Cuando se escriba la historia de los cambios sísmicos que ocurren hoy en la economía mundial, el fracaso en julio de 2008 de los intereses corporativos y de algunos gobiernos en ampliar la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través de la Ronda de Doha pasará a ser un momento decisivo.

Fue en esta ciudad a orillas del lago, donde los negociadores tiraron la toalla después de siete infructuosos años tratando de ampliar un conjunto particular de políticas corporativistas, a las cuales la mayoría de los gobiernos ya le habían dado un "no", una y otra vez (en Seattle en 1999 *, México en 2003, y en Ginebra en 2006). El Director General de la OMC, Pascal Lamy, intentó un impulso de última hora para concluir un acuerdo de Doha pidiendo una reunión exclusiva, sólo por invitación, para el mini ministerial de alrededor de 30 de los 135 países miembros de la OMC, en Ginebra el mes pasado. Esto a pesar de amplias divergencias en las posiciones políticas dentro de las áreas de negociación y a pesar de que la administración Bush no tiene autoridad para firmar cualquier posible acuerdo.

Y como si no fuera suficiente abrogación del proceso democrático el excluir a cuatro quintas partes de la membresía de la OMC de las negociaciones de la notoria "Sala Verde", cuando las conversaciones fallaron en converger entre esos 30 países, Lamy continuó las negociaciones con apenas siete miembros, incluyendo a casi todos los países del mundo desarrollado pero irónicamente excluyendo por completo a todos los países de África en una ronda a la que sus proponentes todavía descaradamente llaman la "ronda del desarrollo". Muchos países en desarrollo como Bolivia y Kenya, e incluso el anfitrión, Suiza, plantearon importantes preocupaciones con el procedimiento en relación a su exclusión de la reunión, pero sus preocupaciones fueron desestimadas por Lamy.

Si se les hubiera permitido a los países africanos participar en las deliberaciones secretas, ellos hubieran exigido resoluciones sobre cuestiones como la reforma de los subsidios al algodón de EE.UU.  las cuales impulsan a que 20,000 productores estadounidenses sobreproduzcan algodón, resultando en la erosión de los ingresos de 10 millones de agricultores africanos en países como Benín, Burkina Faso, Mali y Chad. Estos subsidios sacan a muchos de estos agricultores del negocio y reducen ingresos claves para los presupuestos de salud y de educación para los pobres. Algunos observadores han puesto en relieve la firme posición de los africanos en las cuestiones de desarrollo cuando se les permitió participar en la mesa de negociaciones en el pasado. Por eso muchos han argumentado ahora que el deseo de los países ricos de evitar las cuestiones clave para África, como el algodón, es la verdadera razón del colapso de las negociaciones. Pero esta parte de la historia parecería demasiado fea para ser publicada en la prensa estadounidense.

La reciente cobertura de los medios en Estados Unidos del fracaso de las conversaciones se ha centrado en las posiciones de negociación de diversos países, sobre todo culpando a India y a China. Pero cuando uno profundiza en las cuestiones subyacentes, está claro que lo que está en juego en las negociaciones es mucho más que simplemente el "comercio", y que el colapso se debió a fuerzas mucho más grandes que las posiciones de cada uno de los países. En particular, se debió a las cuestiones que rodean las crisis globales de alimentación, clima y finanzas, así como la falta de avances en el desarrollo debido a la incapacidad de las políticas neoliberales para promover efectivamente el crecimiento o la reducción de la pobreza. Dado los cambios en la dinámica política internacional, así como en las agendas globales, el colapso en las negociaciones en curso tendrá repercusiones de gran alcance más allá de la OMC.

Soberanía alimenticia o crisis alimenticia

Tomemos por ejemplo la agricultura, que ha sido el tema citado por la mayoría de las explicaciones sobre el colapso de las negociaciones. India, con el apoyo de la inmensa mayoría de los países en desarrollo, luchó dentro de la OMC por el derecho a que se le permitiera proteger a sus agricultores, la seguridad alimenticia, el desarrollo rural y en contra de la vulnerabilidad a la volatilidad de los mercados de productos básicos. Los aumentos repentinos de productos extranjeros subvencionados han devastado tanto a los productores agrícolas locales, los cuales representan las tres quintas partes de la fuerza de trabajo en una población de 1.100 millones de personas, de los cuales se dice que más de 100.000 campesinos se han suicidado en los últimos años. Sin embargo, los negociadores de EE.UU. no permiten las protecciones y exigieron un mayor acceso a los mercados de los países pobres para sus exportaciones agroindustriales, mientras que se niegan a reducir los límites aplicados a las subvenciones internas a dos veces por debajo de su tasa actual .

