Justificar lo injustificable "el paro de universidades"

En puertas del receso docente en algunas Universidades del País, se mantiene un paro indefinido de manera pertinaz, que en nada ha beneficiado a la Academia y menos aún a los estudiantes; el bendito “paro” se inicia con las exigencias salariales de las trabajadoras y trabajadores universitarios, la cual presentaba, innegablemente, un rezago que afectaba de manera considerable el buen vivir de las familias de los docentes, empleados y obreros que prestamos nuestros servicios en esas casas de estudios, sin embargo, con el pasar del tiempo, se van uniendo otros requerimientos que van engrosando cada vez más las demandas del sector, es así como se retoma o esgrime nuevamente el tema de la autonomía universitaria, el presupuesto justo, las providencias estudiantiles entre otras, que conforman una amplia lista de peticiones, algunas de ellas justas pero entrelazadas con elementos políticos que impiden cualquier acuerdo que en toda negociación se debe presentar para poder avanzar. Para mantener esas posiciones inflexibles se presentan una enorme cantidad de análisis realizados por expertos, leguleyos opinadores y sesudos analistas que tratan de mostrar, ante la comunidad universitaria y la opinión pública en general, de una forma “entendida” las supuestas falacias que amenazan a la Universidad y que entre líneas en la CCU pretenden el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y las Federaciones y Sindicatos que se apegaron a lo estipulado a la nueva Ley del Trabajo imponer a los universitarios. En vista de la situación planteada he analizado y contrastado desde otra perspectiva, algunos de estos argumentos con la finalidad de corroborar su esencia y poder dilucidar y contribuir al entendimiento y la situación.

Abordaremos el tema con lo del “rechazo a la imposición de la ideología única en el Estado, la sociedad y de manera “solapada” en la Universidad”, en este sentido, parecieran no recordar, específicamente, que en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, se instauro en Venezuela, a sangre y fuego, el sistema capitalista, lo que costo la vida de decenas de jóvenes universitarios, dentro de los que se pueden citar a: Jorge Rodríguez (padre) Representante Estudiantil ante el Consejo Universitario de la UCV y el Prof. Alberto Lovera docente universitario de la misma casa de estudios; según Pérez Pirela, es claro que “la lógica que sostiene el modelo educativo academicista formal del sistema capitalista, impuesto en Venezuela, es la lógica positivista liberal-burguesa que fundamenta al capitalismo como modelo socioeconómico hegemónico a escala mundial”. Si existe un sistema que “ideologiza”, en todo caso Aliena, con una forma única de ver el mundo, es este que aún existe, y que es el mismo que las grandes potencias del norte han impuesto en casi todo el mundo con desdichadas consecuencias a nivel social, económico y político; basta con recordar lo ocurrido en la Argentina de Menen y ver lo que en la actualidad ocurre en Grecia, Chipre, España, Portugal entre otros países de la Unión Europea.

En el articulado de la propuesta de Convención Colectiva Única (CCU) se presentaron aspectos que no corresponden a este tipo de documento, en este sentido, estoy de acuerdo con lo expresado, y son temas que debe ser debatidos y detallados en una posible y necesaria nueva “Ley de Universidades o Educación Superior” que debería ser definida lo antes posible, con la debida participación de los actores interesados para lograr la Transformación Universitaria que el País y la sociedad en general necesita.

Se califica a las Misiones sociales de “apéndices partidistas”, en relación al tema, los opinadores, se valen en ocasiones, de su condición de expertos, para acuñar su sentir al respecto de las Misiones, es evidente el sesgo total que en este sentido se presenta; es del pleno conocimiento de la población venezolana, que a pesar de la feroz campaña mediática en contra de las mismas, las Misiones Sociales han sido el factor clave del éxito de la Revolución Bolivariana en los últimos 11 años; creadas, después de vencer el golpe de Estado de abril del 2002 y el paro empresarial y petrolero de finales del mismo año y que se extendió hasta febrero del 2003; las Misiones han llevado inéditos y grandes beneficios a los más desposeídos y han mejorado la calidad de vida de millones de venezolanos independientemente de su posición política. Prueba de ello es que en las últimas campañas electorales la oposición manifiesta públicamente que las misiones se quedan pero que las van a “mejorar”, puro mimetismo y argucia.

En relación a las tareas y aportes voluntarios de l@s trabajador@s universitarios, así como el aval de la comunidad organizada para que proceda el ascenso de los docentes, de la propuesta de CCU, en este sentido, parece que ninguno de los actores involucrados, por ahora tiene la generosidad, desprendimiento y madurez, para la aplicación de las mismas.

Independientemente de las cláusulas eliminadas o modificadas, se invisibiliza o no se menciona lo novedoso de la propuesta, ahora ICCU firmada, en el sentido de que al margen del aspecto económico, de alguna manera, el gremio universitario en mesa, ofreció aportes para la mejora y transformación de la Educación Universitaria en un sentido humanista, pacifista, solidario, cultural, social, legal y ecológico entre otros. Garantizando, desde el enfoque del gremio una incipiente mejora de la calidad de la educación universitaria, así como respondiendo a las necesidades de acceso y equidad.

