Recientemente nuestro país ha librado dos batallas en las que ha obtenido sendas grandes victorias que, por su significación política e histórica, se hace imperativo registrar: una, en el ámbito internacional, en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), y otra, al interior de la nación que, si bien, aún está en pleno desarrollo, desde ya se puede presagiar, sin vocación de pitonisa, que su resultado será, también, ampliamente favorable para el pueblo venezolano, la constitucionalidad del país y para el gobierno bolivariano.

Batalla diplomática

Como es ampliamente conocido, los pasados lunes 27 y martes 28 de marzo, en la Sala Simón Bolívar de la sede de la OEA, en Washington, donde se reúne el Consejo Permanente de esta organización, se escenificó una gran batalla diplomática en la que se hizo sentir la dignidad y soberanía de la nación venezolana frente a un grupo de países, cuyos gobiernos, se habían concertado para, por la vía de la presión, el chantaje y la mentira, someter al gobierno bolivariano a aceptar las condiciones (elecciones generales inmediatas, libertad de los "presos políticos" y declaratoria de crisis humanitaria) que plantea la oposición venezolana, so pena de que se le aplicaría la Carta Democrática Interamericana (CDI) en caso de que dichas condiciones fuesen rechazadas por el gobierno venezolano.

Quedó claro que esa concertación de países no era más que una confabulación encabezada por el gobierno de Estados Unidos, con el concurso de los gobiernos de los países más propensos a someterse a los designios yanquis, que, utilizando como instrumento orquestador al felón Luis Almagro, tenía como propósito aislar y doblegar a Venezuela, buscando encausarla hacia el camino de la restauración de la democracia tutelada, tal cual como acontece con los países cuyos gobiernos se mantienen subyugados al mandato estadounidense.

Pero, con todo y el poder que ostenta y ejerce la élite imperial en el mundo y en el continente americano y, especialmente, en la OEA que ha estado bajo su control desde su fundación en 1948, el gobierno bolivariano, dirigido por Nicolás Maduro y representado, en esa batalla, magistralmente, por la Canciller Delcy Rodríguez Gómez y el Embajador Samuel Moncada atinaron a propinarle una sonora derrota a la coyunda conformada por el imperialismo, la derecha internacional y la apátrida oposición venezolana, al impedirles que reuniesen las dos terceras partes (24 de 34) de los votos requeridos para imponer la decisión que pretendían; de tal forma que la cacareada CDI invocada por el onagro Almagro en el peregrino informe que presentó y que aspiraban aplicarla como umbral de la intervención extranjera en el país, nuevamente fue archivada; quedando con los "crespos hechos" los sempiternos adversarios del chavismo tanto a nivel internacional como a nivel local.

La alianza tejida por Chávez y consolidada por Maduro con los gobiernos progresistas de América Latina y El Caribe sirvió de contención a las maniobras del propio Trump, y de los presidentes de México, Perú, Argentina, Paraguay, Brasil, Honduras, Costa Rica y Colombia y del primer ministro de Canadá, entre otros, que estaban en la conspiración para defenestrar al gobierno del Presidente Maduro, más no pudieron y fueron derrotados, lo cual no implica que desistan de sus empeños; el afán hegemonicista de uno y la disposición rastrera de los otros indican que van a persistir. Ya veremos

Omisión legislativa

La otra gran batalla, que está en pleno desarrollo, y que desde ya nos atrevemos a vaticinar que significará otra gran victoria política para el chavismo y para la nación venezolana en su conjunto, es la que se está escenificando con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del pasado miércoles 29, sustentada plenamente en el artículo 336, ordinal 7, constitucional, en el que se contempla que ante la omisión legislativa de algún Poder del Estado, la Sala Constitucional tiene la potestad de asumir las respectivas atribuciones del Poder Público en cuestión "para garantizar el cumplimiento de esta Constitución".

Y este es el caso, precisamente, en el que nos encontramos, pues, el TSJ, basado en un artículo de la Ley de Hidrocarburos, que establece que los convenios internacionales y las asociaciones con empresas extranjeras deben ser aprobados por la Asamblea Nacional; y siendo que ésta, por estar en situación jurídica de desacato, no puede firmar ningún acuerdo porque sus actos son nulos, hace obligante que el TSJ, como garante del Estado de Derecho, asuma las competencias estrictas de la Asamblea para que el país pueda asumir los referidos y necesarios compromisos.

Sencillamente allí está el quid de la situación planteada, que, oportunistamente, la jauría opositora tanto externa como internamente quiere aprovechar para calificarla con el despropósito de "golpe de Estado contra el parlamento" o de "auto golpe de Maduro" y así crear una matriz de opinión, apuntalada en la plataforma mediática y en las redes sociales de las que dispone, para generar un ambiente de caos y de desobediencia a lo interno del país así como presionar a la comunidad interamericana para que proceda, al fin, a aprobar la CDI con las consecuencias que se sabe ello implicaría; lo que los mueve es hacerse del poder de cualquier manera.

Crespos hechos

Es un hecho notorio y comunicacional que son ellos los que han propiciado golpes de Estado desde el inicio mismo del período chavista y en el tramo de estos dos últimos años lo han intentado desconociendo, desde la Asamblea, al resto de los Poderes Públicos, poniéndole plazo a la salida del Presidente y declarando su ausencia del cargo; pero, una vez más, quedarán con los crespos hechos, serán derrotados con la fuerza de la razón, la movilización popular y la alianza cívico-militar. De tal manera que en el lapso de pocos días el pueblo y gobierno bolivariano serán acreedores de dos sonoras grandes victorias políticas.