No es una coincidencia que las conversaciones se derrumbaron por temas relacionados a la agricultura, en un año cuando países, desde Haití hasta Pakistán, y desde México hasta Camerún, han visto disturbios desatarse a causa de los precios de alimentos. Aunque los precios de los productos alimenticios están, afortunadamente, registrando un pequeño descenso, la crisis alimenticia está erosionando la lealtad a los dogmas de libre comercio en la agricultura. Muchos países en desarrollo que antes podían atender a sus propias necesidades alimenticias dependen ahora en gran medida de las importaciones. Dos tercios de los países en desarrollo son ahora importadores netos de alimentos. Décadas de políticas de ajuste estructural dictadas por el FMI y el Banco Mundial, junto con los “acuerdos de libre comercio", así como las políticas de la OMC, han obligado a los países en desarrollo a reducir los aranceles. Esto, combinado con altos niveles de subsidios permitidos en los países ricos, ha aplastado la capacidad productiva de muchos países en desarrollo. Las políticas de la OMC también han contribuido a la erosión de la granja familiar en Estados Unidos y otros países ricos. La expansión adicional de la OMC no resolverá, y por el contrario, agravaría la crisis alimenticia, a pesar de las afirmaciones de Lamy.

Otro factor clave en juego en las negociaciones de Ginebra ha sido la continua movilización de la sociedad civil global en contra de la expansión de estas políticas fallidas. Por ejemplo, los agricultores de India han venido organizando protestas masivas durante los últimos años contra la OMC. Su ira fue afilada al ser testigos de la dura presión que su gobierno enfrentó durante las conversaciones, que incluyó al menos tres llamadas personales del Presidente Bush al Primer Ministro Manmohan Singh durante las negociaciones. Los agricultores de Indonesia, India, Filipinas, Brasil y otros países presionaron a sus representantes en Ginebra, mientras que mantenían a la sociedad civil en sus países enterada sobre el estado de las negociaciones. Juntos presionaron a sus gobiernos a resistir las exigencias que van en contra del desarrollo y contribuyeron a asegurar la victoria del colapso.

Tumbando la escalera del desarrollo

Una dinámica similar surgió en el otro pilar fundamental de las negociaciones de Ginebra, en relación a los aranceles sobre bienes industriales. Los aranceles son esencialmente impuestos que pagan las empresas a los gobiernos extranjeros por el privilegio de vender sus productos y obtener una ganancia en otro país. El uso estratégico de los aranceles ha sido una estrategia fundamental de cualquier política de industrialización. Los gobiernos aumentan los aranceles para brindarle protección a las industrias nacientes de la competencia extranjera y para promover el empleo y el desarrollo nacional y luego, cuando las industrias son competitivas, reducen estos aranceles para que los consumidores ahorren dinero. Como ilustra el economista de Cambridge, Ha-Joon Chang, EE.UU. y el Reino Unido tenían los aranceles más altos del mundo al principio del siglo pasado, durante el periodo de industrialización de estos países. Ahora, los países ricos están esencialmente diciendo, “Haz como yo digo, no como yo hice”, argumentando que los países en desarrollo deben reducir sus aranceles porque ahora los países ricos tienen tarifas más bajas y son más ricos. Esto equivale a “tumbar la escalera” del desarrollo (con la que otros llegaron hasta ese estado).

En la OMC, esto sucede en el ámbito de las negociaciones llamadas "acceso a los mercados no agrícolas", o NAMA, en la jerga de la OMC. Tanto los países desarrollados y en desarrollo se han puesto de acuerdo para reducir los aranceles, dentro del mandato de Doha de buscar una reciprocidad menor a la plena. Esto significa que los países en desarrollo supuestamente obtendrían un mayor "acceso a los mercados" de los países desarrollados (y, por tanto, reducirían sus propios aranceles por un menor porcentaje) que viceversa. Sin embargo, en las negociaciones los países ricos exigen que los países en desarrollo reduzcan sus aranceles en un promedio de alrededor del 60 por ciento, mientras que sólo ofrecen reducir sus propios aranceles la mitad de eso (aproximadamente el 28 por ciento). Esta inversión es oscurecida por el hecho de que en realidad, las negociaciones se centran en una "fórmula Suiza con coeficiente", que parece estar deliberadamente intencionada para confundir al observador común sumergido en obscuridades técnicas.

