Los jóvenes chilenos desafían al régimen neoliberal

Traducción desde el inglés por Sergio R. Anacona

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 Un amigo mío chileno, periodista, que cubría política internacional, solía comentarme que durante los años 60 y 70 su padre trabajaba como obrero y tenía seis hijos, pero aun así era capaz de mantener a toda su familia de manera tal que todos pudieron alcanzar títulos universitarios.  En esa época era política del gobierno asegurar oportunidades iniciales igualitarias para los jóvenes.  Mi amigo se queja que hoy en día es todo lo contrario, él tiene tres hijos y solo puede solventar los gastos educativos solo para uno.  

La reforma del sistema educativo chileno orientada hacia el mercado, ha hecho que la educación universitaria sea inalcanzable para la mayoría de las generaciones jóvenes chilenas.  El gobierno ultraliberal de Sebastián Piñera, furiosamente comprometido con la Declaración de Bolonia está decididamente convirtiendo la educación en un sector de servicios sin fines de lucro y a los colegios y escuelas en simples negocios con criterios puramente de eficiencia financiera. Parte del paquete consiste en que a los graduados implícitamente se les está pidiendo que renuncien a sus expectativas de mejoramiento social y acepten un status prescrito a priori dentro del escalafón social.

 Como es de esperar, esto desata ruidosas protestas a través del país.  En el Chile actual, el juicio a la reforma educativa se está emitiendo en las calles donde los estudiantes descontentos chocan con la policía, son gaseados y barridos por medio de cañones de agua durante las represiones del gobierno contra las protestas.  

Pareciera que Piñera no está  preparado para hacer concesiones serias al margen de la reacción pública a su gestión.  En cambio, la División de Estudios, unidad recientemente creada dentro de los servicios de seguridad del país, está de manera encubierta presionando a los activistas cuyas denuncias sobre amenazas de violencia física en su contra aparecen con frecuencia en Internet.

 La presidenta de los estudiantes universitarios, Camila Vallejos, es el blanco número uno ya que se cree que quitarle la vida pareciera ser una solución a todos los problemas dentro de la facción de liberales del gobierno.  

Los medios de prensa chilenos que durante décadas alardeaban sobre el éxito de las reformas neoliberales, pretenden ignorar la lucha en las calles entre los estudiantes indignados y la policía.  El cuadro que actualmente está a la vista –la oposición masiva de los jóvenes—claramente no encaja con el mito establecido del salto en el desarrollo de Chile desde el tercer mundo hacia el club de los campeones.

 Deberíamos darnos cuenta que el objetivo, levemente encubierto detrás del Proceso de Bolonia, es el de erradicar los modelos de educación nacional a través del mundo.  

Los títulos de las universidades chilenas solían estar entre los más prestigiosos de América Latina durante los siglos XIX y XX y el señalamiento neoliberal que el sistema educativo tradicional de Chile está caduco es percibido por los chilenos con mentalidad realista como un intento de socavar la identidad nacional de los chilenos más que como una crítica sana.

 En las protestas estudiantiles de Chile han participado alrededor de cien mil estudiantes, además del apoyo solidario a los manifestantes de parte de una vasta mayoría de familias chilenas, especialmente pertenecientes a las clases medias, para las cuales el modelo de educación mercantilizada de Piñera significa una catástrofe.  Actualmente informes de la policía sitúan el número de “instigadores del desorden” detenidos en 520, lo cual ha hecho que la UNICEF emita una declaración condenando el uso de la fuerza por parte de los carabineros –policía militarizada—contra niños y adolescentes.  Una fotografía recientemente exhibida en Twitter demuestra un episodio simbólico de los esfuerzos que hace la policía para restablecer “la ley y el orden”: un carabinero arrastrando a un muchachito de 12 o 13 años hacia un vehículo de la policía.  El gas lacrimógeno se emplea rutinariamente contra las protestas estudiantiles incluso hasta cuando estos tratan de refugiarse en estaciones del Metro. Mientras tanto, los canales de televisión emiten informaciones distorsionadas al público, disfrazando la intensidad y la envergadura de las protestas y atribuyéndolas a la acción de extremistas y anarquistas.  

El ministro del interior, Rodrigo Javier Hinzpeter Kirberg expresó su ira por las protestas de los estudiantes e invocó la protección de la propiedad pública y privada para justificar la prohibición de las concentraciones y las marchas.  De manera comprensible, el ministro olvidó mencionar el hecho que los daños causados a la propiedad son planificados con antelación dentro del ministerio policial y que agentes policiales enmascarados se infiltran entre los manifestantes con el objeto de cometer actos de vandalismo y por lo tanto crear la impresión que los estudiantes que protestan son bandas de alborotadores.  En realidad, dice mucho que el gobierno prepare operaciones encubiertas contra los jóvenes, incluyendo niños y adolescentes para adelantar la agenda de reforma educativa de Piñera contrariando a la amplia oposición pública.

 Contrario al gobierno, los dirigentes de los jóvenes manifestantes se ven absolutamente razonables.   

El dirigente estudiantil Rodrigo Rivera respondió a las acusaciones hechas por el gobierno simplemente diciendo que los estudiantes tienen el derecho de reunión, especialmente en la Alameda, avenida que es un punto clave en el espacio público de la ciudad.  Camila Vallejos, también sostiene que el gobierno no tiene derecho a dispersar las manifestaciones o de imponer de facto un estado de emergencia.

 Los profesores universitarios apoyan a sus estudiantes política y materialmente y en muchos casos se unen a las protestas o ayudan a repeler los ataques de la policía en los liceos y universidades.  En este momento 30 estudiantes se encuentran en huelga de hambre en protesta por la introducción de  nuevas matrículas.  Al mismo tiempo el gobierno de Piñera se enfrenta a otra sombría alarma: el regreso de los “cacerolazos,” protesta popular de las clases medias que consiste en hacer ruido golpeando ollas, cacerolas y otros utensilios con el propósito de llamar la atención.  

El “cacerolazo” solía utilizarse por los opositores a Salvador Allende en Chile y más tarde contra Hugo Chávez en Venezuela.  En ambos casos, los “cacerolazos” obtuvieron una amplia cobertura por parte de la prensa, pero hoy en día, estos no son mencionados por los medios chilenos.

 En un esfuerzo por aplacar las protestas juveniles, el gobierno de Piñera sacó una agenda de 21 puntos, incluyendo la incorporación del derecho a una educación de calidad en la constitución nacional.  El documento menciona vagamente que el gobierno podría, hasta cierto punto, suavizar su posición en torno a la comercialización de la educación.  Una de las confederaciones estudiantiles criticó el plan como deficiente y no convincente.  El presidente de la federación de estudiantes de la Universidad de Los Lagos, Patricio Contreras, recalcó que lo que los estudiantes esperan obtener del gobierno en un plazo de seis días, es una respuesta específica y seria a sus demandas históricas.  

A pesar del cambio de ministro de educación, el gobierno no ha dado señales de estar dispuesto a un diálogo con los estudiantes, lo cual induce a estos a responder a la línea dura oficial con un de facto ultimátum.  Si el conflicto continúa no habría garantía que se evitará el derramamiento de sangre y seguramente, los agentes provocadores de la policía solo están esperando que les den la orden. 

 

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Nil Nikandrov

Periodista y analista político escribiendo frecuentemente en la revista rusa internet Strategic Culture Foundation.

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