Los trabajadores mineros estaban distribuidos en tres pozos distintos, y quedaron atrapados cuando los mismos se inundaron. Pero esta tragedia no es un caso aislado: es otro capítulo más de una serie que viene repitiéndose en las zonas explotadas del sur del país, relativamente invisibilizado, tolerado o directamente auspiciado por el Estado, bajo las exigencias del extractivismo, la minería informal/ilegal y "legal", la pobreza y la desprotección laboral. Un eslabón en la misma cadena que la mina Bulla Loca, cuyas consecuencias aún reclaman justicia.
De acuerdo a anuncios recientes, las autoridades han instalado un puesto de comando encabezado por el general brigadier Gregory González Acevedo (ZOEDAN Bolívar) para coordinar las labores de rescate y recuperación de cuerpos, incluyendo achique de los pozos. Al momento de escribir, en el pozo número 1 se encontraron 3 fallecidos, en el poso 2 fueron 5 y en el poso 3 se encontraron 6 fallecidos, para un total de 14 personas, pero si sigue en la búsqueda de más mineros.
Bulla Loca: espejo para esta nueva catástrofe
Para recordar: la tragedia de Bulla Loca ocurrió el 20 de febrero de 2024, en la cuenca de La Paragua, municipio Angostura, estado Bolívar. En esa ocasión, una mina ilegal de oro explotada de manera artesanal sufrió un derrumbe que se cobró al menos 16 vidas y dejó numerosos heridos. Testigos denunciaron que podría haber sido mucho más. Este derrumbe aconteció a casi tres meses del derrumbe de una mina ubicada en el sector 7 de la comunidad indígena San José de Wadamapa, en la parroquia Ikabarú del municipio Gran Sabana, al sur de Bolívar.
La comparación entre El Callao y Bulla Loca no es retórica: es un patrón de continuidad que muestra la reproducción de la tragedia en contextos donde el oro y otros recursos se vuelven catalizadores de sometimiento económico y violencia ambiental. El trabajador-minero opera como jornalero por cuenta propia, sin cobertura social ni seguros contra accidentes. Se trata de víctimas de necesidad: trabajadores que se involucran en estos trabajos porque no tienen otra salida — pobreza, falta de empleo formal, abandono estatal. Al tiempo que opera la impunidad del Estado, que se limita a declaraciones, promesas de investigación o condolencias superficiales, mientras las verdaderas causas estructurales no se tocan.
La tragedia reciente tiene una serie de lecturas que no pueden soslayarse: explotación en condiciones infrahumanas. Los mineros atrapados en El Callao no estaban en una mina con estándares de seguridad o ingeniería reconocidos. Operan bajo riegos brutales: inundaciones, derrumbes, pozos sin ventilación, sin sostenimiento técnico, sin equipos de rescate rápidos, sin ambulancias cercanas. Estas condiciones no son excepciones, sino parte del día a día en muchas regiones mineras venezolanas.
Existe una responsabilidad estatal directa. El Estado, sea mediante la omisión, la tolerancia hacia la minería informal o incluso autorizaciones de explotación minera en condiciones de ultraprecariedad, o corrupciones locales, ha permitido que estos lugares se conviertan en trampas mortales. En muchos casos, estructuras criminales y funcionarios locales se benefician del entramado extractivo, permitiendo la circulación de minas ilegales y la extracción sin controles. Los gobernadores, los cuerpos de seguridad, los entes reguladores deben responder por qué no existen protocolos suficientes, controles y sanciones reales.
La responsabilidad de estas recurrentes tragedias es del Estado y el gobierno nacional. Se trata de minas, propensas a sufrir accidentes, que se gestionan ante la propia vista del Gobierno y donde las tragedias son constantes. Es que desde el propio Estado se promueve este tipo de minería criminal e inhumana, a pesar de toda la retórica contraria. Por eso decimos que se trata de desastres anunciados.
La presencia de fuerzas armadas y de seguridad en zonas mineras no se traduce en protección a la vida; por el contrario, se convierte en control sobre territorios y poblaciones, y en facilitación de redes extractivas. El resultado es una externalidad humana: los costos de quienes trabajan se liquidan en vidas, salud y territorios destruidos. La muerte de 14 mineros en El Callao debe leerse como síntoma de un modelo extractivo que sacrifica vidas, de estructuras que reproducen la precariedad y de una responsabilidad del Estado.
No es inevitable
La muerte de 14 personas no puede verse como un "accidente natural" provocado por lluvias, sino como consecuencia del modelo extractivo que prioriza las ganancias —incluso ilegales— sobre la vida humana y los ecosistemas. Extraer oro, diamantes, minerales preciosos, se ha transformado en paraíso de mafias, bandas criminales, corrupción, despojo ambiental, expolio territorial, explotación laboral.
Como hemos venido denunciando, en la zona actúan todo tipo de grupos irregulares y criminales en engranaje tanto con sectores de las grandes corporaciones transnacionales como de empresas formales del Estado, que son los que reciben el producto de esa explotación minera. Son estos grandes intereses de estas corporaciones y empresas para los que la vida de trabajadores mineros no valen nada.
En El Callao lo seguro es que muchos de los mineros sean pobladores de comunidades pobres, muchos migrantes inter-estatales, pequeños obreros sin derechos sociales ni garantías. Como en Bulla Loca, donde los habitantes denunciaban que las cifras oficiales subestimaban las víctimas y que había muchos más enterrados. En El Callao se informa de 14 fallecidos, pero también se habla de desaparecidos, de cuerpos que podrían no ser hallados, de rescates lentos e insuficientes.
Desde La Izquierda Diario, como en las tragedias anteriores, seguimos exigiendo investigación exhaustiva, independiente: que no quede en meros comunicados oficiales. Que se identifiquen responsables —desde los propietarios de la mina hasta funcionarios públicos que permitieron su operación bajo condiciones de riesgo. Fin al extractivismo indiscriminado. Este modelo que entrega concesiones, permisos o tolera actividades ilegales subvierte la soberanía del pueblo, destruye ecosistemas, y sólo enriquece a mafias, elites gobernantes y al capital transnacional.
La muerte de 14 mineros en El Callao no es tragedia fortuita, sino anuncio. Es parte de una secuencia histórica de muertes obreras, ambientales y sociales que revela cuál es el costo real del extractivismo y la minería informal en Venezuela. No hay lluvia que “sorprenda” por completo cuando se ha construido sobre los cimientos de la precariedad, la desigualdad y la impunidad. El pueblo trabajador, las comunidades indígenas, las familias de los muertos merecen algo mejor. Merecen vivir sin morir trabajando. Exigen justicia —y no sólo promesas.
