el clérigo no responde ni a la voluntad del dios en el cual creen, ni a la propia de ellos. Habla a título personal y del Alto Clero globalizado, en una situación dentro de la cual se alinea con la postura de una minoría que responde a los intereses de una potencia extranjera. Concuerda con los objetivos de una plutocracia global que mediante la guerra intenta imponer su dominio sobre el planeta y la humanidad. Y lo hace, como lo ha hecho ya por 4 siglos esa iglesia, en el marco de una frustración.
Efectivamente desde la firma del Tratado de Paz de Westfalia (1628) ella perdió la condición de supremo árbitro de las situaciones internacionales en una realidad en la cual el mundo se dividía políticamente en dos imperios (España y Portugal) tutorados por el papado católico. La nueva situación reconoció la SOBERANÍA de los estados territoriales por la cual la materia entraba en el ámbito de control de estos nuevos actores políticos a nivel global. Y allí ha estado hasta hoy sujeta a los tratados internacionales que realice el Estado del Vaticano, como representante institucional del gobierno de esa Iglesia, con los demás gobiernos estatales. Se le reconoció así el papel de actor político dentro del sistema internacional, lo cual implica el reconocimiento de la soberanía de sus pares. De algún modo se le distingue asimismo, excepcionalmente, por su papel en la búsqueda de un orden internacional que optimice las posibilidades de paz entre los pueblos.
Así la actitud de Urosa expresa una ambición de poder de un actor político transnacionalizado actualmente aliado con la superpotencia mundial, que dentro del concepto de "guerra preventiva", trata de imponer de hecho un nuevo derecho internacional. Con esta actitud desconoce el Derecho Internacional vigente, con lo cual pierde sustento el concordato existente entre el gobierno del Vaticano y el de Caracas. Ciertamente su conducta, con la cual usurpa una representación que nadie le ha conferido, forma parte de una injerencia indebida del Imperio en la vida del Estado venezolano que llama a la revisión de lo acordado entre estos dos actores internacionales. Un examen que podría significar una regresión a normas similares a las establecidas por el Patronato Eclesiástico que reguló las relaciones entre la Iglesia y el Estado desde 1830 hasta 1973, subordinando la primera a la soberanía del último. Un hecho perfectamente posible si se registran las presiones que ejerció la iglesia para cambiar la naturaleza de sus relaciones con Venezuela.
En la situación actual Urosa no ha podido alegar ninguna violación a las normas establecidas en el citado concordato, por ello recurre a las normas constitucionales que supuestamente infringe el gobierno del Estado. Pero al hacerlo, usando el poder de la Iglesia, aparte de cometer un abuso de poder, practica una injerencia en nuestros asuntos internos que amerita una repuesta del Estado tal como las que se le han dado a los otros poderes foráneos que se han comportado de manera similar.
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