Por medio de un comunicado, las autoridades eclesiásticas afirmaron que se inició una investigación canónica y prestan «la debida colaboración con las autoridades«, confiando en que la justicia aclarará la verdad de los hechos, con respeto a la dignidad y los derechos de los involucrados.
La Diócesis dijo que se mantendrá en contacto directo con la familia de los posibles afectados, a quienes brindará apoyo psicológico, pastoral y jurídico. «Como Iglesia, pedimos perdón por el sufrimiento causado y asumimos la responsabilidad con humildad y firme determinación», expresó.
De igual manera, pidieron acompañar la situación con oración, discernimiento y comunión fraterna, asegurando que esperan que el evangelio guíe hacia «la verdad que sana, la justicia que repara y transforma, y la misericordia que reconcilia«.
La denuncia inicial la presentó la madre de una niña de 12 años, quien relató a La Nación que descubrió «mensajes comprometedores enviados por el sacerdote al revisar el teléfono de la menor». Según su versión, el religioso había «mantenido bajo amenaza a la niña y abusado de ella en reiteradas oportunidades«.
Luego de saber los hechos, la madre acudió de inmediato a las autoridades competentes, que ahora llevan adelante la investigación.