El Alto Gobierno debe intervenir en el genocidio contra los Yukpa

‘El descontento de Chávez

El presidente Chávez ha tenido la valentía de responsabilizar, desde un acto electoral en Anzoátegui, a burócratas públicos como causantes del descontento popular y llamó a recuperar a gente “defraudada de esta lucha, tenemos que ir a convencerlos otra vez a que se sumen a la causa”.

“Me quejo de las fallas, los descuidos, la falta de atención esmerada, con amor a las necesidades plenas, carajo, del pueblo” 

“Ponerle más corazón, más alma a las necesidades del pueblo”, así dijo Chávez. La falta de amor, alma y corazón dibuja certeramente a los “matavotos” y también a los sectarios prepotentes dueños de la verdad.’ (Julio Escalona, Últimas Noticias, 17/0712).

Los factores involucrados quieren convertir el asesinato en serie de los dirigentes Yukpa del río Yaza en un típico “caso cangrejo” para frustrar con la impunidad las aspiraciones del pueblo Yukpa de poseer la propiedad colectiva de la tierra libre de explotación minera, de hacendados y parceleros través de un título. Esto lo afirmamos dadas las aristas que se vienen conformando silenciosamente en Machiques:

Primero, los fiscales designados en el caso son los antiguos fiscales acusadores, vinculados a los ganaderos y odiadores de indios Jhovana Molero García y Américo Rodríguez presentes en el juicio anterior contra Sabino Romero y Alexander Fernández Fernández realizado en La Villa del Rosario y Trujillo. Serán recusados por los familiares de las víctimas por considerarlos sus enemigos activos de clase.

Por su abierta actitud racista y avasallante contra los testigos propuestos por la defensa, el abogado Rodríguez durante el juicio anterior fue objeto de observaciones por el Juez Moreno Matheus y varias veces protestado en las puertas de los Tribunales en Trujillo y en la Fiscalía en Caracas, y ahora en este caso concreto repite el mismo formato al hacer acto de presencia en la zona y al identificarse una joven como hermana de las víctimas lo primero que le dice el Fiscal 35 Américo Rodríguez “ah tu eres hermana de los que sacaron a los campesinos”. No hay garantía de justicia. 

Segundo, algunos funcionarios del CICPC criminalizan a los Yukpa y mantienen una actitud prejuiciada contra las víctimas, poniendo en duda la ética profesional que debe requerir todo funcionario policial de este cuerpo de investigación.

En enero pasado cuando estaba declarando como víctima en el CICPC sede Machiques, Carmen Fernández, o Anita como se le nombra con cariño, tía del joven indígena Darío Segundo García Fernández, asesinado en diciembre 2011 por un parcelero de las Flores, donde también fueron heridos dos de sus hijos (uno de ellos va a ser de nuevo operado), los funcionarios policiales desvían el interrogatorio y comienzan a preguntarle a la dolorida madre por los nombres y lugares donde se encuentras sus hijos, y en medio de la jerga policial en la cara de Anita, y cerca de su hija acompañante, en tono amenazante le dicen que los andan buscando porque uno a uno los van a matar por ser delincuentes, violadores y ladrones de ganado. Es decir dan como cierto todo el contenido del discurso criminalizante que ciertos ganaderos de Machiques y parceleros de las Flores y la Estrella manifiestan en las acusaciones infundadas ante la delegación policial y en los medios de comunicación social. No hay garantía de una correcta investigación policial, y podríamos estar frente a potenciales asesinos de Yukpa.

Pese a que existen nombres de los presuntos asesinos y financista de los sicarios, se les ve por las calles de Machiques muy tranquilos, tal parece que no hay voluntad al respecto, a menos que se esté esperando detenerlos luego de la feria agropecuaria de la Virgen del Carmen en Machiques.

Tercero, pese a que Carmen Fernández tiene “MEDIDA DE PROTECCIÓN” que “consiste en patrullaje permanente, con mayor intensidad en horas nocturnas” en la comunidad Kuse donde vive, el jefe del Destacamento de Frontera Nº 36. Primera Compañía de la Guardia Nacional Bolivariana del Municipio Machiques de Perijá, hasta la fecha, no ha cumplido con la orden emitida por la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público, Oficio Nº 0590-2012, Maracaibo, 9 de julio de 2012. Causa: 24-DDC-F20-00611-2012. Comisión 00-DDC-F35-0006-2012. 

Esta fue la misma actitud de la GNB y del Ejército cuando el Fiscal Superior le solicitó protección para Sabino luego de la muerte de su padre y las constantes amenazas y golpes por parte de los sicarios pagados por el hacendado Alejandro Chávez Vargas. La historia se repite. 

Esta actitud es contraria cuando el ganadero acude a la Fiscalía y a la GNB para solicitarle la custodia de sus fundos. Durante meses vemos a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuidándole las vacas a los ganaderos, o al Ejército en un convoy parado durante las noches o en el día frente a una u otra hacienda. 

Estas tres instituciones de vital importancia para el Estado llenas de funcionarios al servicio de la impunidad, la desestabilización y la guerra en el Zulia juegan con otros sectores económicos poderosos y políticos de derecha, a la desesperanza del ciudadano y a la parálisis de las instituciones.

Este plan sicario/paramilitar, ganadero/parcelero y de funcionarios civiles y militares de derecha cabalga sobre la canallada mediática que en Machiques y en Maracaibo tratan de imponer una matriz de opinión contra los Yukpa o contra el país denunciando o comentando hechos generadas por ellos mismos, y gritan por doquier que nada sirve, que hay guerrillas en la frontera cuando lo que crece en los poblados y ciudades es el paramilitarismo, el sicariato y el hampa organizada, que no hay esperanza, que todo funciona mal, que el ciudadano común es un “chichomaracucho”, violento, o calificar de “guelepedos” del Gobierno a los luchadores sociales que tratan de hacer algo para contrarrestarlos en su política perversa de la parálisis, el descompromiso, la impunidad y el golpismo.

El Zulia todo esta cruzado por estas fuerzas perversas antes descritas, donde el asesinato en serie de los dirigentes Yukpa del río Yaza es una parte del borde de este vitral territorial. 

Necesitamos: a) que se investigue a fondo los asesinatos de los seis Yukpa y sus culpables vayan a la cárcel, b) que se investiguen a los funcionarios del CICPC que la señora Carmen Fernández denunció ante la Fiscalía 35 el 09/07/12, c) que la Fiscal General Luisa Ortega Díaz ordene la salida de los dos fiscales nombrados o canalice la recusación de los Fiscales Américo Rodríguez y Jhovana Molero García formulada por los familiares de los muertos, d) que la GNB le de Medida de Protección a Carmen Fernández Romero, a las comunidades Chaktapa y Río Yaza constantemente amenazadas por escuadrones de sicarios, e) que este año se comience a hacer efectivo el pago de las bienhechurías de las haciendas y f) que se incluya en el pago las parcelas de las Flores y la Estrella.


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