El inicio de un proceso de diálogo entre una parte de la oposición venezolana y el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, ha generado un importante debate público nacional e internacional sobre su viabilidad, conveniencia y pertinencia. El diálogo como práctica política no es sólo una alternativa, sino el instrumento fundamental de su práctica en una sociedad global donde la democracia se ha asumido como el sistema universal que rige las relaciones humanas.

En Venezuela, el diálogo entre sectores fuertemente polarizados en principio por concepciones ideológicas, pero hoy más que nunca, por intereses de poder, se plantea como "una necesidad", posterior a dos meses de violencia urbana convocada y activada por un sector de la oposición conducida por Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado. Sin embargo esta aparente "necesidad" responde entre otras cosas a una condición de debilidad del gobierno de Nicolás Maduro al no poder seguir desarrollando un proyecto hegemónico tal como lo venía construyendo el Presidente Chávez en su última etapa de gobierno, basado en una mayoría electoral indudable e incuestionable que permita evadir cualquier negociación para la subsistencia del proceso revolucionario.

La convocatoria y aceptación del diálogo por parte del gobierno es visto por algunos sectores radicales del proceso revolucionario como un síntoma de debilidad y como el adelanto de un "pacto" de gobernabilidad y alterabilidad del poder con el sector más moderado, menos radical y anti extremista de la oposición.

De igual manera, dentro de la oposición, la aceptación al diálogo sólo es reconocida por aquel sector que aunque no ha cuestionado las acciones violentas en las calles de diversas ciudades del país, no han convocado a las mismas, mientras que el sector más extremista rechaza el diálogo, asumiendo que quienes asisten sin haberse cumplido una serie de condicionamientos previos para tal fin son unos "entreguistas" que "se han doblegado al régimen Castro Comunista".

Esto plantea una realidad sociológica muy particular en Venezuela. En otras sociedades la posibilidad de desarrollar un gobierno de conciliación donde un proceso de diálogo termine en una negociación de interés y un reparto de cargos con el fin de dar paso a un gobierno de "unidad nacional" podría ser el detonante, muy a pesar de la postura del expresidente de Brasil Lula Da Silva, de un verdadero estallido de violencia, ya que a la situación actual podría sumarse el sector extremista del chavismo que al sentirse traicionado saldría a la calle a defender lo que considera sus conquistas.

 El proceso de diálogo, debe ser manejado con la prudencia necesaria y con el discurso más favorable para generar la inclusión, no sólo de los moderados sino de los radicales, excluyendo a los extremistas violentos, para obligarlos a ceder. Pero una exclusión de los radicales de parte y parte podría ser una torpeza del proceso de diálogo que obstaculizaría el fin último del mismo, que termina siendo el restablecimiento de las condiciones mínimas de gobernabilidad en el marco del respeto a la Constitución y las leyes.

Cualquier asomo de un gobierno de conciliación activaría al sector extremista del chavismo, colocando a Venezuela en un abismo que generaría satisfacción sólo a aquellos sectores que responden a intereses trasnacionales. Pero, aún sin un gobierno de conciliación, la pérdida de las conquistas sociales logradas en el gobierno de Chávez, basadas en una más justa distribución de la renta petrolera, sería otro detonante pero ahora de un conflicto social. Por ello, lo mejor que puede pasar es que el proceso de diálogo sea además de participativo y protagónico, también transparente y confiable, para así lograr La Paz tan anhelada que sirva de soporte para afrontar la verdadera crisis que existe en nuestro país: la crisis del rentismo petrolero y la dependencia.