Más de 170 activistas y organizaciones sociales mostraron su solidaridad y apoyaron el reclamo de un grupo de más de 50 madres de presos políticos poselectorales, quienes fueron agredidas por «colectivos» el pasado martes durante una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
«Ustedes son un ejemplo de dignidad. Hoy somos más quienes decidimos acompañar su lucha y exigencias de derechos humanos. No son terroristas ni delincuentes, son inocentes», señaló Martha Lía Grajales, activista de Surgentes y una de las agredidas la noche del martes, durante una actividad a las afueras del PNUD (este de Caracas).
Grajales, quien leyó un mensaje firmado por los más de 170 activistas y ONG, fue detenida a pocos metros del lugar luego de que culminara la actividad.
«Hoy les decimos que no están solas, que las hemos visto durante un año convirtiendo su dolor en fuerza, movilizando a cientos de personas en torno a la exigencia de justicia y libertad para sus hijos, quienes están injustamente detenidos», dijeron los activistas.
También repudiaron la «agresión violenta que sufrieron a manos de más de 80 personas armadas, que las golpearon, amenazaron y robaron». Indicaron que esta acción «expresa una cobardía y barbarie que debe ser condenada colectivamente. Buscaba generar terror y desmovilizar» a los familiares, quienes se han conformado en el Comité de Madres en Defensa de la Verdad.
Raúl Cubas, activista y fundador de Provea, recordó que «exigir derechos no es delito», al tiempo que señaló la «escalada represiva gubernamental» que ha mantenido bajo arresto a varios defensores de derechos humanos, entre ellos al abogado Kennedy Tejeda, el profesor universitario Javier Tarazona o la abogada Rocío San Miguel.
Más temprano, la Relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Reunión, Gina Romero, condenó el ataque y denunció que es una grave violación al derecho a la protesta. «Es muy problemático que hayan sido violentadas por individuos encapuchados, posiblemente grupos parapoliciales, que además de golpearlas les confiscaron sus documentos de identidad y teléfonos».
Advirtió que no basta con liberar a los presos políticos, sino que se debe proteger también «la acción de búsqueda de justicia y verdad (…) La vigilancia ilegal contra las organizaciones debe parar de forma inmediata».