De acuerdo con la Confederación Sindical Internacional, estas reducciones arancelarias se traducirían en decenas de miles de puestos de trabajo perdidos en los nuevos países industriales, en medio de una crisis de pobreza y falta de avances en el desarrollo en muchos países. Además, la Red del Tercer Mundo ha señalado que los recortes también limitarían las posibilidades de desarrollo industrial para muchos de los países más pobres. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estima que las pérdidas arancelarias (que representan una parte importante de los presupuestos de salud y educación de muchos países en desarrollo) ascenderían a casi cuatro veces la cantidad de los pequeños "beneficios" proyectados para los países en desarrollo de la Ronda de Doha.

Afortunadamente, los sindicalistas de Sudáfrica, India, Filipinas, Argentina, Brasil, México y otros países han empezado a expresar cada vez más sus preocupaciones y viajaron a Ginebra para presionar a sus gobiernos, elevar sus voces ante los medios de comunicación y garantizar que los trabajadores en sus países pusieran presión sobre los gobiernos para que defendieran sus intereses. Aunque el tema de las reducciones de aranceles industriales no se presentó como el factor que impidió que se llegara a un acuerdo esta vez, es evidente que seguirá siendo un objetivo principal de los países ricos en las negociaciones.

La ampliación de la OMC agravaría, en vez de resolver, las crisis ambiental y financiera

La agricultura y la combinación de empleos y desarrollo no son los únicos ámbitos en los que cada vez es más evidente que la OMC es un factor que, en lugar de ofrecer una solución, contribuye a las crisis mundiales actuales. La crisis mundial ambiental también requerirá nuevas soluciones innovadoras. Lamentablemente, muchas de esas ideas chocan con las prohibiciones de la OMC sobre políticas de regulación que podrían de alguna manera, sin querer, restringir el comercio. Ya sabemos que el transporte marítimo de productos a decenas de miles de kilómetros a través del planeta a fin de que las empresas puedan aprovechar las ventajas de mano de obra barata en algunos países, la debilidad de las normas ambientales en otros y desarrollar los mercados de consumo en un tercer país, contribuye significativamente al calentamiento global. ¿Realmente deseamos que nuestra capacidad para preservar la vida en nuestro planeta se vea limitada por la OMC?

Ninguna cuestión ha dominado los titulares de este año más que la crisis financiera mundial, ahora existe un amplio consenso en que ésta ha sido facilitada por la falta de reglamentación adecuada en los mercados financieros. Sin embargo, en las negociaciones de la OMC sobre los servicios, los países ricos activamente buscan una mayor desregulación y liberalización de los mercados financieros, lo que representa los intereses de sus industrias financieras. Es ilógico que el Director General de la OMC, Pascal Lamy, haya convocado a la finalización de la agenda de expansión de la OMC como una solución a la crisis financiera mundial, cuando sus políticas reales, con cualquier cálculo razonable, va a contribuir a una mayor inestabilidad.

Aunque las negociaciones sobre los servicios no aparecieron con mucha frecuencia en los titulares, fueron una parte esencial de la agenda de la OMC en julio. Mientras que el presidente de las negociaciones sobre servicios intentó presionar a los países a ampliar el nivel actual de la liberalización de los servicios "hasta lo máximo posible", un grupo de países - Bolivia, Cuba, Venezuela y Nicaragua - rechazó con éxito la maniobra. Enfrentando la situación aun más críticamente, el grupo también distribuyó una propuesta para eliminar los sectores de salud, educación, agua, telecomunicaciones y energía de la OMC usando el argumento de que estos servicios públicos esenciales son derechos humanos que los gobiernos tienen la obligación de proporcionar y, por ende, no deben ser tratados como productos comerciables. Estos esfuerzos fueron inmediatamente apoyados por más de 100 organizaciones de la sociedad civil alrededor de todo el mundo en el transcurso de 36 horas. El Presidente de Bolivia Evo Morales ya había expresado el mismo argumento en una declaración emitida poco antes de las negociaciones de la OMC.

¿Hacia dónde nos dirigimos desde aquí?

Muchos temen que el colapso de las conversaciones multilaterales conduzcan a una mayor presión para que se den acuerdos bilaterales y regionales que utilizan las mismas (y, a menudo, incluso más extremas) políticas de la OMC. Además, cada vez que la Ronda de Doha se ha "derrumbado", se le ha resucitado de entre los muertos subsecuentemente y se han reanudado las negociaciones. Y por supuesto, sin importar cuál haya sido la causa del colapso del intento de expansión, la OMC seguirá regulando el comercio mundial a favor de las ganancias corporativas y en contra de los intereses de los trabajadores, agricultores, consumidores y el medio ambiente.

