La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este viernes con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, en La Haya, Países Bajos.
«Consignamos en el caso sobre el bloqueo criminal contra Venezuela (Venezuela II) el estudio publicado en la revista The Lancet que demuestra el impacto en la salud y la vida de los pueblos de las medidas coercitivas unilaterales», informó Rodríguez a través de su canal de Telegram.
Asimismo, explicó que la investigación que abarca 152 países, determinó que 564 mil personas, principalmente niños y adultos mayores, mueren cada año debido a las sanciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos y otros países occidentales, buscando forzar un «cambio de régimen«.
«Llamamos la atención del fiscal adjunto sobre la lentitud con que avanza este asunto, iniciado hace más de cinco años como resultado de una remisión realizada por Venezuela», añadió.
Caso Venezuela I: Delitos según el Estatuto de Roma
Por otra parte, la vicepresidenta destacó que durante la reunión con el fiscal Mandiaye, se conversó sobre el caso «Venezuela I»; asegurando que en Venezuela no se han cometido ningún delito según lo establecido en el Estatuto de Roma, destacando el profesionalismo y responsabilidad de los organismos de seguridad en Venezuela.
«En este marco, le ratificamos nuestra disposición de continuar y profundizar los mecanismos de complementariedad positiva y planes de trabajo conjuntos en materia de cooperación y asistencia técnica, siempre sobre la base de la primacía de la jurisdicción nacional», agregó Rodríguez.
Posteriormente, declaró que para el canal Venezolana de Televisión (VTV), que las sanciones son la razón de la perdida del 99% de la economía del país, y que gobierno venezolano ha entregado toda la evidencia necesaria a la CPI que respaldan todas las consecuencias que el país ha tenido que pagar ha raíz de las medidas coactiváis unilaterales.
