En la sesión del CNU de junio del 2015, el ministro de ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) para aquel entonces, el Ingeniero Manuel Fernández, expresó que "a la universidad venezolana le hace falta hacer un enorme esfuerzo por rendir cuentas de los recursos que se le envían. No es oportuna la rendición de cuentas". Explicó que de las 54 Instituciones de Educación Universitaria oficiales del país, sólo 18 han rendido cuentas del presupuesto 2014 y han realizado el Saldo Inicial de Caja 2015; mientras que sobre el Instructivo 7 de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) que debe ser presentado trimestralmente, sólo 2 casas de estudio han realizado el procedimiento. Terminó diciendo que "Le exigimos rectores y rectoras de todas las universidades que deben ponerse al día con la rendición de cuentas; exhortamos a que en los próximos días todos se pongan a derecho, a que todos los cierres de 2014 se realicen esta semana" (http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/en-cnu-se-exhorta-universidades-rendir-cuentas-de-manera-oportuna).
A pesar que la rendición de cuentas es uno de los principios que se introduce en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en 1999, en estrecha relación con otro principio constitucional que es la transparencia, las universidades han estado en mora por mucho tiempo de esa obligación, que por ser instituciones públicas, reciben cuantiosas sumas de recursos financieros (en el 2015 recibieron 134 mil millones de Bs, según datos de la OPSU) por parte del Estado.
Es importante señalar que la rendición de cuentas en el espíritu constitucional es un mecanismo fundamental de gobernabilidad democrática de las instituciones y organizaciones de la sociedad que prestan un servicio público, por medio del cual éstas informan y justifican sus acciones y uso de los recursos financieros, además asumen su plena responsabilidad por las decisiones tomadas. Además, esta rendición de cuentas es un requerimiento para la modernización de la gestión pública que aboga por la participación del ciudadano y el control social, como estrategia para profundizar la democracia participativa y protagónica. El ejercicio de la rendición de cuentas no sólo ha de ser un compromiso ineludible de la universidad autónoma (todas las universidades públicas son autónomas según el art 9 de la ley de universidades) con la sociedad, sino igualmente una exigencia esencial de ella consigo misma para la potenciación de su práctica autonómica.
Es sorprendente que algunas autoridades rectorales han expresado públicamente que las universidades que riegan su cargo, no tienen deudas con respeto a la rendición de cuentas. Por ejemplo, en el caso de la rectora de la UCV, la profesora Cecilia García, expresó descaradamente el 31 de enero de este año que "la UCV cumplió, pero hasta que las demás universidades no cumplan, no otorgarán los recursos; tal es el caso de la UNEFA, la Bolivariana y la mayoría de las universidades oficialistas que no han rendido cuentas" (http://ucvnoticias.ucv.ve/?p=46122).
Sin embargo, según datos de la OPSU, las universidades que tienen mayor mora para el 2014 y 2015 son aquellas pertenecientes a la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), agrupación que se ha encargado permanentemente durante la revolución bolivariana en ser las más exigentes en que se le sea aprobado un mayor presupuesto, a pesar que han estado en paro por tres años consecutivos: 2013 por discusión de la I convención colectiva única del sector universitario (I CCUU); 2014 por el desarrollo de las guarimbas y el año pasado, 2015, las cuales no iniciaron las clases al finalizar el periodo vacacional de agosto por, precisamente, presupuestos deficitarios, conduciendo a perdidas de semestres y año académico de casi 300.000 estudiantes venezolanos. Sin embargo, recibieron los recursos de funcionamiento, las providencias estudiantiles y los aumentos respectivos de los salarios y sueldo aumentado en el 2015 por la II CCUU.
Podemos observar los datos de las rendiciones de cuenta actualizados hasta el 25 de enero de 2016 que, por ejemplo, la UCV recibió en el 2015 la bicoca de Bs 12.976.382.325,80 pero apenas ha rendido la cantidad de Bs 1.055.395.370,80, es decir un 11%. El caso de LUZ, presenta mayor gravedad, no rinde el instructivo nº 7 de ONAPRE desde el 2014. La UNEXPO recibió la cantidad de Bs 3.872.014.774,38 pero apenas ha rendido Bs 42.980.209,45 (1%). La ULA recibió en el 2015 la cantidad de Bs 11.346.283.779,00 y ha rendido un monto de Bs 618.855.396,42 (7%). La UCLA no se escapa de tal realidad, recibió Bs. 4.293.850.602,19, de los cuales ha rendido satisfactoriamente la cantidad de Bs 240.600.399,83 (8%). Mientras que la UESB, cuyas autoridades han hecho todo lo posible para no inscribir a los estudiantes asignado por la OPSU para cursar estudios universitarios, recibió un monto de Bs 4.107.261.863,25 y ha rendido el 28%, es decir, Bs 890.682.989,28. Finalmente, la UPEL no ha aportado al MPPEUCT el instructivo Nº 7 del año 2014 ni del 2015, recibió la cantidad de Bs 11.491.337.495,13 y solamente ha rendido la cantidad de Bs 430.413.411,03 (5%).
Uno se pregunta con qué autoridad tienen estas autoridades para exigir al estado de un mayor presupuesto cuando en sus obligaciones rutinarias no han tenido capacidad de poder rendir lo "poco" que, según ellas, han recibido del Estado, a pesar que estamos hablando de meramente de la rendición de los recursos financieros pero la rendición de cuentas es un término multivariable que abarca otras dimensiones, tales como la misión que tiene nuestras universidades con la sociedad venezolana. Esto último es un tema para otro artículo y estoy seguro que nuevamente las universidades venezolanas no saldrían bien paradas.