Sin embargo, esta vez es diferente. La confianza en las políticas corporativas de la globalización se ha erosionado significativamente desde la fundación de la OMC, principalmente debido al abismal fracaso de estas políticas para promover el crecimiento, la equidad y el desarrollo sostenible en ambos, los países del norte y los del sur en las últimas tres décadas (y el fracaso de la OMC en hacer lo mismo desde 1995). Adicionalmente, los estudios que proyectan los "beneficios" de una Ronda de Doha, que han sido muy exagerados por los proponentes de la OMC, han reducido sus cálculos sobre estos beneficios con el tiempo y siguen siendo insignificantes - alrededor de un centavo por día por persona en el mundo en desarrollo. El mejor resumen más reciente de las ganancias y las pérdidas de la OMC se puede examinar aquí.

Al mismo tiempo, algunos gobiernos están experimentando cada vez más con políticas alternativas, como la integración regional, la nacionalización de recursos, el comercio Sur-Sur, y el aumento de los presupuestos para la salud y la educación, que son generadores de crecimiento y prosperidad mucho más eficaces. Sólo para dar un ejemplo, el aumento del crecimiento por encima del promedio de crecimiento latinoamericano de solamente Argentina y Venezuela en los últimos cuatro años ha traído ganancias combinadas de 140 mil millones de dólares a esos dos países. Este crecimiento económico real hace que las ganancias proyectadas de 16 mil millones de dólares para todos los países en desarrollo del mundo combinados (de acuerdo con las proyecciones más recientes del Banco Mundial para una probable conclusión de Doha; ambas cifras en dólares constantes de 2001) sean muy pequeñas.

De igual importancia es que la política mundial se haya realineado desde que Doha se lanzó inicialmente. Los países en desarrollo son mucho menos propensos a aceptar las políticas dictadas por los gobiernos de las naciones ricas y muchos de ellos también han adquirido libertad económica de los dictados del FMI en los últimos años. Aunque Brasil, India y China pueden ser las potencias de mercados emergentes más frecuentemente citadas, los países en desarrollo desde América Latina hasta África y Asia, están exigiendo cada vez más tener una voz más fuerte en los foros internacionales.

En Estados Unidos se están haciendo esfuerzos increíbles para asegurarse de que nuestro próximo presidente y Congreso realmente apliquen políticas comerciales equitativas, demandadas por los ciudadanos que han sufrido por la pérdida de empleos, el estancamiento de los salarios reales y las empresas que se han salido con las suyas durante demasiado tiempo, incluso a través de la nueva Ley de reforma comercial, responsabilidad, desarrollo y empleo (TRADE Act).

Organizaciones de la sociedad civil durante años han desarrollado múltiples ideas para un paradigma diferente para la ampliación de la prosperidad mundial y el desarrollo sostenible a través de políticas que permitan establecer la estabilidad financiera mundial, contribuyan a la solución en lugar de exacerbar la crisis climática y que promuevan la capacidad de los países para alimentar a sus poblaciones, entre otros objetivos. Al derrotar la expansión de la OMC una vez  más, el espacio político se ha creado en el cual estas políticas y paradigmas alternativos pueden florecer. Ese espacio también podría desaparecer si la sociedad civil no continúa trabajando para garantizar que las negociaciones no se reanuden.

Lo que se necesita ahora es organización continua para mantener ese espacio político abierto, junto con la voluntad política para convertir la innovación de políticas ya en marcha en un nuevo paradigma económico a nivel mundial que pueda disciplinar las nocivas prácticas corporativas, mientras que en realidad se aumente el crecimiento, reduzca la pobreza y se expanda el desarrollo sostenible a nivel mundial. Sólo entonces es que podrán la víctimas de esa cuarta crisis y una de las más desatendidas – en la cual más de mil millones de nuestros conciudadanos humanos hoy en día sufren a causa de la extrema y a menudo letal pobreza – encontrar la esperanza de un futuro mejor.

* Una nueva película de Stuart Townsend protagonizada por Charlize Theron, La Batalla en Seattle, se estará presentando en cines de teatro selectos del 19 al 21 y del 26 al 28 de septiembre. Consulte www.battleinseattlemovie.com para obtener más información. También puede pedir que la película se muestra en su ciudad. ¡No es a menudo que los estadounidenses llegan a ver en la pantalla grande el poder político de la sociedad civil cuando se une para impugnar el poder corporativo y con éxito cambian el curso de la historia!