Universidad empleadora y para la asistencia social

Recientemente leí, en un artículo de Aporrea, la preocupación del autor por la limitación presupuestaria a que el Gobierno tiene sometida a las  universidades, acción que él achacaba a la ministro Yadira Córdova sin tocar ni con el pétalo de una rosa a quienes dirigen la política financiera del Gobierno. Es la forma usual que utilizan estos críticos, muy fieros con algunos ministros pero hasta allí, no vaya a ser que entren en una zona peligrosa y caigan en desgracia con el alto mando de la “revolución bolivariana”. Pero no es a esta connotación del reclamo que quería referirme, ni tampoco a insistir en la insuficiencia financiera de las universidades, sino a las causas de la protesta y la denuncia del articulista, que dicen mucho de cómo ve las universidades la inmensa mayoría de los cuadros medios del PSUV y de quienes apoyan al Gobierno.

La queja se produce porque los comedores universitarios se están quedando sin comida, por lo que los estudiantes usuarios no pueden satisfacer la necesidad incuestionable de alimentarse, dificultad que se suma a la que representan sus estudios. La protesta se hace porque comienza a resentirse en forma importante el ya malogrado transporte estudiantil universitario, que pondría en peligro la asistencia de un cierto número de estudiantes a las universidades, además de dificultar el traslado de aquellos empleados que utilizan este sistema. El reclamo estalla ante el deterioro de los servicios de salud de los estudiantes y de los empleados administrativos, estos últimos afectados con sus familiares hasta grados de familiaridad inimaginables por los lectores. La falta de recursos para becas y bolsas de trabajo también explica los reproches.   

Así ven la universidad los revolucionarios actuales. Y así posiblemente la vieron siempre muchos de quienes, desde la izquierda, lucharon para defenderla de las incomprensiones gubernamentales: como fuente de bienestar social de los estudiantes (comedor, transporte, servicios médicos, becas, bolsas de trabajo, actividades deportivas), como generadora de empleo formal permanente y de bienestar social de sus trabajadores y familiares. Pero más grave es que el Gobierno tenga la misma apreciación. El financiamiento de las actividades académicas, es decir las esenciales, no genera mayores protestas. No importa el estado de las bibliotecas, tampoco el equipamiento de aulas, laboratorios, salas de seminarios ni de informática; menos aún la infraestructura, la carencia de materiales y la calificación de los profesores.

No hablo de la investigación porque eso sería pedir mucho a inteligencias tan enfocadas en lo “social”, que no dan para comprender la relación del conocimiento científico con la explotación de unos pueblos por otros. Con concepciones de esta naturaleza jamás podremos hablar de educación de calidad, máxime cuando se impuso la política de pagar las deudas sociales con privilegios académicos.

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