La cláusula 22, parágrafo único, de la propuesta inicial de la CCU, indicaba que aquellas instituciones de educación universitaria en las que existan Institutos de Previsión Social o sus equivalentes, los mismos continuarán funcionando, sin menoscabo de los beneficios en esta cláusula. La Cláusula 104, de la misma propuesta, mencionaba “el aporte patronal del tres porciento (3%) mensual a la caja de ahorro del IPASME. Igualmente el trabajador universitario aportará un tres por ciento (3%) por este concepto y otro tres porciento (3%) para salud”, pero no hace mención a que esto sea obligatorio. De igual forma en el acuerdo aprobado lo expresado en la cláusula 22 pasa a ser la cláusula 43 y mantiene el mismo parágrafo. La cláusula 49 del ICCU firmado indica lo del IPASME aplica para los Institutos y Colegios Universitarios, expresamente. El tema asistencial y de salud se ve grandemente beneficiado con la ICCU al plantear la integración de los sistemas pero respetando sus características específicas.

Algunos aspectos legales, que desde la perspectiva del trabajador universitario, no experto en el tema, deben ser indicados para su revisión, análisis o consulta y poder fijar posición al respecto se presentan a continuación:

Se dice que “el Estado Docente no esta definido en la LOE” pero en su Artículo 5 lo define así: “El Estado Docente es la expresión rectora del Estado en Educación, en cumplimiento de su función indeclinable y de máximo interés como derecho humano universal y deber social fundamental, inalienable, irrenunciable, y como servicio público que se materializa en las políticas educativas….”, Lo escrito ahí ¿no es una definición?. Adicionalmente el Artículo 6 contiene las competencias del Estado Docente, cuyo numeral 1 expresa las garantías, 2 Regula, supervisa y controla; 3 Planifica, ejecuta, coordina políticas y programas; 4 Promueve, integra y facilita la participación social y 5 Promueve la participación cultural y educativa regional y universal. Definición expresada con claridad meridiana.

En segundo lugar, para contrastar con el tema de la autonomía universitaria en esta parte, cito a Miriam Márquez L (Profª de la UNEG y Presidenta del SUSPROUNEG), en una publicación realizada el 02/07/13 denominada ¿Ataques a la Autonomía?( http://www.fenasinpres.org/opinion_mostrar.php?id_not=4544 ), y en la que luego de hacer una reseña de cómo el Gobierno Bolivariano llevó la Autonomía Universitaria a un rango constitucional en su art. 109, luego lo ratifica en la LOE, art 34; especifica que, “..la Convención Colectiva (LOTT: artº 431), principal instrumento legal en materia laboral, muy superior en su fuerza a cualquier norma dictada por resolución ministerial (como las Normas de Homologación; ME, 1982). Máxime si la CC tiene carácter UNICO, es decir, válida para todos los sectores (obrero, administrativos y de profesores) de todas las Institutos de Educación Universitaria del país o “ramal” universitario y, por ello, se NEGOCIA y firma en una Reunión Normativa Laboral (Cap II, sección 4ª de la LOTTT; y, sus antecedentes, Cap V la antigua LOT, 1997). Es decir, DISCUTIDA directamente por el “patrono” (léase gobierno BOLIVARIANO y SOCIALISTA, de demostrado compromiso y arraigo POPULAR, con intervención de varias de sus más altas instancias ministeriales –MinPPEU y MinTraSS- y de la Procuraduría General de la República) con la representación de LA MAYORÍA de los interesados… ¿o acaso no ha costado varios años de trabajo y de doloroso atraso lograr este acuerdo nacional por la tozudez de algunos sectores de trabajadores? ¿No recuerdan, por ejemplo, el llamado a Mesas de Diálogo que –como 1ª medida- efectuó la Ministra Yadira Córdoba en enero 2011? ¿o la reunión especial intergremial e interministerial convocada desde la Vicepresidencia, por Elías Jaua el 22 de Septiembre de ese mismo año? Y aún ahora (y desde Octubre) ¿no fueron aceptadas en la Reunión Normativa 8 de las universidades (o mejor, sus 12 asociaciones de profesores) afiliadas a FAPUV y otros sindicatos no legitimados (por NO acogerse a la legislación vigente –que el gobierno TAMBIEN debe cumplir y HACER cumplir- al negarse a la sindicalización o por su retraso en lo electoral)? ¿y no es cierto que –SE ACORDÓ EN LA MESA- las decisiones se están tomado PREFERIBLEMENTE por consenso? ¿QUIEREN MÁS RESPETO, AMPLITUD Y AUTONOMÍA QUE ESA?....”. Entonces, ¿No es de opositores manejar el discurso que el Gobierno que más a favorecido a la Autonomía Universitaria, sea quien la violeta?. Por citar un caso muy específico ¿No fue, en su momento, cuando el Presidente Chávez, concedió a la UCLA la oportunidad de hacer su Reglamento Autonómico para otorgarle esta condición a nuestra querida Universidad?, ¿Por qué no se llamó a toda la comunidad universitaria Uclaísta, para dar esa discusión y conformar ese Reglamento? ¿Dónde esta esa propuesta, si es que alguna vez se hizo? ¿Por qué no se hizo pública para el debate?, son preguntas que muchos se hacen y pocos se atreven ha realizar.

Estas líneas sólo presentan una breve visión del conflicto universitario y aspectos muy puntuales sobre el mismo, pero aún hay mucha tela que cortar al respecto y esperemos que la sensatez y responsabilidad se manifiesten y se reanuden las actividades en las universidades que se mantienen en trance.

Ing.

Docente Universitario (UCLA)

Categoría Agregado


emoreno@ucla.edu.ve


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