Cada cierto tiempo, por acción de los estudiantes, los obreros, administrativos o docentes, cuando los efectos de la inacción de la inseguridad se hacen chocantes, se produce un debate acerca de la seguridad y las medidas que se tomarán. Parece un eterno rittornello, que les permite a las autoridades lavarse la cara sobre el tema. Durante los años 2000-2008 se han invertido hasta más de 4.000.000 BsF anuales en el equipamiento de una Dirección de Seguridad Integral (DSI) que sólo ha paliado el problema de la seguridad. La inefectividad no tiene relación con una falta de compromiso de por parte del personal, ni nada por el estilo, es más bien un problema de la concepción paradigmática a través de la cual se asume el problema de la inseguridad.
A partir de la gestión del Rector DR. Domingo Bracho, continuando con las gestiones de Leonardo Atencio y la actual del Dr. Jorge Palencia, ha prevalecido el mismo enfoque: la inseguridad se soluciona aumentando el personal. Este error es común en el tratamiento o abordaje del problema. Durante mucho tiempo en Venezuela se ha asumido el tema de la inseguridad como un problema que se soluciona coactivamente a través del incremento de la represión, sin embargo la realidad ha sido otra. Los problemas de seguridad tienen que ver con los enormes contrastes sociales que la dinámica de acumulación del sistema capitalista crea. El problema consiste en el hecho que el funcionamiento de la estructura económica se basa en la apropiación de los excedentes generados por el trabajo del hombre. Esos excedentes vienen determinados por la diferencia entre el trabajo producido – el valor de lo elaborado en la jornada de trabajo- y la remuneración que finalmente se le cancela al trabajador. Esa diferencia es la base de la acumulación capitalista y es el punto de inicio de la inequidad social y como consecuencia, de los contrastes que impulsan la violencia y los procesos que alteran la dinámica social.
Lo que sucede es que existe una visión errada, que presupone que con mayor cúmulo de hombres – armados y dispuestos a reprimir- se puede “controlar” el brote de violencia. En el caso de la Universidad, se invierte mucho más en seguridad – inefectiva, ineficiente- que en investigación y extensión. Como consecuencia de este enfoque errado los docentes, administrativos, obreros y estudiantes seguimos siendo víctimas de la violencia que se ha enquistado en nuestros espacios. ¿Cabe preguntarse por qué sucede esto? ¿Qué interés pueden tener los grupos de poder en el mantenimiento de esta situación? La respuesta tiene que ver con las propias perversiones del sistema universitario. La estructura de poder clientelar y corporativista que ha prevalecido – como copia del modelo político imperante en 1958- ha creado un sistema de auto-regulación y protección destinado a mantener las situaciones privilegiadas de ejercicio del poder, utilizando incluso mecanismos coercitivos que son especialmente útiles en momentos de elecciones. Lo que afirmo, es que buena parte de esos grupos que hoy delinquen en los espacios universitarios se han alineado con algunos de los factores de poder en época de elecciones, como parte de una “fuerza de choque” ante las eventualidades o conatos de violencia que siempre se presentan en las circunstancias en las cuales se ejerce el derecho al voto en las Universidades.
Lo que ha sucedido, es que en función de esas relaciones clientelares, pero con el adicionante de la coacción, esos grupos han terminado por penetrar los movimientos estudiantiles o han pasado a constituirse en especie de fuerzas paramilitares, que se encargan de sobornar, chantajear y presionar a todos los factores que en función del movimiento social y económico de la universidad, tienen presencia. Lo peor de todo, es que las propias autoridades, los supervisores de vigilancia, los funcionarios de la DSI saben quién es quién, pero no hay la decisión de adelantar acciones de inteligencia que generen como resultado el desmantelamiento de esas relaciones simbióticas, que pervierten el espacio universitario.
Afirmamos, que las autoridades universitarias, saben perfectamente las relaciones de estos grupos violentos, pero están conscientes que en algún momento han tenido relaciones clientelares con ellos y por lo tanto, no pueden actuar, para su desmantelamiento. Mientras, docentes, obreros, estudiantes, administrativos y público en general, son objeto de amenazas y temores, al convertirse la universidad en un territorio sin ley, por la falta de decisión política para contener estas situaciones. La acción conjunta con el DIBISE debe ser sólo una etapa del plan de seguridad. Debe adentrarse en levantar acciones de inteligencia que identifiquen, localicen y detengan a los miembros de la comunidad – o los que no lo son- que se dedican al hurto, robo y violación dentro del recinto. Sí las autoridades dicen creer, como lo han manifestado en el respeto a los derechos humanos, deben actuar con firmeza en la defensa de la seguridad e integridad de la comunidad universitaria.
DR.
Historiador
Juane1208@gmail.com
